Gustavo Rivera Borrego

Expediente 732/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
732/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/05/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Rivera Borrego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... a) Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del tres al diez de febrero de dos mil veintidós, con exclusión de los días cinco, seis y siete de citado mes y año, por ser inhábiles, contra el auto que desechó de plano la demanda de derechos. b) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: a) Oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 2046, por el que remite testimonio del conflicto competencial penal 28/2021, así como el juicio de 732/2021 del índice de este juzgado, promovido por el Salvador Lara Martínez, en su carácter de asesor jurídico de Gustavo Rivera Borrego, contra actos del Fiscal General de Justicia del estado de San Luis Potosí y otra autoridad; b) Con la circunstancia de que el licenciado Salvador Lara Martínez cuenta con cédula profesional 3636973 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 2046, por el que remite testimonio del conflicto competencial penal 28/2021, promovido por el Salvador Lara Martínez, en su carácter de asesor jurídico de Gustavo Rivera Borrego, contra actos del Fiscal General de Justicia del estado de San Luis Potosí y otra autoridad; en atención a su contenido, se provee: COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el conflicto competencial penal 28/2021, se advierte que dicho órgano colegiado determinó que este juzgado es legalmente competente para conocer la demanda de amparo indirecto promovido por Salvador Lara Martínez, en su carácter de asesor jurídico de Gustavo Rivera Borrego; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como autoridades responsables al Fiscal General de Justicia del estado de San Luis Potosí y Agente del Ministerio Público de San Luis Potosí Mesa Ocho y actos reclamados los siguientes: "1.- RECLAMO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO NÚMERO 1: La omisión de la conducción jurídica de la investigación que será realizada por los cuerpos policiales, y la persecución ante los tribunales, de los delitos de su competencia.  La omisión de velar por la legalidad, implementación yevaluación de la política criminal del Estado. La omisión de abatir la impunidad, esclarecer los hechos delictivos, proteger al inocente, y reparar los daños causados por los delitos. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO 1 Y 2:  La omisión de la investigación de los delitos denunciados por el hecho señalado como fraude, falsificación de documentos, despojo de bien inmueble y el que resulte.La falta de respuesta de manera fundada y motivada del escrito de fecha 22/06/2021.  La omisión de dictar la medida cautelar solicitada para que se gire oficio al Registro Público de la Propiedad para que la propiedad de: CASA, CONSISTENTE EN LOTE DE ERRENO NÚMERO 6 Y CASA SOBRE EL CONSTRUÍDA MARCADA CON EL NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y DOS GUION SEIS UBICADA EN PRIVADA MONTES DEACONCAGUA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS SEGUNDA SECCIÓN, SAN LUIS POTOSÍ, NO PUEDA SER OBJETO DE NINGÚN TRALADO DE DOMINIO, VENTA HIPOTECA, O CUALQUIER SIMILAR CONFORME A LO ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 138, 155 CNPP." A su vez, de un estudio minucioso de la demanda de amparo, es factible colegir que Salvador Lara Martínez, quien se ostenta como asesor jurídico del quejoso Gustavo Rivera Borrego, reclamó de las mencionadas responsables, lo siguiente: La omisión de tramitar e integrar la carpeta de investigación 7667/2020 RU 9304/2020, con motivo de la denuncia formulada por Salvador Lara Martínez, como asesor jurídico de Gustavo Rivera Borrego. La omisión de pronunciarse sobre la medidas cautelares que solicitó, entre ellas, se girara oficio al Registro Público, a efecto de anotar que el inmueble ubicado en "LOTE DE ERRENO NÚMERO 6 Y CASA SOBRE EL CONSTRUÍDA MARCADA CON EL NÚMERO QUINIENTOS NOVENTA Y DOS GUION SEIS UBICADA EN PRIVADA MONTES DEACONCAGUA DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS SEGUNDA SECCIÓN, SAN LUIS POTOSÍ", no puede ser objeto de traslado de dominio, venta, hipoteca o cualquier similar conforme lo establecen los artículos 138 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La omisión de dictar el acuerdo relacionado con la promoción presentada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, por Salvador Lara Martínez, como asesor jurídico de Gustavo Rivera Borrego, a través de la cual, solicitó copia certificada de la carpeta de investigación 7667/2020 RU 9304/2020 y, en su caso, la judicialización de la citada carpeta. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del anterior artículo, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 77, número 68, agosto de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por ello, es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, como en el caso acontece. Ahora bien, respecto de los actos reclamados a las responsables, consistentes en la omisión de la investigación de los delitos denunciados por los hechos señalados como fraude, falsificación de documentos, despojo de bien inmueble y el que resulte, la omisión de decretar medidas de protección dentro de la carpeta de investigación CDI 7667/20 y RU 9304, la omisión de dar respuesta a la solicitud de copias certificadas de dicha carpeta y la omisión de judicializar, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, afecten la libertad personal, o bien, en el supuesto que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, supuesto en el que el quejoso queda en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras hipótesis. En este contexto, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. De ahí la obligación del gobernado de agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo. En ese tenor, tenemos que en contra de los actos reclamados consistentes en la omisión de la investigación de los delitos denunciados por los hechos señalados como fraude, falsificación de documentos, despojo de bien inmueble y el que resulte, la omisión de decretar medidas de protección dentro de la carpeta de investigación CDI 7667/20 y RU 9304, la omisión de dar respuesta a la solicitud de copias certificadas de dicha carpeta y la omisión de judicializar, procede el recurso innominado que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la intelección literal del artículo transcrito si bien se advierte que puede impugnarse ante el Juez de Control, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a fin de que el mismo Juez las examine y dicte la resolución que corresponda; también lo es que, debe entenderse que dicho recurso es procedente en general en contra de las omisiones del Ministerio Público que definen el curso de la investigación, con la finalidad de que el Juez de Control las revise y en su caso le ordene reanudar la investigación y la práctica de todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Materia Penal, visible en la página 945, Tomo I, Agosto de 2018 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2017641, cuyo rubro y texto disponen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En el caso, los actos reclamados reúnen las características establecidas en el aludido numeral y su interpretación por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son omisiones que definen el curso de la indagatoria y de las cuales se requiere el control judicial; por tanto, en contra de las omisiones reclamadas a las autoridades responsable relativas a la omisión de la investigación de los delitos denunciados por los hechos señalados como fraude, falsificación de documentos, despojo de bien inmueble y el que resulte, la omisión de decretar medidas de protección dentro de la carpeta de investigación CDI 7667/20 y RU 9304, la omisión de dar respuesta a la solicitud de copias certificadas de dicha carpeta y la omisión de judicializar, procede el recurso innominado que establece el artículo 258 del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia: 1a./J. 28/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época, del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Sin que se pase por alto que, como se precisó, existen supuestos de excepción a dicha regla; sin embargo, debe destacarse que en la especie no se actualiza alguno de tales casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación del quejoso de acatar ese principio. Lo anterior, porque de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado emana de un procedimiento penal, consistente en diversas omisiones en la integración de la carpeta de investigación número 7667/20 y RU 9304, lo cual conlleva a considerar que no se está ante la presencia de algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de aquellos que afecten la libertad personal de la quejosa; por lo que no existe un supuesto de excepción para agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. Luego, con base en la naturaleza de los actos que se reclaman, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo por su notoria improcedencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. EMVG

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, tres de noviembre de dos mi veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; quedando registrado como conflicto competencial penal 28/2021. Notifíquese. ...

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la jueza Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, por el que acusa recibo del oficio 31685/2021 mediante el cual se le remitieron los autos del juicio de amparo 732/2021 por haberse declarado incompetente este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda que dio origen al mismo. De igual forma transcribe el proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio de amparo 966/2021-11 de su índice, del que se advierte que ese tribunal no aceptó la competencia planteada por este Juzgado, por lo que, devuelve los autos del diverso juicio 732/2021; acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado insiste en declinar la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno; en consecuencia, con apoyo en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que dirima la cuestión competencial suscitada, remitiéndole al efecto los autos del juicio de amparo 732/2021, del índice de este órgano jurisdiccional. Notifíquese electrónicamente a la parte promovente. ...

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