HECTOR ARMANDO HERNANDEZ MENDOZA y Otros.

Expediente 78/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
78/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Hector Armando Hernandez Mendoza
  • HECTOR ARMANDO HERNANDEZ MENDOZA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, por medio del cual acusa recibo de los diversos 199, 200 y 205 de este índice, por los que se le remitió los billetes de depósito N 760750, N 812761, N 788510 y N 818744 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valiosos por las sumas de $3, 000.00, $1,000.00, $1,000.00 y $500.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional, un mil pesos 00/100 moneda nacional, un mil pesos 00/100 moneda nacional y quinientos pesos 00/100 moneda nacional), para los efectos legales conducentes. Ahora bien, ordénese remitir copia certificada del oficio de cuenta a los diversos juicios de amparo 559/2016 y 1230/2017 de esta estadística, a fin de que obre como legalmente corresponda y se provea lo conducente. Cúmplase...

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veinte. A. Ponderaciones previas y levantamiento de la suspensión del procedimiento. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia ocasionada por la propagación del virus Covid-19, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales, del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -emitidos para regular la actividad jurisdiccional durante la aludida contingencia-. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, mediante el cual, reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Haciendo hincapié que en su primer artículo transitorio amplió la vigencia del Acuerdo General 13/2020 al dos de agosto del año en curso. En ese sentido, con fundamento en su artículo 2, fracción I, hágase saber a la partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales, en el entendido, que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. B. Prescripción billetes. Vista la certificación secretarial de esta fecha y el estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 78/2018-D, promovido por Héctor Armando Hernández Mendoza y Florencio Maximiliano Pinzón Mendoza, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, transcurrió el término de dos años, que se otorgó a los aludidos quejosos, en proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho [fojas 137 a 140, expediente principal], para que comparecieran ante esta potestad, a solicitar la entrega de los billetes de depósito N 788510 y N 812761, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, cada uno valioso por la suma de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional); exhibidos en su oportunidad, para que surtiera efectos la suspensión definitiva, que se les concedió a los aludidos peticionarios de amparo; sin que a la fecha de este proveído, hayan comparecido a este Juzgado Federal, a realizar tal solicitud. Ante esa circunstancia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se previno a los quejosos, en proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho y, se decreta la prescripción de los citados billetes de depósito, a favor del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; por ende, mediante oficio que al efecto se envíe, remítanse dichos documentos bancarios a la Tesorería de la Federación, a fin que los haga efectivo a favor del Erario Federal. En ese orden, se requiere al Tesorero General de la Federación, para que en el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, acuse recibo de los billetes de depósito que se le envían para el efecto antes indicado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Notifíquese por lista a la parte quejosa y, por oficio al Tesorero de la Federación...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente a los quejosos Héctor Armando Hernández Mendoza y Florencio Maximiliano Pinzón Mendoza el auto de veinticinco de abril del año en curso (fojas 138 a 140), por los motivos que a continuación se exponen: El Fedatario Judicial, refiere que el veintiséis de abril del actual, a las doce horas con cincuenta minutos, se constituyó en el domicilio sito en avenida Cuatro Norte, número cuatrocientos uno (local de fotografía y video "Foto París Hermanos"), colonia Centro, ciudad de Puebla (domicilio señalado por los quejosos para recibir notificaciones), en el que fue atendido por una persona del sexo masculino quien le refirió que sí conoce a uno de los autorizados (Jacinto Molina Vélez) pero tiene indicaciones de no recibir y tampoco firmar ningún documento, que aquí sólo reciben sus documentos si se encuentra el buscado y desconoce la hora o días en los que pueda presentarse. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo notifíquese a la parte quejosa el presente auto y el diverso de veinticinco de abril de dos mi dieciocho. EL AUTO DE VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades: 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región judicial sur, sede Regional Matamoros, Puebla; 3. Jefe de Grupo Encargado de la Comandancia de Izúcar de Matamoros, Puebla; y, 4. Agente del Ministerio Público del Área de Litigación adscrito a la Región judicial sur, Izúcar de Matamoros, Puebla (tercero interesado), de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que se sobreseyó el presente juicio de amparo y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Precisado lo anterior, toda vez que en el presente caso no existe ninguna necesidad legal para que continúe constituida la garantía exhibida por los quejosos para garantizar la suspensión definitiva concedida; en consecuencia, devuélvanse los billetes de depósitos: a) N 788510, al quejoso Florencio Maximiliano Pinzón Mendoza por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional); y, b) N 812761, al quejoso Héctor Armando Hernández Mendoza por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional); debidamente endosados, previa identificación y razón de recibo que otorguen en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de su identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. "

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para la suscrita jueza Federal que no obran en autos las constancias de notificación a las autoridades: 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región judicial sur, sede Regional Matamoros, Puebla; 3. Jefe de Grupo Encargado de la Comandancia de Izúcar de Matamoros, Puebla; y, 4. Agente del Ministerio Público del Área de Litigación adscrito a la Región judicial sur, Izúcar de Matamoros, Puebla (tercero interesado), de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dichas autoridades, ya que se sobreseyó el presente juicio de amparo y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Precisado lo anterior, toda vez que en el presente caso no existe ninguna necesidad legal para que continúe constituida la garantía exhibida por los quejosos para garantizar la suspensión definitiva concedida; en consecuencia, devuélvanse los billetes de depósitos: a) N 788510, al quejoso Florencio Maximiliano Pinzón Mendoza por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional); y, b) N 812761, al quejoso Héctor Armando Hernández Mendoza por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 moneda nacional); debidamente endosados, previa identificación y razón de recibo que otorguen en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a doce horas, debiendo acompañar copia de su identificación oficial, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.

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