Gustavo Ramírez Ortiz
Expediente 565/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gustavo Ramírez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la quejosa del cinco al dieciocho de enero del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo número 565/2017-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; asimismo no se exhibió billete de depósito; No existe en el incidente de suspensión recurso alguno pendiente de resolver; No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Bjm
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO 2018, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes."
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSAGUSTAVO RAMÍREZ ORTIZ Y OTROS ASÍ COMO EL TERCERO INTERESADO CARLOS ALBERTO HURTADO RAMÍREZ, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE 2017, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: " veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 565/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Gustavo Ramírez Ortiz, María Guadalupe Castañeda Castañeda, Manuel y Gustavo Adolfo, ambos de apellidos Ramírez Castañeda, por derecho propio demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto que se especifican a continuación: Autoridad responsable: ? Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "Los actos de desposesión y/o despojo que pretende llevar a cabo la autoridad señalada como responsable dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil marcado con el número 125/2017 del Juzgado Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital." La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en proveído de siete de junio de dos mil diecisiete, se ordenó su registro con el consecutivo 565/2017; asimismo, se requirió a los quejosos para que cumplieran con lo siguiente: "1. Aclaren si saben si son parte dentro del juicio de origen, o bien, si son terceros extraños naturales a éste. 2. Manifiesten si tienen conocimiento de las prestaciones que se reclaman en el juicio de origen y cuál es el monto de éstas. 3. Precisen si conocen el valor aproximado de los cultivos de los que dicen ser propietarios. 4. En caso de ser parte demandada, manifiesten si desean señalar como acto reclamado el emplazamiento al juicio de origen, asimismo, señalen la autoridad a la que se lo atribuyen, o bien, la omisión de practicarlo. 5. De igual forma, deberán exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, en términos del artículo 114 de la ley de la materia." Al respecto, Gustavo Ramírez Ortiz, en su carácter de representante común de los quejosos, en escrito recibido en este Juzgado el trece de junio del año en curso, en lo conducente expuso: "Por medio del presente y para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha siete de junio del año dos mil diecisiete, bajo protesta de decir verdad, me permito dar puntual cumplimiento a los cinco puntos que en número arábigos me requiere ese H. Juzgado y al efecto expongo: 1.- Tanto al suscrito, como los demás quejosos somos y tenemos el carácter de TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. 2.- No tenemos conocimiento alguno de las prestaciones, ni cuál pudiera ser el monto de las mismas, en razón de que son ajenas a nuestra esfera jurídica y patrimonial. 3.- El valor aproximado de nuestros cultivos es indeterminado y subjetivo en principio de cuantas, tendríamos esperar a que se pueda lograr (factor clima), en seguida el valor del mercado, y en tercer lugar, a que éste se pueda vender. La inversión del cultivo, sin mencionar el pago de luz, agua y mano de obra, más que únicamente fertilizante y semilla, fue $200,000.00 doscientos mil pesos, pero eso es una parte subjetiva en inversión. El valor no lo podemos estimar por la multiplicidad de factores tanto negativos como positivos. 4.- Manifestamos como terceros extraños a juicio, que la acción, causas y/o efectos generadoras del juicio que se impugna son ajenas a nuestra competencia y obligación de hacer o cumplir, al exhibir el contrato de arrendamiento acreditamos que ejercemos la posesión del mismo, desde el año dos mil doce hasta la presente fecha y que el embargo sobre el mismo es totalmente ajeno a nuestra persona, intereses y patrimonio. 5.- Me permito exhibir con el escrito aclaratorio, ocho copias para correr traslado". Cumplida la prevención, en auto de catorce de junio del presente año se admitió a trámite la demanda de derechos; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Federal y se emplazó al tercero interesado. Seguido el juicio por sus trámites legales, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del Acta que antecede, misma que forma parte integral de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia del texto y rubro siguiente : "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Y la diversa Jurisprudencia que a la letra establece : "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional, escrito aclaratorio y constancias que integran este juicio de derechos, se advierte que los quejosos reclaman actos de desposesión respecto de tres predios destinados a la agricultura; así como los cultivos sembrados sobre los mismos que afirman son de su propiedad, con motivo del contrato de arrendamiento que celebraron con Raúl Enrique Fuenzalida López, desde el veintitrés de noviembre del año dos mil doce; actos emitidos dentro del juicio mercantil ejecutivo 125/2007, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital, en el que se ostentan terceros extraños al mismo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero Mercantil del distrito judicial de la capital, ya que así lo reconoció expresamente en su informe justificado (foja 21). Lo anterior se corrobora con las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil 125/2017, que en apoyo a su informe justificado remitió la juez responsable; documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Improcedencia de este juicio de garantías. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo el estudio sobre la procedencia del juicio constitucional debe hacerse de oficio, lo aleguen o no las partes. Bajo ese marco jurídico, este juzgador advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia regulada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no acredite que los actos reclamados afectan su interés jurídico; al respecto, es oportuno señalar que tal interés consiste en el derecho que le asiste a un particular para promover el juicio de garantías y reclamar algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, con lo que se ocasiona un perjuicio a su titular. En ese sentido, cabe destacar que un "derecho legítimamente tutelado", implica la existencia de una prerrogativa protegida por el ordenamiento legal, empero, la existencia de esa facultad no se deduce de la sola manifestación que haga quien dice ser titular de ella, pues se requiere de elementos probatorios aptos para demostrar tal extremo; así, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas. Ilustra lo anterior, la tesis LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, septiembre de dos mil trece, página mil ochocientos cincuenta y cuatro, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Además, es oportuno destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse de manera fehaciente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, dado el carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Resulta aplicable, la jurisprudencia 16/94, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página diecisiete, de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Lo anterior lleva a determinar que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien tutelado que se dice afectado, esto es, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio de garantías, por lo que ésta debe acreditar fehacientemente ser la titular del derecho que en su concepto es vulnerado. Al respecto, cabe señalar que al analizar la procedencia del juicio de amparo, entre otras cuestiones, deben tomarse en cuenta los supuestos que integran el interés jurídico, que son dos, a saber: 1. El primero, que implica la existencia de un derecho; y, 2. El segundo, que se refiere al resentimiento de un perjuicio en aquél, proveniente de un acto de autoridad. Ilustra lo anterior, la tesis II.2o.P.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, julio de dos mil doce, página mil ochocientos setenta y dos, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS EXIGENCIAS PARA SU ACREDITAMIENTO DEBEN ATENDER AL DERECHO AFECTADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y PECULIARIDAD DEL ACTO RECLAMADO Y CON LA MATERIA NORMATIVA DEL CONTEXTO EN QUE SE GENERE. Las exigencias para acreditar el interés jurídico, como presupuesto de legitimación para el juicio de amparo, no deben atenderse desde una perspectiva abstracta o genérica y en relación con cualquier tipo de derecho de manera indiscriminada, sino en función al derecho afectado de acuerdo con la naturaleza y peculiaridad del acto reclamado y a la materia normativa del contexto en que se genere. Así, por ejemplo, si se reclama una supuesta desposesión derivada de una orden de aseguramiento dentro de una averiguación previa, es evidente que el tema de eventual afectación por el aseguramiento es la posesión y no necesariamente la propiedad o el ejercicio de otro tipo de derecho inherente al ámbito civil o administrativo, y esa circunstancia debe atenderse sin ignorar los propios datos que de las constancias puedan advertirse en cada caso, de modo que aun bajo el criterio de la apariencia del buen derecho, es válido percibir que es precisamente ese aspecto posesorio sobre el bien el que se involucra con el debate de fondo del planteamiento constitucional que se propone, de ahí que el interés jurídico respectivo para la procedencia del amparo deba igualmente justificarse en ese contexto" (énfasis añadido). Ahora, los quejosos se ostentan como terceros extraños, pues afirman que no fueron llamados ni oídos en el juicio natural, en el cual se debaten aspectos posesorios respecto de tres predios destinados a la agricultura, de los cuales la quejosa aduce detentar la posesión, sin acreditarlo, como se verá enseguida. En principio, no se encuentra demostrado el supuesto "1" antes precisado -consistente, en la especie, en la acreditación de la posesión del inmueble cuya afectación defiende-, pues los quejosos si bien aducen ser arrendatarios de los mismos, no comprueban de manera fehaciente tenerlos en posesión. Así, para acreditar la afectación de la que se duelen, los peticionarios exhibieron copia certificada de veintitrés de noviembre de dos mil doce, por el Notario Público Número Treinta y Ocho de Guadalupe, Zacatecas, del contrato de arrendamiento de los tres inmuebles que defienden, celebrado entre Raúl Enrique, Fuenzalida López, Patricia de Lourdes reyes de Santiago, Oscar Domingo Fuenzalida Reyes, Felipe Benjamin Fuenzalida Reyes y Raúl Enrique Fuenzalida Reyes, representados por Paloma Patricia Fuenzalida Reyes, como arrendadores, y los quejosos en su calidad de arrendatarios. Sin embargo, tal probanza de fecha cierta no resulta apta, por sí misma, para demostrar fehacientemente que los quejosos tienen la posesión material de parte del bien raíz respecto del cual afirman ser arrendatarios. En efecto, los quejosos debieron adminicular la referida documental con otros elementos de convicción -como pudiera ser la testimonial, que sería la prueba idónea para demostrar detentar la posesión-, pues el aludido contrato de arrendamiento por sí mismo sólo constituye un indicio para tener por acreditado el hecho de la posesión, esto es, la causa generadora de la posesión; sin que obste a lo anterior, que el referido pacto volitivo haya adquirido fecha cierta a partir de la certificación realizada por el mencionado fedatario (veintiséis de noviembre de dos mil doce), ya que ello, en todo caso, únicamente acredita la existencia del documento en determinada fecha, sin embargo no demuestra en forma alguna la posesión material. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 33/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página trescientos catorce, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él" (énfasis añadido). En este punto, es importante señalar que a pesar de que se estableció la certeza de los actos reclamados, el interés jurídico, como presupuesto procesal para la procedencia del juicio de garantías, no puede derivarse necesariamente de la circunstancia referida, pues ello equivaldría a darle a ésta alcances mayores a los que tiene, por el contrario corresponde al peticionario la obligación de demostrar de manera fehaciente que los actos reclamados le afectan, esto es, el perjuicio de su persona en concreto. Ilustra lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1/2002, de la Primera Sala del Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, febrero de dos mil dos, página quince, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". De modo que, los peticionarios no acreditan que los actos reclamados vulneren su esfera jurídica, ni que le ocasionen un agravio personal y directo que pueda ser materia de análisis en este juicio de amparo, ya que si bien los quejosos ofrecieron como prueba el contrato de arrendamiento referido, el mismo es insuficiente para acreditar la detentación física del inmueble y la afectación en la posesión aducida, ya que por definición legal, la posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, lo cual no es susceptible de ser probado con el contrato de arrendamiento ofrecido como prueba, pues con éste no se demuestra en modo alguno que detenta el inmueble en controversia y menos aún, la afectación en dicha posesión. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 911, visible en el tomo VI, parte TCC, del Semanario Judicial de la Federación página 626, Octava Época, con registro 394867, que dice: "POSESIÓN. UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLA. Un contrato de arrendamiento no es apto para acreditar la posesión de un inmueble, pues solamente demuestra dicho acto, y sobre la posesión únicamente engendra un indicio, insuficiente por sí solo para tenerla por plenamente comprobada, ya que la posesión puede faltar aunque exista el contrato mencionado, por lo que el indicio que establece el referido contrato debe ser corroborado con otros elementos de convicción". De manera que es evidente que, en la especie, respecto a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, resulta procedente sobreseer en este juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 3a. 58 8/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de mil novecientos noventa, página doscientos treinta y seis, de rubro y texto siguientes: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica". Así, al haberse acreditado el motivo de improcedencia analizado, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio ". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo 565/2017 promovido por Gustavo Ramírez Ortiz, María Guadalupe Castañeda Castañeda, Manuel Ramírez Castañeda y Gustavo Adolfo Ramírez Castañeda, contra los actos reclamados al Juez Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, por los motivos vertidos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hoy veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE."
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo 565/2017 promovido por Gustavo Ramírez Ortiz, María Guadalupe Castañeda Castañeda, Manuel Ramírez Castañeda y Gustavo Adolfo Ramírez Castañeda, contra los actos reclamados al Juez Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital del Estado de Zacatecas, por los motivos vertidos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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