Gustavo Veloz Aguilar

Expediente 565/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
565/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/08/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Veloz Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    El ocho de agosto de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del uno al siete de agosto del año en curso, con exclusión de los días tres y cuatro del mes y año en curso por ser inhábiles, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Por último, con fundamento en el punto décimo primero del acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS computados legalmente a partir de la notificación respectiva, comparezca ante el personal de este juzgado debidamente identificada y en horas hábiles a recoger los documentos que anexó a su escrito de demanda; lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo y persistir en su desinterés para realizar tal actuación, dichos documentos seguirán la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

  2. Principal

    El veintinueve de julio de dos mil diecinueve, la licenciada María de los Ángeles Saldaña Hernández, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el plazo de cinco días concedido al promovente por auto de diecisiete de julio del presente año, para que aclarara su demanda, transcurrió del veintidós al veintiséis del mes y año en curso, sin que lo haya hecho. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al promovente por auto de diecisiete de julio del presente año, para que aclarara su demanda, transcurrió del veintidós al veintiséis del mes y año en curso, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de derechos promovida. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CUENTA. En diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Gustavo Veloz Aguilar, registrada con el folio 10283, con dos copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Aurelio Longoria Mendoza (4478389), cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derechos, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gustavo Veloz Aguilar, contra actos del titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales y/o Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 565/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado;". Del precepto transcrito se desprende que es motivo de prevención la existencia de alguna irregularidad en el escrito de demanda o cuando de la demanda de amparo se advierta que no se cumplió con lo previsto en el artículo 108, no se hubiere acompañado documento con el que se acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, o bien, la inexacta precisión del acto reclamado en la instancia constitucional, es decir, que no se advierta con claridad el acto que se estima transgresor de los derechos del quejoso y, en ese caso, se debe de requerir para que este aclare la demanda y el acto reclamado y estar en condiciones de proveer lo que a derecho corresponda. Al respecto, es necesario que el nombre de la parte quejosa o de quien promueva en su nombre y representación se encuentre debidamente identificada para que no pueda ocurrir alguna confusión respecto de la misma. Asimismo, de la demanda de amparo se advierte que Gustavo Veloz Aguilar promueve el presente juicio por propio derecho; sin embargo, en los apartados de acto reclamado, antecedentes, y conceptos de violación, se advierte que quien se duele del acto reclamado es Alberto Ávila Hurtado, además que las documentales que se adjunta al escrito de demanda, se desprende el nombre del prenombrado, sin que el promovente Gustavo Veloz Aguilar haya exhibido documento alguno que acredite la personalidad con la que promueve. Asimismo, el promovente en su demanda de derechos señala como acto reclamado, la resolución de declaración de vacancia y adjudicación en favor de Alberto Ávila Hurtado, dentro del procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación marcado con el expediente 353/2019, radicado en la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales y/o Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas sin embargo en el correspondiente a los "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" indica: "...Los conceptos constitucionales que contienen las garantías individuales que el ocursante estimo violado se encuentran en el artículo 17dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la autoridad señalada como responsable no da cumplimiento a la PRONTITUD en la impartición de justicia, ello es así, toda vez que desde el siete (7) de junio del año en curso, la autoridad señalada como responsable, NO HA EMITIDO LA RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE VACANCIA y en su caso, ADJUDICACIÓN a favor del C. ALBERTO ÁVILA HURTADO, toda vez que en la ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, en su dispositivo 44, 88, 92 al procedimiento administrativo marcado con el número de expediente: 353/2019, radicado en la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales y/o Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, la responsable tiene un plazo no mayor a quince (15) días a efecto de emitir la resolución de declaración de vacancia y adjudicar al solicitante en primer lugar conforme lo señala la Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, por lo que con dicha omisión de emitir la resolución en cita, considero una violación flagrante a los derechos humanos del ahora quejoso, consagrado en el precepto constitucional citado.". De lo anterior, se advierte incertidumbre sobre el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable, esto es la resolución de declaración de vacancia y adjudicación en favor de Alberto Ávila Hurtado, dentro del procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación marcado con el expediente 353/2019, radicado en la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales y/o Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas o bien la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable en emitir la misma. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la citada promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Acredite con documento idóneo la personalidad con la que comparece, debiendo exhibir copia legible debidamente certificada del documento con el que justifique su representación legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Exhiba cinco copias del documento con el que la promovente acredite su personalidad para correr traslado a cada una de las partes, a saber: una para la autoridad responsable, dos más para correr traslado a la parte tercero interesada, dos más para agregar a los cuadernos relativos al incidente de suspensión (en el caso de solicitar la suspensión del acto reclamado) y la última para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, que también es parte en el presente juicio, por lo que dicho documento forma parte de la demanda de amparo y, por ende, es necesario correr traslado a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa.". Precise de manera clara y precisa el acto o actos que le reclama a la autoridad que señala como responsable, esto es, si reclama la resolución de declaración de vacancia y adjudicación en favor de Alberto Ávila Hurtado, dentro del procedimiento administrativo de desistimiento y adjudicación marcado con el expediente 353/2019, o bien, la omisión por parte de la autoridad responsable titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales y/o Director de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas de dictar resolución. Para el caso de que sea señale como acto reclamado la resolución que haya emitido la citada autoridad responsable, deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento de la misma. Asimismo, tomando en consideración que del contenido integral de la demanda de garantías no se advierte capítulo de suspensión y en el punto petitorio marcado como "TERCERA" de dicho libelo, el promovente manifiesta "Mandar pedir los informes PREVIO Y JUSTIFICADO a la Autoridad señalada como responsable, mismo que habrán de rendir en el término de ley"; por tanto, se le requiere para que precise sí es su deseo que se tramite incidente de suspensión, y para que efectos lo solicita, pues no es patente que lo solicite expresamente. Se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es él quien sufre del agravio por parte de la autoridad responsable, constituyendo un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le hace del conocimiento el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo que se refiere a la imposición de pena de prisión y multa al quejoso, a su abogado autorizado, o a ambos, para el caso de que informen hechos falsos. Para el caso de que dé cumplimiento a los puntos 1, 2 y 3, pero no al 4, se tramitará la demanda sin aperturar incidente de suspensión, hasta en tanto lo solicite expresamente, mientras no se dicte sentencia ejecutoria, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Aurelio Longoria Mendoza, toda vez que tiene registrada su cédula profesional (4478389), en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a María del Carmen Muñoz Rodríguez, únicamente para oír y recibir notificaciones, por no tener registrada su cédula en el referido registro; sin que haya lugar a tenerlo por señalando los estrados de este Juzgado Federal para oír y recibir notificaciones, toda vez que no es un domicilio propiamente dicho. En consecuencia, hasta en tanto no señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, las subsecuentes notificaciones de carácter personal les serán practicadas por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria que autoriza. Doy fe. Ajc.

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