Hector Federico Flores Gongora
Expediente 1636/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1636/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Hector Federico Flores Gongora
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98, en relación con 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por Héctor Federico Flores Góngora, con el que cumple la prevención realizada en proveído de trece de septiembre del año en curso, Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Héctor Federico Flores Góngora, contra un acto que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, se provee en relación con la procedencia del amparo instado, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama el auto de uno de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se tuvo a Edwin Francisco Martinez Guemez desistiéndose de las planillas de liquidación actualizadas y de su escrito de trece de octubre de dos mil veinte, derivado de la ejecución de sentencia del Juicio Ejecutivo Mercantil 1832/2014. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)"." De la lectura armónica de los dispositivos transcritos, en lo conducente, se advierte una regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en etapa de ejecución de sentencia, el cual solo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en el caso, se deberán reclamar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Así es, el legislador estableció la regla de procedencia en estudio, con el fin de evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público; ello, aun cuando el amparo se haya promovido por la parte vencedora en el juicio natural, pues igualmente se obstaculiza la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora, de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda y aclaratorio, se advierte lo siguiente: El diecinueve de abril del año en curso, el Juez señalado como responsable tuvo por presentado al ciudadano Edwin Francisco Martínez Güemes, con su escrito de desistimiento de las planillas de liquidación actualizadas exhibidas, así como de lo solicitado en su escrito de trece de octubre del año dos mil veinte, el cual se tuvo por hecho para los efectos legales correspondientes, en el mismo auto se tuvo al hoy quejoso presentando dos escritos, en el primero interponiendo recurso de revocación y en el segundo formulando alegaciones, y se determinó que por guardar relación las manifestaciones realizadas con el desistimiento de las solicitudes realizadas por la parte actora, no hubo lugar a admitirse ni se admitió el medio de impugnación interpuesto, mientras que lo manifestado en su segundo escrito se acumuló como antecedentes. Seguidos los trámites del procedimiento de ejecución, el hoy quejoso interpuso recurso de revocación en contra del citado auto de diecinueve de abril del año en curso, el cual fue admitido. Así, el uno de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad señalada como responsable, declaró improcedente el citado recurso de revocación. Ahora, en los antecedentes de la demanda el quejoso señaló que el acto deriva del Juicio Ejecutivo Mercantil 1832/2014, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual se encuentra en ejecución de sentencia. Así se estima que dicha determinación dictada en etapa de ejecución de sentencia, no constituye ninguna de las que prevé el citado numeral 107 fracción IV de la Ley de Amparo pues quien pidió la cancelación de la nota marginal aludida fue la parte perdedora hoy quejosa, por lo que dicha resolución en nada le afecta, ni mucho menos le genera daño de imposible reparación; de ahí que el juicio de amparo indirecto resulte improcedente. Por tanto, resulta claro que esa determinación no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, por no aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado ni declaró la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tampoco ordena el archivo del expediente ni se trata de un acto de imposible reparación que infrinja directamente derechos sustantivos y sean ajenos a la cosa juzgada. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia 24/1992, publicada en la página 11, Número 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así, en el caso, los elementos de dicha definición no se dan en el acto reclamado, ya que, al ser emitidos en la tapa de ejecución de la sentencia definitiva en el juicio natural, con la finalidad de ejecutar el mismo, entonces, no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada, y como se precisó, el derecho reconocido en este caso, recae en la parte que resultó vencedora en el juicio natural, quien es la que tiene legitimación para solicitar la ejecución de la sentencia definitiva, máxime que el hoy quejoso no demuestra ni comprueba de qué manera le depara afectación el acto reclamado, es decir solo aduce se le vulnera un derecho humano pero no de qué forma, el simple hecho de que la autoridad responsable haya declarado improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, no vulnera garantía alguna al quejoso. Por lo que al declarar la responsable improcedente la impugnación interpuesta en contra del auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, el cual no admitió un distinto recurso de revocación, no causa un daño irreparable al quejoso. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En efecto, en términos de la interpretación del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar un acto que tenga esas características. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, como los actos fueron emitidos en ejecución de sentencia definitiva, por tanto, no satisfacen los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues por una parte no se tratan de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como la parte quejosa compareció al juicio natural, fue oída y vencida, se dictó sentencia en su contra, el cual se encuentra en ejecución y los actos tienen la finalidad de cumplirlo, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos), como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2018278, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III Materia(s): Común Página: 2163, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Héctor Federico Flores Góngora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del citado ordena. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Isela Zarate Muñoz, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito signado por José Carlos Medina Salas, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la tercero interesada Georgina Bassó García; y en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia certificada de las constancias que señala en su escrito de mérito, previa identificación y recibo que otorgue en autos. Por tanto, en atención al esquema de trabajo que actualmente se implementa en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte tercero interesada, para solicitar una cita mediante la obtención del código QR, a fin de que pueda comparecer al Juzgado y sea tramitada y, en su caso, entregada la copia que solicita, cuando las labores de este Juzgado así lo permitan. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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