Héctor Chavelas Rodríguez
Expediente 616/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 29 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 616/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Héctor Chavelas Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintitrés, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo séptimo, relativo a la depuración de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído; por tanto, se conservarán únicamente la demanda y sentencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de cinco de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal, concedió la protección constitucional al quejoso Héctor Chavelas Rodríguez, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Dicte de manera inmediata el laudo correspondiente en el expediente laboral 237/2014, ajustando el procedimiento a los plazos y términos que establece la ley burocrática en cita, para el dictado del laudo." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficio 2804/2023 recibido en este órgano jurisdiccional el diecisiete de febrero de la presente anualidad, la autoridad responsable remitió copia certificada del laudo de fecha trece del mismo mes y año, dictado en el expediente laboral ********************y su acumulado********************; documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º. Mediante proveído de veinte de febrero actual, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista al peticionario del amparo con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó al autorizado del quejoso el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, sin que dicha parte procesal realizará manifestaciones de inconformidad, por lo que este Juzgado Federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese sentido la autoridad responsable al dictar el laudo de fecha trece de febrero de la presente anualidad, en el expediente laboral ********************y su acumulado********************, restituyó totalmente a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales que se estimaron vulnerados en la sentencia impugnada; en esas condiciones, es de concluirse que se acataron los términos en que se dictó y se tiene por cumplida la misma, sin exceso o defecto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y al efecto remite copia certificada del laudo dictado dentro del expediente laboral ********************y su acumulado********************. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia simple del mismo y con la constancia respectiva; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado federal, emitirá pronunciamiento respecto a si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita una prórroga para remitir a este juzgado federal las constancias que acrediten el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, hágasele saber que le concede por última ocasión el término de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que informe a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, quedando subsistente el apercibimiento decretado en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: I.3o.C. J/7 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en el libro 2, enero de dos mil catorce, tomo IV, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página dos mil ochocientos noventa y dos del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Notifíquese.
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