Gustavo Veloz Aguilar
Expediente 1292/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1292/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gustavo Veloz Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término transcurrió para la parte quejosa del quince al veintiséis de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo 1292/2018. Que dentro de dicho juicio si se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el nueve de octubre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en razón de que se negó la suspensión definitiva; además de que este juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Norma Jessica Solis Muñoz, Secretaria que autoriza y da fe. Cindy*
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en los autos del juicio de amparo 1292/2018, promovido por Gustavo Veloz Aguilar. Presente en la sala de audiencias Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, quien actúa ante Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza, la declaró abierta sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario procede a dar lectura al escrito inicial de demanda, informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro número tres, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa mediante proveído de tres de septiembre del año en curso, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la contestación a su petición, consistente en el auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, emitido por la citada autoridad responsable, transcurrió del once de septiembre al dos de octubre del año en curso, sin que haya hecho manifestación alguna; al respecto se acuerda: Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días concedido a la parte quejosa para que ampliara su demanda respecto de la contestación a su petición, sin que lo haya hecho, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, y se continua el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. En la etapa de pruebas. El secretario da cuenta con la documental privada exhibida por el quejoso en su escrito de demanda y con las copias certificadas de diversas constancias que remitió la citada autoridad. A lo que el juez acuerda. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas, luego, al no haber más pruebas pendientes de desahogar, se concluye la presente etapa. En la etapa de alegatos. El secretario hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que les otorga el artículo 124 de la Ley de Amparo, luego, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, se procede a dictar la resolución que corresponde conforme a derecho. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1292/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Zacatecas, Gustavo Veloz Aguilar demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestros número tres de la Capital. ACTO RECLAMADO: La omisión de dar contestación a la petición presentada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta de investigación 00503/2012. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de dos de julio de dos mil dieciocho (fojas 8-9), se registró la demanda con el número 1292/2018 y se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro número tres, con residencia en esta ciudad: - La omisión de dar contestación a la petición presentada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta de investigación 00503/2012. TERCERO. Vista para ampliación de demanda de amparo. Mediante proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días hábiles, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la contestación a su petición, consistente en el auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, emitido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro número tres, con residencia en esta ciudad. Proveído que fue notificado por medio de lista a la parte quejosa, el siete de septiembre del año en curso. Sin embargo, el término que le fue concedido, transcurrió del once de septiembre al dos de octubre del año en curso, sin que haya hecho manifestación alguna; por tanto, en esta propia fecha, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de tres de septiembre del actual, por lo que, se ordenó continuar el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro número tres, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, reconoció que la parte quejosa por escrito solicitó copia de la carpeta de investigación 00503/2012, sin embargo, a su petición sí se le dio contestación a través del acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, remitiendo para ello copia simple de dicho acto procesal. Atendiendo a lo anterior, mediante auto de diez de julio del año en curso, se requirió a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contado a partir de que quedara debidamente notificada, remitiera copia certificada de tal acuerdo, por tanto, en proveído de veinte del mes y año citado, se tuvo a la representación social responsable, por remitiendo la documental que le fue solicitada, ordenándose dar vista a las partes para que manifestaran lo que estimaran pertinente; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro número tres, con residencia en esta ciudad, la omisión de dar contestación a la petición presentada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta de investigación 00503/2012. Ahora bien, del informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, y de las constancias que se remitieron en complemento al mismo, se advierte que el Agente del Ministerio Público responsable, emitió el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: "VISTO. El contenido del escrito que presentara el C. GUSTAVO VELOZ AGUILAR, mediante el cual solicita copias certificadas de la carpeta única de investigación marcada con el número 00503/2012 la cual se instruye en contra de QUIEN RESULETE RESPONSABLE por el hecho que la ley señala como el delito de SECUESTRO en perjuicio de FRANCISCO JAVIER VELOZ MONTOYA, por lo que eta Representación Social procede a acordar lo solicitado en los siguientes términos: PRIMERO. El artículo 150 fracción II del Código Procesal para el Estado de Zacatecas manifiesta que serán víctimas, y por tanto partes materiales de los procesos penales, los cónyuges, concubinos, hijos o padres adoptivos, parientes dentro del cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad, o bien el heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. SEGUNDO. En esa tesitura tenemos que el promovente GUSTAVO VELOZ AGUILAR, en efecto es hijo de FRANCISCO JAVIER VELOZ MONTOYA, ya que a pesar de que no exhibe documento público idóneo para justificar lo anterior, se puede deducir que es hijo del promovente, importante es señalar que el promovente no es parte del procedimiento penal en que se actúa, ya que hasta la fecha se tiene que la víctima se encuentra desaparecida, más no existe un dato fehaciente que nos demuestre la muerte de VELOZ MONTOYA. Por lo tanto esa fracción II del artículo 150 no opera, por el momento, a favor del promovente para que sea parte del proceso, y por ende no tiene personalidad alguna. En atención a todo lo anterior es que NO HA LUGAR a la expedición de copias solicitadas, porque no es parte y no tiene personalidad dentro del procedimiento penal en que se actúa." Lo anterior pone de relieve que durante la sustanciación de este juicio constitucional cesaron los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de la documental antes descrita se advierte que la autoridad responsable, dio respuesta a la petición que formuló el promovente del amparo mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en el que esencialmente solicitó copia fotostática certificada de la indagatoria a que hizo referencia; comunicado que según lo manifestado por la representación social no fue notificado al quejoso, ya que no volvió a acudir a esa unidad especializada. Además, del contenido íntegro de la promoción presentada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, ante la citada agencia del Ministerio Público, a través de la cual se solicitaron copias fotostáticas certificadas de una indagatoria, no se desprende que el aquí quejoso haya señalado domicilio para oír recibir notificaciones, sin embargo, la garantía contenida en el artículo 8 constitucional se cumple con la vista que se dio vista a la parte quejosa mediante proveído de veinte de julio del año en curso, sin que haya hecho manifestación alguna (foja 26). A su vez, otro dato que demuestra que la parte quejosa ya conoció el contenido del proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, es la vista que se le dio con el contenido de tal documento, a fin de que ampliara su demanda de amparo, en auto de tres de septiembre del actual; determinación que le fue notificada a la parte quejosa por medio de lista el siete del mes y año citado. En tales condiciones, es inconcuso que el quejoso fue restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales tutelados por el artículo 8° constitucional, que estimó vulnerados en su perjuicio. Entonces, la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dictado el fallo definitivo y haberse notificado éste a las partes. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gustavo Veloz Aguilar contra el acto reclamado de la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. SDelgado
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El tres de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICO: Que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos y con la promoción registrada con el folio 17614. Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado en esta instancia constitucional, se reclama la violación al artículo 8° constitucional, lo procedente es dar vista a la parte quejosa con la constancia relativa a la contestación de su petición, consistente en el auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (foja 23), emitido por la autoridad responsable, a efecto de que dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, con dos copias de su escrito de ampliación de demanda, por corresponder una para la autoridad responsable, y otra más para correr traslado al agente del Ministerio Público de la adscripción, cumpla con lo siguiente: Único: manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto al auto mencionado en el párrafo anterior en el cual se le dio contestación a la petición cuya omisión reclama. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012, Decima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Así como la Jurisprudencia 2a./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Apercibido de que en caso de no hacer manifestación alguna se continuará con el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas del nueve de octubre de dos mil dieciocho. Por último, agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos; sin perjuicio de hacer relación de éste nuevamente en la audiencia respectiva. Por cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele una vez que se pronuncie dicha determinación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con diez minutos de este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado en esta instancia constitucional, se reclama la violación al artículo 8° constitucional, lo procedente es dar vista a la parte quejosa con la constancia relativa a la contestación de su petición, consistente en el auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis (foja 23), emitido por la autoridad responsable, a efecto de que dentro del término de quince días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, con dos copias de su escrito de ampliación de demanda, por corresponder una para la autoridad responsable, y otra más para correr traslado al agente del Ministerio Público de la adscripción, cumpla con lo siguiente: Único: manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto al auto mencionado en el párrafo anterior en el cual se le dio contestación a la petición cuya omisión reclama. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012, Decima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. Así como la Jurisprudencia 2a./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Apercibido de que en caso de no hacer manifestación alguna se continuará con el trámite del presente juicio únicamente respecto del acto y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda; por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas del nueve de octubre de dos mil dieciocho. Por último, agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos; sin perjuicio de hacer relación de éste nuevamente en la audiencia respectiva. Por cuanto hace a la solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente juicio, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele una vez que se pronuncie dicha determinación. Notifíquese personalmente. ..."
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