Héctor Aguilar Guerrero

Expediente 403/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
403/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • Héctor Aguilar Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de doce de abril de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR ASÍ ORDENARLO EL MISMO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 403/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie el quejoso reclama: "El acuerdo de fecha quince de marzo del año dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Chilpancingo de los Bravo Guerrero dentro del expediente número 89/2012-2 y notificado el día dieciséis de marzo del año en curso." Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de garantías que ahora se intenta es improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En el caso concreto, el auto que modifica la pensión alimenticia provisional, fue combatido por el ahora quejoso a través del recurso de apelación, mismo que la responsable mediante proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, declaró improcedente, por lo que puede ser impugnado a través del recurso de queja que para tal efecto prevé el artículo 399 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero el cual dispone: "Artículo 399.- Procedencia del recurso de queja en contra del juzgador. El recurso de queja contra el juzgador es procedente: I. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad del actor antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de la apelación; y III. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los juzgadores procede aún cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación." Ello implica, que el impetrante de garantías tiene a su alcance un medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dicha determinación puede ser modificada, el cual tiene que agotar previamente a acudir a la instancia constitucional, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo; sin que de los antecedentes que narra el quejoso en su escrito inicial de demanda, no se observa que haya promovido el medio de defensa ordinario previsto en la ley, mismo que ya fue señalado con antelación. Cabe precisar, que el principio de definitivad a que se ha hecho referencia, contempla casos de excepción, entre los cuales se encuentran los actos que importan peligro a la vida o ataques a la libertad; sin embargo, en el presente asunto, no estamos frente algún acto que afecte la libertad personal y tampoco es un acto de imposible reparación, razón por la que debe agotarse el recurso contemplado en el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero. En suma, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, sin que haya lugar a tener por designados a autorizados, toda vez que no los refiere en su escrito de demanda. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.

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