Héctor Gonzélez Ramírez

Expediente 539/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
539/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Héctor Gonzélez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 95 a 107), en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83 fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso HÉCTOR GONZÁLEZ RAMÍREZ, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; personalmente al quejoso. III-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el informe justificado de la autoridad responsable, Juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, las documentales que anexa a su informe de ley, consistentes en copia certificada de la causa penal 200/2010; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Notifíquese. MESA III A (AMPARO)

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por el licenciado Carlos Elí Torres Ruiz, Defensor Público Federal y como tal del sentenciado Héctor González Ramírez, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado, que hace consistir substancialmente, en la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal número 200/2012. Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 539/2018, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado expresamente. REQUERIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia y se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de su demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Aquiles Felipe Carrasco, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Salomón Germán Morales Díaz, Felipe Jiménez Peralta, José Antonio Díaz Díaz y Crispín Villegas Carrera, en virtud de que no acreditaron con prueba documental alguna su calidad de licenciados en derecho, además no existen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Se significa a la parte quejosa que el presente asunto se admite por cuanto hace a la autoridad que enunció en su demanda de amparo, la cual será emplazada a juicio con la denominación que indicó, salvo aquella que por ser un hecho notorio se conozca su nombre correcto y se hubiera realizado la aclaración correspondiente. Ahora, en el supuesto de existir en el sumario constancia de la que se advierta la imposibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente, por cualquiera de los medios que prevé la ley, esto es, si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre con el oficio por inexistencia de la autoridad destinataria o el actuario de la adscripción asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar el oficio relativo, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable y se ordenará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, sin necesidad de otorgarle vista a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, pues es obligación de la parte quejosa precisar la denominación correcta de las autoridades a quienes les imputa la emisión del acto reclamado; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 108, fracción III de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. IIIA-A

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