Gustavo Olvera Marín

Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
571/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Gustavo Olvera Marín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Después de una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veintitrés de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, por el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de derechos fuera de audiencia. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión y por ello no existe billete de depósito exhibido. No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de agosto del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de derechos; por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  2. Principal

    El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con registro 12470. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por el licenciado Javier Cárdenas Acosta, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígase al promovente que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de derechos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia

  3. Principal

    "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable director Local de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, de expedir el título de concesión de agua con su respectiva prorroga, solicitado en cinco de marzo de dos mil dieciocho, a nombre de Juventino Olvera Marín, a través de su hermano Luis Antonio de los mismos apellidos, entonces albacea de la sucesión a bienes del primero de los citados, solicitud a la que se le asignó el número ZAC-L-0830-05-03-18. Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su informe justificado recibido en ocho de agosto de dos mil diecinueve, informó que es cierto el acto reclamado por el quejoso, los términos siguientes: [.] "Ahora bien, una vez precisado el acto reclamado que es imputado a esta autoridad, manifiesto que ES CIERTO el acto reclamado que el quejoso en su demanda de garantías atribuye a esta Dirección Local. Al respecto, es de señalarse que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el Servidor Público, deberá responder a las peticiones que le sean formulados por escrito y de manera pacífica y respetuosa, en breve término; por lo que, si bien es cierto que no se le ha dado respuesta al C. JUVENTINO OLVERA MARÍN respecto de su escrito donde solicita obtener una concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales asignándole el expediente No. ZAC-L-0830-05-03-18. En efecto, al caso que nos ocupa, esta Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua si bien se recibió en fecha 05 de marzo del 2018 trámite por medio del cual solicita obtener una concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas dentro del expediente ZAC-L-0830-05-03-18, y si bien es cierto, que esta Dirección Local Zacatecas cuenta con las facultades para resolver las referidas solicitudes, también lo es que está a mi cargo para que se encuentre en condiciones de emitir contestación alguna a la solicitud en comento, es indispensable que en su caso, sea procedente la inscripción ante el Registro Público de Derechos del Agua de la Comisión Nacional del Agua autoridad que de conformidad a los artículos 3º fracción 1,3 fracción XLIV de la Ley de Aguas Nacionales y Fracción I inciso C, Fracción V inciso B del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, los Títulos de Concesión deben de estar inscritos ante dicha autoridad, por lo que la resolución que en su caso emita esta Dirección Local puede variar el sentido de la respuesta dependiendo de si la concesión es susceptible de su registro. De igual manera hago de su conocimiento que en fecha 06 de agosto del 2019, a través del Sistema denominado Conagua en Línea, se solicitó la inscripción del trámite electrónico ZAC-L-0830-05-03-18 ante el Registro Público de Derechos de Agua de su solicitud de fecha 05 de marzo del 2018 a nombre del C. Juventino Olvera Marín. " Ahora, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable director local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, a efecto de que dentro del término de tres días, contado al siguiente en que surtiera efectos su notificación, informara si el Registro Público de Derechos del Agua, había dado respuesta a su trámite de solicitud de inscripción ZAC-L-830-05-03-18, respecto a la petición del quejoso de cinco de marzo de dos mil dieciocho, y en caso afirmativo remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. En respuesta al requerimiento a que se alude, la citada autoridad responsable, mediante su oficio de cuenta remite copia certificada del oficio BOO.932.01.-847/2100 de seis de agosto del año en curso, por el que se declara procedente otorgar la prórroga de concesión al quejoso para el aprovechamiento de Aguas Subterráneas, bajo el título de concesión número 07ZAC114478/37AMGE98, emitido a nombre del Juventino Olvera Marín, con lo que le da respuesta a su solicitud de cinco de marzo del año próximo pasado, dentro del expediente ZAC-L-0830-05-03-19; y, acompaña el título de la citada concesión, sello de inscripción en el Registro Público de Derecho de Agua y cédula de notificación realizada al autorizado de la parte quejosa de veintiocho del dicho mes y año, respecto al oficio de referencia De lo cual se advierte que dio contestación a lo solicitado por el quejoso; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de agosto de dos mil diecinueve), la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso y que corresponde al acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la omisión por parte de la autoridad responsable director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, de dar respuesta o resolución al escrito presentado por el quejoso ante su instancia el cinco de marzo de dos mil dieciocho, por lo que al dar contestación a lo solicitado debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con la contestación a lo solicitado por el quejoso han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria que autoriza y da fe. Olivia

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARFTE QUEJOSA EL AUTO DE 30 DE AGOSTO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama toralmente la omisión por parte de la autoridad responsable director Local de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, de expedir el título de concesión de agua con su respectiva prorroga, solicitado en cinco de marzo de dos mil dieciocho, a nombre de Juventino Olvera Marín, a través de su hermano Luis Antonio de los mismos apellidos, entonces albacea de la sucesión a bienes del primero de los citados, solicitud a la que se le asignó el número ZAC-L-0830-05-03-18. Sin embargo, en esta instancia constitucional, la autoridad responsable en su informe justificado recibido en ocho de agosto de dos mil diecinueve, informó que es cierto el acto reclamado por el quejoso, los términos siguientes: [.] "Ahora bien, una vez precisado el acto reclamado que es imputado a esta autoridad, manifiesto que ES CIERTO el acto reclamado que el quejoso en su demanda de garantías atribuye a esta Dirección Local. Al respecto, es de señalarse que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el Servidor Público, deberá responder a las peticiones que le sean formulados por escrito y de manera pacífica y respetuosa, en breve término; por lo que, si bien es cierto que no se le ha dado respuesta al C. JUVENTINO OLVERA MARÍN respecto de su escrito donde solicita obtener una concesión para el aprovechamiento de aguas nacionales asignándole el expediente No. ZAC-L-0830-05-03-18. En efecto, al caso que nos ocupa, esta Dirección Local Zacatecas de la Comisión Nacional del Agua si bien se recibió en fecha 05 de marzo del 2018 trámite por medio del cual solicita obtener una concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas dentro del expediente ZAC-L-0830-05-03-18, y si bien es cierto, que esta Dirección Local Zacatecas cuenta con las facultades para resolver las referidas solicitudes, también lo es que está a mi cargo para que se encuentre en condiciones de emitir contestación alguna a la solicitud en comento, es indispensable que en su caso, sea procedente la inscripción ante el Registro Público de Derechos del Agua de la Comisión Nacional del Agua autoridad que de conformidad a los artículos 3º fracción 1,3 fracción XLIV de la Ley de Aguas Nacionales y Fracción I inciso C, Fracción V inciso B del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, los Títulos de Concesión deben de estar inscritos ante dicha autoridad, por lo que la resolución que en su caso emita esta Dirección Local puede variar el sentido de la respuesta dependiendo de si la concesión es susceptible de su registro. De igual manera hago de su conocimiento que en fecha 06 de agosto del 2019, a través del Sistema denominado Conagua en Línea, se solicitó la inscripción del trámite electrónico ZAC-L-0830-05-03-18 ante el Registro Público de Derechos de Agua de su solicitud de fecha 05 de marzo del 2018 a nombre del C. Juventino Olvera Marín. " Ahora, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable director local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, a efecto de que dentro del término de tres días, contado al siguiente en que surtiera efectos su notificación, informara si el Registro Público de Derechos del Agua, había dado respuesta a su trámite de solicitud de inscripción ZAC-L-830-05-03-18, respecto a la petición del quejoso de cinco de marzo de dos mil dieciocho, y en caso afirmativo remitiera copia certificada de las constancias que así lo acreditaran. En respuesta al requerimiento a que se alude, la citada autoridad responsable, mediante su oficio de cuenta remite copia certificada del oficio BOO.932.01.-847/2100 de seis de agosto del año en curso, por el que se declara procedente otorgar la prórroga de concesión al quejoso para el aprovechamiento de Aguas Subterráneas, bajo el título de concesión número 07ZAC114478/37AMGE98, emitido a nombre del Juventino Olvera Marín, con lo que le da respuesta a su solicitud de cinco de marzo del año próximo pasado, dentro del expediente ZAC-L-0830-05-03-19; y, acompaña el título de la citada concesión, sello de inscripción en el Registro Público de Derecho de Agua y cédula de notificación realizada al autorizado de la parte quejosa de veintiocho del dicho mes y año, respecto al oficio de referencia De lo cual se advierte que dio contestación a lo solicitado por el quejoso; documentales que cuentan con valor probatorio, al tratarse de documentos públicos certificados y por contar con los signos que hacen presumir su autenticidad, relativos al sello de la autoridad responsable, sin que se hubiera demostrado su falsedad; lo anterior, en términos de los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. De manera que es patente que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de agosto de dos mil diecinueve), la autoridad responsable dio contestación a lo solicitado por el quejoso y que corresponde al acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por tanto, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues éstos se concretaban en la omisión por parte de la autoridad responsable director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Guadalupe, Zacatecas, de dar respuesta o resolución al escrito presentado por el quejoso ante su instancia el cinco de marzo de dos mil dieciocho, por lo que al dar contestación a lo solicitado debe estimarse que se subsanó la omisión reclamada. En suma, con la contestación a lo solicitado por el quejoso han cesado los efectos de aquélla, como si se hubiera concedido el amparo; esto, porque la posible concesión de la protección de la Justicia de la Unión solicitada envolvía ordenar que se realizara aquél, lo que ya aconteció en la especie; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley invocada. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, lo que impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con diez minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria que autoriza y da fe. Olivia

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