Héctor Arellano Pérez

Expediente 998/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
998/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
18/01/2019

Partes del expediente

  • Héctor Arellano Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HABILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional cuyo efecto fue el siguiente: ***** Se le apercibe que de no cumplir con lo que se le requiere en el párrafo que antecede dentro del plazo que se le concede, o no justificar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; además de que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno y materia corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la legislación en comento. Se considera, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida; lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. Hágasele del conocimiento que este requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el citado numeral establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO.", se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. De igual forma, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, informe gestiones ineficaces o evasivas, de conformidad con el artículo 193 de la ley de la materia, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente, puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo estipulado, lo procedente es remitir el expediente a dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Finalmente, dado que la autoridad responsable se encuentra gozando de su segundo período vacacional, se instruye al Actuario Judicial adscrito, para que una vez que reanuden sus labores haga entrega de los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 998/2018; y, R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado ese mismo día a este Juzgado de Distrito, Héctor Arellano Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifica. AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "1.- El auto de fecha veintinueve de agosto del año en curso, donde el responsable omitió cuantificar la pena convencional de un salario diario del actor de $166.66, pactada en el convenio de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, elevado a categoría del laudo ejecutoriado, derivado del tardío cumplimiento del mismo, es decir no se cumplió con la suerte principal en la fecha que se pactó en el convenio de aludido, en el juicio laboral 345/2013." 2.- La negativa de requerir a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, el importa de la pena convencional pactada en el convenio de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince elevado a categoría de laudo ejecutoriado, en el juicio laboral número 345/2013, por no haberse cumplido el convenio en la fecha pactada." II. Preceptos constitucionales que se consideraron vulnerados. Los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Admisión y trámite. Por auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo que quedó registrada con el número 998/2018; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, relativo al inicio de funciones, denominación, competencia, jurisdicción territorial, y domicilio de este Órgano Jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad y sede indicadas, ambos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son estos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la Jurisprudencia de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por identidad de razón, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es de advertir que el acto que se reclama es: El proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio laboral 345/2013." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso ocuparse del análisis de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente contra los mismos. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En esa tesitura, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó el acto reclamado; certeza que además se robustece con la documental que allegó al sumario, a la que se le confiere pleno valor probatorio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º. Es aplicable a la anterior determinación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, materia común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el epígrafe y texto que a continuación se transcriben: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Quinta Época; Pleno; materia común; Apéndice 1995 Tomo VI, página 153, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Estudio. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Sirve de sustento la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, segunda parte, página 553, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el juicio de garantías que nos ocupa, se concluye que no se actualiza ningún motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, de suerte que procede el estudio del fondo del asunto. En principio, es oportuno mencionar que en el presente asunto, al revestir al quejoso el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen, opera en su favor la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de manera total, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: ".Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:(.) V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; (.)". Sentado lo anterior, es de señalar que la parte quejosa aduce en síntesis, en sus conceptos de violación lo siguiente: Que la responsable viola en su perjuicio, la garantía de fundamentación y motivación prevista por los artículos 14 y16 constitucional, porque no fundó ni motivó el proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho emitido en el expediente laboral 345/2013. En consideración de este Juzgador, es sustancialmente fundado el argumento que propone la parte quejosa contra la autoridad responsable, ya que al analizar el acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación, de cuya lectura se desprende que se alega violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el ordinal 88 de la ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado De Guerrero, porque el Tribunal responsable omite fundar y motivar el auto reclamado. Para demostrar lo afirmado, es necesario tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna que textualmente disponen: Así pues el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, establece: "... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Entre las garantías que la Constitución Federal consagra a favor de los gobernados se incluye la de legalidad jurídica, que debe entenderse como la necesidad de que en la emisión de todo acto de autoridad se observen las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se traduce en una obligación por parte de las autoridades, de otorgar al gobernado la oportunidad de defensa, principio que encuentra su máxima extensión conforme a lo previsto en el artículo 14, párrafo segundo, del Pacto Federal. Por su parte, el artículo 16 constitucional, en la parte que interesa, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El precepto constitucional transcrito consagra la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación, que obliga a todas las autoridades en sus actos y más aún cuando éstos son tendentes a realizar un acto de molestia en los particulares o gobernados. Por fundamentación del acto de autoridad se debe entender la sustentación en una disposición normativa de carácter general; o sea, la ley debe prever una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir; que exista una ley que así lo autorice, de donde se sigue que las autoridades sólo pueden hacer lo permitido en la ley. Por motivación del acto de autoridad, debe entenderse la invocación de las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté fundado. En otras palabras, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el cual éste va a operar o surtir sus efectos. En conclusión, para que una autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario citar en sus determinaciones los preceptos legales de apoyo y, además, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la condujeron a la conclusión del asunto concreto tratado y que encuadra en los supuestos de la norma invocada. Es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; tal y como se advierte del contenido de la Jurisprudencia número 204, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo al artículo 16, de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a,/J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y dos, del Tomo XXII, Diciembre de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por otra parte, el artículos 88 de la ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado De Guerrero, establece: "ARTICULO 88.- El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas que se presenten sin sujetarse a reglas fijas para su estimación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que funden su decisión." De la interpretación de dicho precepto legal se advierte que los tribunales laborales, dictarán sus resoluciones a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones en que funden su decisión, lo cual evidentemente debe ser aplicado a las diferentes resoluciones que dicten. Ahora, en el acuerdo reclamado, el tribunal responsable estableció en lo que interesa lo siguiente: ". Ahora bien, atento a dicho escritos, respecto al primero y al segundo de los mencionados, resulta que ya se dio cumplimiento al convenio, tal y como consta en la comparecencia de seis de agosto del presente año, respecto al escrito del apoderado del actor, dígasele que no a lugar en acordar de conformidad su petición de actualizar la pena convencional, en virtud de que con fecha seis de agosto del presente año, se efectuó el pago del convenio pactado por las partes el día diecinueve de mayo de dos mil quince, por la cantidad de $89,999.94, consecuentemente, al haberse cubierto de manera satisfactoria el convenio en comento, lo que procede es archivar el asunto como total y definitivamente concluido, no pasando por alto que con fecha dos de septiembre de dos mil quince, se cuantificó la pena convencional respecto al convenio pactado, por lo anterior y al cubrirse de manera total el convenio pactado por las partes, se ordena el archivo del presente asunto, como total y definitivamente concluido, esto para los efectos legales a que haya lugar." De la lectura minuciosa del acuerdo parcialmente transcrito, evidencia que la autoridad responsable únicamente se limita a establecer que no era procedente la petición del actor, toda vez que de autos se advertía que ya se había cubierto el convenio pactado por las partes, y que además en proveído de dos de septiembre de dos mil quince, se cuantificó la pena convencional respecto al convenio pactado, por lo que a su consideración dicho acuerdo estaba totalmente cumplido. Cabe precisar, que efectivamente el dos de septiembre de dos mil quince la responsable cuantificó la pena convencional que se pactó en el convenio de diecinueve de mayo del mismo año; empero, desde esa fecha hasta el seis de agosto del presente año, no se hizo ninguna actualización, por lo que la responsable, debió hacer lo mismo que realizó en el citado proveído y cuantificar la pena convencional a partir del dos de septiembre de dos mil quince a la fecha de la comparecencia del quejoso ante la responsable, esto es hasta el seis de agosto del año en curso, pues hasta ese día fue que se cubrió el total que había arrojado la única actualización que realizó el Tribunal responsable. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado no cuenta con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, lo que vulnera en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad que prevé el numeral 16 de la Carta Magna. En ese orden de ideas, es factible sostener que la responsable no fundó ni motivó el proveído impugnado por esta vía; en consecuencia, al ser transgresor de derechos su actuar, lo que procede es conceder el amparo solicitado. QUINTO. Efectos de la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe precisarse que la protección constitucional se concede para el efecto de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Deje insubsistente el proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio laboral 345/2013 y con libertad de jurisdicción emita uno diverso debidamente fundado y motivado. Cabe destacar que los efectos de la concesión de amparo son para que únicamente la responsable cumpla con lo ordenado en los párrafos que anteceden dentro de los términos y plazos previstos en la legislación obrera, aplicando al caso concreto la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMEINTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA Ja./J45/2007)". SEXTO. Precisión jurisprudencial. Ello, sin que sea óbice que las tesis invocadas a lo largo del presente estudio hayan sido emitidas con base en el análisis de artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo Vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley de Amparo. SÉPTIMO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Héctor Arellano Pérez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto y para los efectos expresados en el diverso quinto de este fallo. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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