Gustavo Velázquez Hernández

Expediente 880/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
880/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Velázquez Hernández
  • Javier Martínez Ortiz
  • Lic. Ana Elizabeth Morales Camarena En Su Carácter de Actuaria Adscrita A la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares Y Mercantiles En la Ciudad de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    El veintitrés de junio de dos mil veintidós, el suscrito Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifico que: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dos al quince de junio del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa; asimismo, todas las partes quedaron debidamente notificadas de la sentencia; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión por separado, sin que en el caso se haya exhibido billete de depósito o alguna otra garantía que amerite proveer sobre su destino; Sí existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio en la que se sobreseyó en el presente asunto; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Juzgado Primero Mercantil de la capital, con residencia en esta ciudad, el tomo de pruebas que remitió en su momento como justificación de sus actos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. E.I. Luis. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  2. Principal

    quince de junio de dos mil veintiuno V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 880/2021; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Gustavo Velázquez Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Primero del ramo Mercantil del distrito judicial de la capital. Actuaria adscrita a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles. Secretaría General de Gobierno del estado de Zacatecas. Secretaria de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas. ACTOS RECLAMADOS: La diligencia de embargo de catorce de octubre de dos mil veintiuno efectuada por la actuaria adscrita a los Juzgados Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la capital, en cumplimiento al auto de tres de agosto de ese mismo año, dictado dentro del cuadernillo de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 59/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la misma entidad. Actos que consideró violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado y mediante auto de cinco de noviembre de dos mil uno, se registró el juicio con el expediente 880/2021, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se mandó emplazar a la parte tercera interesada, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual. TERCERO. Las autoridades encargado o titular de la Oficialía Mayor y encargado o titular de pagos, ambos de la Secretaría de Administración del Gobierno del estado del estado de Zacatecas se tuvieron como inexistentes, en virtud de que no existen dentro del organigrama de ese dependencia, por lo que al quejoso señaló la denominación correcta de ellas, siendo Secretaría de Gobierno del estado de Zacatecas. CUARTO. La audiencia constitucional se celebró el diez de junio del presente año; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado; toda vez que se reclaman omisiones de una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de derechos en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación la Tesis: P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 181810 que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto, jurisprudencia y tesis de referencia, debe decirse que, en la especie, la quejosa reclama: La diligencia de embargo de catorce de octubre de dos mil veintiuno efectuada por la actuaria adscrita a los Juzgados Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la capital, en cumplimiento al auto de tres de agosto de ese mismo año, dictado dentro del cuadernillo de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 59/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la misma entidad. TERCERO. Negativa de los actos. Sobreseimiento por inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Secretaría General de Gobierno, toda vez que al rendir su informe justificado, expresamente negó su existencia, en virtud de que en ningún momento ordenó realizar acción alguna para realizar el embargo del salario del quejoso, pues esa autoridad no cuenta con facultades para realizar dicha acción, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En virtud de lo anterior, el presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto a dicha autoridad, toda vez que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado es inexistente. En ese contexto, el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) Cuando no se probare su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Corrobora lo antes expuesto la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo VI, página 236, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO.- Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al juez Primero del ramo Mercantil y actuaria adscrita a central de actuarial de los Juzgado Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la capital, así como la Secretaría de Administración del Gobierno del estado de Zacatecas, todos residentes en esta ciudad, pues así se desprende de las manifestaciones formuladas al rendir sus informes justificados. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de la diligencia de embargo reclamada en el presente juicio se impugnan. QUINTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Con independencia de las causas de improcedencia que aleguen las partes, de oficio se constata que el presente juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]." De la interpretación de este numeral se colige que el juicio de garantías es improcedente cuando a pesar de que subsiste jurídicamente el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material por haber dejado de existir su objeto, ya que la finalidad de la vía de amparo es reparar las violaciones constitucionales generadas por un acto de autoridad que lesione la esfera jurídica del gobernado, de manera que en el supuesto de que subsista dicho acto pero no pueda surtir efectos por la modificación del entorno en donde tuvo su origen, se genera una imposibilidad para cristalizar el fin que justifica la existencia del procedimiento de garantías. Ahora, del informe justificado que remitió el juez responsable se advierte lo siguiente: 1. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil número 59/2019, promovido por el aquí tercero interesado Leobardo Rodríguez Contreras en su carácter de endosatario en procuración Javier Martínez Ortiz, ejerciendo la acción cambiaria directa en contra del quejoso Gustavo Velásquez Hernández, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital. 2. Seguido en su trámite y declarado en rebeldía el demandado, el juez responsable dictó sentencia definitiva el seis de junio de dos mil dieciséis, en la que condenó al aquí quejoso al pago de $10,500.00 (diez mil quinientos pesos cero centavos moneda nacional) como importe de la suerte principal, intereses moratorios convenidos a razón de 2.6% (dos punto seis por ciento) mensual a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del pagaré y costas en el juicio. 3. Por auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria por ministerio de ley, por lo que quedó firme para todos los efectos legales conducente. 4. En proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, por solicitud del aquí tercero interesado, se aperturó incidente de liquidación de ampliación de embargo; en consecuencia, se dictó interlocutoria de tres de abril de ese mismo año, en la que resolvió de conformidad lo peticionado para cubrir la cantidad $9,000.00 (nueve mil pesos cero centavos moneda nacional) que resulta de la diferencia de la cantidad líquida a favor de la parte actora y del valor del bien mueble secuestrado. 5. Posteriormente, en actuación de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se autorizó la ampliación de embargo en el domicilio laboral del aquí quejoso en virtud de que no pudo ser encontrado en el diverso en el que fue emplazado; misma que tuvo verificativo el veinticinco de junio del mismo año, en la que se trabó real, formal, material y jurídico embargo sobre el 30% (treinta por ciento) del salario que percibe el aquí quejoso como trabajador de la Dirección de Catastro y Registro Público de la capital. 6. Por interlocutoria de veinte de marzo de dos mil diecinueve, se condenó al quejoso a pagar: $9,000.00 (nueve mil pesos cero centavos moneda nacional) por concepto de capital actual, en el cual ya se tiene aplicada la cantidad de $1,500.00 mil (quinientos pesos cero centavos moneda nacional) abonados; cantidad que se descontó vía nómina del quejoso desde el mes de julio del mismo año, misma que Javier Ortiz Martínez recogió el dieciocho de marzo de dos mil veinte, por medio del cheque número 17439 en las instalaciones del Juzgado Primero del ramo Mercantil del distrito judicial de la capital. $11,193.00 (once mil ciento noventa y tres pesos, cero centavos moneda nacional) por concepto de intereses moratorios generados a partir del veinticuatro de agosto de dos mil quince hasta el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. 7. Por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, se autorizó al ministro ejecutor para que le requiriera al quejoso por las prestaciones a que fue condenado en la resolución interlocutoria de veinte de marzo de dos mil diecinueve. 8. En proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al actor proporcionando nuevo domicilio laboral de la parte demandada a fin de que se efectuara la diligencia de embargo ordenada en auto de tres de agosto del mismo año. 9. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la actuaria judicial adscrita a la central de actuarios del Juzgados Civiles, Familiares y Mercantil del distrito judicial de la capital, acompañada de Leobardo Rodríguez Contreras, se constituyeron en el domicilio laboral del quejoso, a quién se le requirió en los términos expuestos y al no cubrir lo adeudado y no señalar bienes, pasó el derecho al actor, quien señaló el 30 % (treinta por ciento) del excedente del salario mínimo general y se trabó real, formal y jurídico embargo del mismo. 6. De lo anterior, el actor en el juicio de origen solicitó girar oficio al departamento de recursos humanos de la Dirección de Catastro y Registro Público de la Propiedad en esta ciudad, a fin de que procediera a descontar el 30 % (treinta por ciento) del excedente del salario que percibe el aquí quejoso; sin embargo, por proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, no se acordó de conformidad su petición, en virtud de que en el acta de embargo, la actuaria responsable no precisó por qué cantidad se efectuaría el embargo del 30 % (treinta por ciento) del excedente del monto del salario que percibe Gustavo Velázquez Hernández y por tanto, no se autorizó la expedición del oficio solicitado. Sin embargo, posterior a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable emitió un auto el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que a solicitud de la parte actora, ordenó requerir al aquí quejoso por el pago de la cantidad remanente que adeuda y que es por concepto de intereses, la cual corresponde a $11,193.00 (once mil ciento noventa y tres pesos con cero centavos) y en caso de no verificar el pago, se procediera a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar la deuda. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la diligencia de embargo de catorce de octubre de dos mil veintiuno efectuada por la actuaria adscrita a los Juzgados Familiares y Mercantiles del distrito judicial de la capital, en cumplimiento al auto de tres de agosto de ese mismo año, dictado dentro del cuadernillo de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 59/2016, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil de la misma entidad. Sin embargo, el objeto o la materia de dicho acto reclamado dejó de existir, en virtud de que el requerimiento inicial ordenado por la totalidad de la adeudado, se modificó por diverso auto de cinco de noviembre del mismo año, en cuanto a que el mismo debía ser únicamente por la cantidad de $11,193.00 (once mil ciento noventa y tres pesos con cero centavos) por concepto de intereses moratorios y en caso de no verificar el pago, se procediera a embargar bienes de su propiedad suficientes para garantizar la deuda. De ahí que el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, y por tanto tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho la garantía que considera violado y ningún efecto jurídico tendría la sentencia que, en su caso, conceda la protección Federal. Esto es así, pues no sería jurídicamente correcto que en una eventual concesión, se ordenara al actuario a diligenciar el requerimiento de tres de agosto de dos mil veintiuno, en los términos precisados en ese auto, pues como ya se dijo, se modificó por un proveído posterior en que debía requerir el pago únicamente por la cantidad de $11,193.00 (once mil ciento noventa y tres pesos con cero centavos) por concepto de intereses moratorios, y por tanto, el actuario estaría imposibilitado jurídicamente para realizar un requerimiento que fue dejado sin efectos. Por lo que, si bien subsiste un auto que ordena al actuario para que lleve a cabo el requerimiento de tres de agosto de dos mil veintiuno, es evidente que no podrá diligenciar dicha encomienda, porque el contenido de ese auto fue modificado por el diverso de cinco de noviembre del mismo año, en el que dispone que tendrá que requerir el pago de la cantidad de $11,193.00 (once mil ciento noventa y tres pesos con cero centavos) por concepto de intereses moratorios; lo que impediría que el actuario haga el requerimiento en los términos de un auto cuyo contenido ya no existe. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento invocada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Luego, resulta improcedente analizar la diversa causa de improcedencia que hace valer la autoridad responsable Secretaría General del Gobierno del estado de Zacatecas, pues cualquiera que sea el resultado no varía el resultado de la presente resolución. Robustece lo anterior, la tesis con registro 216878, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, con el rubro y contenido siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad de estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Gustavo Velásquez Hernández, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables; por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado, ante el secretario Jaime Santillán Chávez, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. EMVG

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Gustavo Velásquez Hernández, contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables; por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese; personalmente. ...

  4. Principal

    El siete de marzo de dos mil veintidós, Diana Jaimes Villanueva, secretaria de juzgado, certifica: Que se encuentra fijada para las nueve horas con quince minutos del día de hoy la audiencia constitucional. Lo que se asienta para constancia legal. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, se encuentra pendiente el emplazamiento a la parte tercera interesada, ordenado en auto de veinticinco de enero del presente año. Ahora bien, toda vez que se encuentran rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, se ordena darle vista a dicho tercero interesado Javier Martínez Ortiz por conducto de su endosatario en procuración Licenciado Leobardo Rodríguez Contreras, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y emplácese al tercero interesado en términos del auto de veinticinco de enero del año en curso. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Yasmin48, 5449 y 5450 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de marzo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

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