Héctor Castillo Ayala
Expediente 11/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 29/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Héctor Castillo Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que teniéndose a la vista los autos originales de los juicios de amparo que se precisan en el siguiente recuadro, en el que se asienta el número de expediente, nombre del quejoso y fecha de recepción en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad: Expediente. Quejoso. FECHA DE RECEPCIÓN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, CON SEDE EN SALINA CRUZ. 3/2019 CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ 02/01/2019 7/2019 ROSA CARRASCO RUIZ 03/01/2019 8/2019 PERFECTO SANCHEZ MARTIN 03/01/2019 9/2019 MARIBEL ORDAZ LOPEZ 03/01/2019 10/2019 CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ 03/01/2019 11/2019 HECTOR CASTILLO AYALA 03/01/2019 15/2019 MARIA ALTAMIRANO BETANZOS 07/01/2019 17/2019 MARIA CRUZ VELAZQUEZ LOPEZ 07/01/2019 18/2019 MARTIN TOLEDO MARTINEZ 07/01/2019 Que dichos juicios de amparo fueron promovidos por distintos quejosos, pero contra los mismas autoridades responsables e idénticos actos reclamados. Ahora, tomando en consideración que los aludidos quejosos precisados en el recuadro que antecede, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretario de la Función Pública, Coordinador General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación (CENAPRED), Titular de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su carácter de Institución Fiduciaria del Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Titular de la Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros , S.N.C., Banca de Desarrollo (BANSEFI), residentes en México, Distrito Federal; Gobernador del Estado de Oaxaca y Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Oaxaca, con sede en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca; Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Oaxaca, y Titular de la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; así como del Presidente Municipal, Regidor de Hacienda, Tesorero Municipal y Titular de la Unidad de Protección Civil del Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca (Rancho Gubiña), contra los siguientes actos reclamados: ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS. De todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables se reclama: La omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales y eficaces, y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, para que cada uno de los suscritos recibiéramos de manera completa los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) destinados a los suscritos pobladores del municipio zapoteca de Unión Hidalgo (Rancho Gubiña) Oaxaca, que ascienden a la cantidad de $120,000.00 M.N (Ciento veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) por persona, en términos del Anexo IV Atención de la vivienda de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en relación con lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, y las Reglas Generales del FONDEN, para la reconstrucción y reparación de los inmuebles de nuestra propiedad que fueron dañados como consecuencia del terremoto sucedido el 7 de Septiembre de 2017 y las miles de réplicas siguientes, lo cual se detalla con precisión en el apartado de hechos y conceptos de violación de la presente demanda de amparo.(sic) Que en su oportunidad, se admitió a trámite las demandas de amparo promovidas por CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ; ROSA CARRASCO RUIZ; PERFECTO SANCHEZ MARTIN; MARIBEL ORDAZ LOPEZ; CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ; HECTOR CASTILLO AYALA; MARIA ALTAMIRANO BETANZOS; MARIA DE LA CRUZ VELAZQUEZ LOPEZ; y, MARTIN TOLEDO MARTINEZ, por propio derecho, contra las mismas autoridades responsables e idénticos actos reclamados, registrándose con los números 03/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019, respectivamente. En otro aspecto, cabe señalar que si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, ésta podrá llevarse a cabo, por la vía incidental o resolver de plano, cuando: a) Se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables; o bien, b) Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos (como en el caso acontece), ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo o que sean extraños a los mismos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Libro 22, correspondiente al mes de septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2009910, cuyo tenor literal es: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Por otra parte, el artículo 2, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, así como a la protección de los derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural, por lo que debe asegurarse una defensa adecuada, de manera que puedan comprender y hacerse entender en los procedimientos legales, facilitándoles intérpretes, defensores y otros medios eficaces. En tanto que los quejosos CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ; ROSA CARRASCO RUIZ; PERFECTO SANCHEZ MARTIN; MARIBEL ORDAZ LOPEZ; CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ; HECTOR CASTILLO AYALA; MARIA ALTAMIRANO BETANZOS; MARIA DE LA CRUZ VELAZQUEZ LOPEZ; y, MARTIN TOLEDO MARTINEZ, en su demanda de amparo, en el apartado correspondiente a la norma, acto u omisión que de cada autoridad reclaman, bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo previsto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, manifestaron que de todas las autoridades responsables reclaman la omisión continuada hasta la fecha de tomar acciones inmediatas, reales y eficaces y, en general, todas las necesarias dentro del ámbito de sus respectivas facultades y obligaciones, para que cada uno de ellos recibieran de manera completa los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) destinados a los quejosos como pobladores del municipio zapoteca de Unión Hidalgo (Ranchu Gubiña), Oaxaca, que ascienden a la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), por persona. En consecuencia, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se procede a resolver de plano si es procedente la acumulación teniendo como hecho notorio los expedientes 03/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019, del índice de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, toda vez que los quejosos de mérito, se autoadscribieron como indígenas zapotecos, por lo tanto, a efecto de no hacer nugatorios sus derechos constitucionales, tomando en cuenta que por propio derecho en su calidad de miembros de una comunidad indígena, promovieron amparo en el que señalan actos reclamados que deriven de los mismos hechos y antecedentes, su tramitación debe efectuarse de forma acumulada, esto es, en un solo juicio, ya que así se garantizará el acceso a la justicia con las directrices establecidas en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la consecuencia de que los recursos con los que cuenta el Estado para que tengan una representación y defensa adecuadas, se concentren en un solo procedimiento y no en diversos juicios de amparo en los que se ventile la misma litis. Es aplicable al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 610, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2007559, cuyo rubro y texto son: PERSONAS INDÍGENAS. LAS PRERROGATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 2o, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUEDEN EXIGIRSE EN CUALQUIER TIPO DE JUICIO O MOMENTO PROCESAL. Del precepto constitucional citado se advierte que el derecho de las personas indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado incluye que en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, individual o colectivamente, deben considerarse sus costumbres y especificidades culturales, así como que en todo tiempo sean asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Este estándar normativo, inserto en un sistema de protección especial, previsto también a nivel internacional -en el artículo 12 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo- no distingue materia (civil, mercantil, laboral, penal, agraria, etcétera), ni momento procesal (primera o segunda instancias, juicio de amparo, etcétera) en los juicios y procedimientos aludidos. Consecuentemente, las prerrogativas previstas en el artículo 2., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pueden exigirse en cualquier tipo de juicio y momento procesal, sin estar restringidas material o temporalmente, ya que, cualquier otra interpretación sería inconsistente no sólo con la letra del precepto, sino con el principio pro persona establecido en la propia Constitución. En consecuencia, tomando en consideración que los quejosos CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ; ROSA CARRASCO RUIZ; PERFECTO SANCHEZ MARTIN; MARIBEL ORDAZ LOPEZ; CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ; HECTOR CASTILLO AYALA; MARIA ALTAMIRANO BETANZOS; MARIA DE LA CRUZ VELÁAQUEZ LOPEZ; y, MARTIN TOLEDO MARTINEZ, promovieron en una misma demanda de amparo, por propio derecho como indígenas zapotecos, actos contra las autoridades responsables anteriormente precisadas, formándose los juicios de amparo 03/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019, respectivamente, del índice de este Juzgado de Distrito. Siendo que el primer juicio de amparo (03/2019), se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, el dos de enero de dos mil diecinueve, en tanto que los juicios (7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019), se recibieron el tres siguiente y, los restantes juicios (15/2019, 17/2019 y 18/2019), el siete de enero del año en curso. Por los motivos anteriormente expuestos, SE DECRETA DE MANERA INMEDIATA LA ACUMULACIÓN DE LOS CITADOS JUICIOS DE AMPARO, registrados con los números 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019, al presente juicio 03/2019, en que se actúa, por tratarse del más antiguo; lo anterior a fin de que, por economía procesal, se haga pronta y expedita la impartición de justicia de conformidad con el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 24 de mayo de 2019, Décima Época, con registro 2019905, cuyo epígrafe y texto son: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR DIVERSOS QUEJOSOS EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. PROCEDE PARA GARANTIZAR SU ACCESO A LA JUSTICIA, CUANDO SEÑALEN ACTOS RECLAMADOS QUE DERIVEN DE LOS MISMOS HECHOS Y ANTECEDENTES. El artículo 2., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, así como a la protección de los derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural, por lo que debe asegurarse una defensa adecuada, de manera que puedan comprender y hacerse entender en los procedimientos legales, facilitándoles intérpretes, defensores y otros medios eficaces. En este sentido, cuando diversos quejosos en su calidad de miembros de una comunidad indígena, promuevan amparo en el que señalen actos reclamados que deriven de los mismos hechos y antecedentes, su tramitación debe efectuarse de forma acumulada, esto es, en un solo juicio, ya que así se garantizará el acceso a la justicia con las directrices establecidas en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la consecuencia de que los recursos con los que cuenta el Estado para que tengan una representación y defensa adecuadas, se concentren en un solo procedimiento y no en diversos juicios de amparo en los que se ventile la misma litis. Déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional en los juicios de amparo 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 15/2019, 17/2019 y 18/2019. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables y de los quejosos CINTHIA BELEN PINEDA VELAZQUEZ; ROSA CARRASCO RUIZ; PERFECTO SANCHEZ MARTIN; MARIBEL ORDAZ LOPEZ; CRISTINA RASGADO DE LA CRUZ; HECTOR CASTILLO AYALA; MARIA ALTAMIRANO BETANZOS; MARIA DE LA CRUZ VELAZQUEZ LOPEZ; y, MARTIN TOLEDO MARTINEZ, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese en términos de ley. V-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso Héctor Castillo Ayala, por el que, en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta de abril del año en curso (fojas 543 a 546), amplía la demanda de amparo contra actos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en ciudad de México, para lo cual exhibe veintiocho copias del ocurso de cuenta, así como de la ampliación de la demanda, las que carecen todas de firma autógrafa. Ahora, resulta oportuno analizar la ampliación de la demanda de amparo, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) "ARTICULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." En el caso, como se asentó en la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que las veintiocho copias del escrito de cuenta, así como la ampliación de la demanda, promovida por el quejoso contra actos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en ciudad de México, todas carecen de firma autógrafa, por tal razón, al no haberse firmado el escrito de ampliación de demanda, no puede válidamente considerarse ejercida la acción constitucional, conforme a lo previsto en el numeral 6 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover el juicio constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agravada. Por lo que no existe instancia de parte agraviada, pues no se aprecia la voluntad para promover la ampliación del juicio de amparo al no existir persona que sea responsable de su contenido, en términos del artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la ley de la materia, se desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Son aplicables al caso, la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el página 71, tomo 181-186 Quinta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 242775, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 315, del Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 218142, cuyo tenor literal es: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a los dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Por otra parte, glósese a los autos el escrito firmado por el autorizado legal de la parte quejosa, por el que desahoga la vista que se le formuló en proveído de diez de mayo del año en curso (fojas 543-546), respecto a los informes justificados rendidos por la Directora General Adjunta "A" en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación únicamente del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Director General Adjunto de Prevención y Atención de Desastres Naturales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ambos con residencia en la Ciudad de México; no así del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien tiene carácter de autoridad responsable. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al promovente formulando sus alegatos correspondientes. Notifíquese. V-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se advierte no obran acuses de recibo de los oficios 473, 475, 576, 483 de las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Hacienda y Crédito Público; Secretario de Desarrollo Social; Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario, adscrita a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la ciudad de México, (foja 282) hayan quedado legalmente notificadas del acuerdo de quince de marzo del año en curso, por el cual se les requirió rindieran su informe justificado (fojas 268-276). En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las nueve horas con cinco minutos del trece de junio de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese. V-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado, firmado por el Director de Amparos, en representación de la Titular de la Secretaría de la Función Pública, con residencia en la Ciudad de México, agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes el informe justificado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 9 de la ley de la materia, téngase como domicilio y delegados de dicha autoridad, lo señalado en su informe de ley, para los efectos legales procedentes. En otro aspecto, dada la voluminosidad del juicio de amparo en que se actúa; y, para un mejor manejo del mismo, con las presentes actuaciones, fórmese el segundo tomo. Notifíquese. V-B
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Heber Alberto Marín Alonso138/2017
- Heber Islas Carranza99/2022
- Hebert Gama Matus296/2015
- Héctor Aaron Ayala Navarro558/2021
- Héctor Alfredo Monge Cisneros543/2019
- Hector Alonso García García66/2021
- Héctor Cruz Jacinto731/2022
- Hector de la Cruz Castillo267/2020
- Hector de la Rosa Vasquez326/2014
- Hector Enrique Ramos Cruz228/2015
- Héctor Fabian Velásquez Santos398/2018
- Hector Gabriel Ramos488/2013