Héctor Cruz Jacinto

Expediente 731/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
731/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Héctor Cruz Jacinto

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Héctor Cruz Jacinto, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Jefe del Área de Recursos Humanos Jurídico de la Refinería Antonio Dovalí Jaime perteneciente a la Paraestatal Petróleos Mexicanos de esta ciudad, que hace consistir literalmente en IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS La falta de cumplimiento al oficio 2071/2021 dentro del expediente familiar 537/2017, radicado en el juzgado Primero Familiar de esta Ciudad y Puerto de Salina Cruz, Oaxaca ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 731/2022-II-B SE DESECHA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Héctor Cruz Jacinto, por los motivos que más adelante se precisaran. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Del numeral transcrito se observa que el órgano de control constitucional, dictará un auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: Que exista un motivo de improcedencia; y Que sea manifiesto y también indudable. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual tiene designado el registro digital 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado substancialmente se hizo consistir en la omisión del Jefe del Área de Recursos Humanos Jurídico de la Refinería Antonio Dovalí Jaime perteneciente a la Paraestatal Petróleos Mexicanos de esta ciudad, de devolverle los salarios retenidos por concepto de pensión alimenticia, ordenado en el expediente 537/2017, del índice del Juzgado Primero Familiar de esta ciudad. Se afirma lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad, manifestó el quejoso, los cuales son los siguientes: En el expediente 537/2017, del índice del Juzgado Primero Familiar de esta ciudad a Héctor Cruz Jacinto, le fue demandada una pensión alimenticia. Mediante oficio número 1893/2018, el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, otorgó la retención de la pensión dirigida a la parte actora, consistente en un diez por ciento del salario del demandado Héctor Cruz Jacinto y demás prestaciones como trabajador de la empresa Petróleos Mexicanos, a lo cual el área correspondiente de la citada empresa informó que había dado cabal cumplimiento. Por oficios 1893/2018 y 2071/2021, el Juez natural ordenó el cobro de los alcances retenidos a Héctor Cruz Jacinto al Jefe de Recursos Humanos de la Refinería Antonio Dovalí Jaime perteneciente a la Paraestatal Petróleos Mexicanos, circunstancia que hasta la fecha ha cumplido, bajo el argumento de falta de presupuesto. Así las cosas, se observa que, contra el acto atribuido al Jefe del Área de Recursos Humanos Jurídico de la Refinería Antonio Dovalí Jaime perteneciente a la Paraestatal Petróleos Mexicanos de esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, es necesario citar el contenido de los numerales en comento: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos de autoridad que violen derechos fundamentales. Partiendo de lo anterior, se tiene que por autoridad para efectos del juicio de amparo se entiende el ente del Estado, de hecho o de derecho, que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales o del consenso de la voluntad del afectado. Desde otro enfoque, el juicio de amparo procede contra leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales; sin embargo, cabe precisar que no cualquier acto que provenga de autoridad es susceptible de ser reclamado en dicho medio de defensa, sino sólo aquel acto positivo [decisión, ejecución o ambas] o negativo [abstención u omisión] que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas [ley], que constituye un acto concreto de efectos particulares [acto estricto sensu], imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente, por lo que se estima conveniente hacer las siguientes precisiones: El acto de autoridad es unilateral porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al cual se ejerce. Es imperativo, porque supedita la voluntad de dicho particular, frente a éste, y es coercitivo porque puede forzar al gobernado para acatar lo ordenado. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 112/2015 (10a.), determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Expuesto lo anterior, se considera pertinente establecer las diferencias que existen cuando se presentan las relaciones jurídicas entre la autoridad y los gobernados, esto es, en el ámbito de supra subordinación y de coordinación: Las relaciones de supra subordinación son las que se dan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para solucionar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. En cambio, las relaciones de coordinación son las habidas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, de igualdad, por lo que para dirimir sus controversias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlos. Bajo los parámetros antes delimitados, se tiene que, como ya se dijo, la parte quejosa reclamó del Jefe del Área de Recursos Humanos Jurídicos de la Refinería Antonio Dovalí Jaime perteneciente a la Paraestatal Petróleos Mexicanos, con residencia en Salina Cruz Oaxaca, la omisión de dar cumplimiento al requerimiento inserto en el oficio 2071/2021, por el cual se le ordena, hacer la devolución de los alcances retenidos sobre la pensión que se le descontaba a Héctor Cruz Jacinto, derivado en el expediente 537/2017 del índice del Juzgado Primero Familiar, con residencia en Salina Cruz. No obstante lo anterior, dicho funcionario de Petróleos Mexicanos no puede considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que su intervención en el expediente de origen se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia, lo cual impide que se le pueda tener en este sumario con dicha calidad, tomando en cuenta que el acto reclamado deriva de la orden de descuento al salario de la parte quejosa, fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos. Así se colige de la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puede revisarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como de manera electrónica con el número de registro 2001236, con los datos siguientes: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." Sobre esa base, cuando los titulares de las dependencias y órganos de gobierno, en sus relaciones jurídicas de coordinación con sus empleados burocráticos, incluyendo a personas activas como en el caso nos ocupa, retienen cuotas o hacen los descuentos en su calidad de patrón, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, toda vez que no actúan de manera unilateral y obligatoria, sino en cumplimiento de las disposiciones que les ordenan la realización de esos actos, de donde deriva que son auxiliares de la administración pública. Ilustra lo anterior el razonamiento jurídico contenido en la jurisprudencia VII.2o.C. J/28, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuya fuente de verificación es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual tiene asignado el registro electrónico 168203, del texto que se cita: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad." Bajo ese contexto, no existe motivo para considerar al Jefe del Área de Recursos Humanos Jurídico de la Refinería Antonio Dovalí Jaime perteneciente a la Paraestatal Petróleos Mexicanos, con residencia en Salina Cruz Oaxaca, como autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que su intervención en la controversia sobre alimentos, origen de este amparo, se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. Máxime que al ser el quejoso parte demandada en el juicio familiar 537/2017, éste tiene la posibilidad en cualquier momento volver a instar al juez natural, para que acuerde lo relativo a la solicitud cuya omisión reclama del Jefe del Área de Recursos Humanos Jurídico de la Refinería Antonio Dovalí Jaime perteneciente a la Paraestatal Petróleos Mexicanos de esta ciudad. Consecuentemente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de cuenta. De igual forma, téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a ****, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

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