Gustavo Meza Sánchez

Expediente 378/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
378/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Meza Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, se tiene a la quejosa cumpliendo con la prevención formulada en proveído de doce de los corrientes, lo que hace informando que le fue depositada la cantidad correspondiente a la actualización del monto a devolver con motivo de la sentencia que concedió la protección federal. En razón de lo anterior y, en conformidad con lo acordado en ese mismo auto, este Tribunal se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector, en el siguiente sentido: El veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo, por considerar que los artículos 8 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Celaya para el ejercicio fiscal dos mil veinte y 188 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, al contener un derecho -en oposición a impuesto- cuya base y tasa gravables son desproporcionadas e inequitativas, son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los efectos fueron: Que se desincorpore a la quejosa de la aplicación presente y futura de dichos dispositivos legales. La autoridad fiscal ejecutora competente devuelva la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales. Dicho fallo fue confirmado el ocho de julio de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en el amparo en revisión administrativo 54/2021. En cumplimiento de ello, mediante oficio presentado el veinte de septiembre pasado, la tesorera municipal de esta ciudad, informó que dejó a disposición de la parte quejosa, la cantidad de $728,950.45 (setecientos veintiocho mil novecientos cincuenta pesos 45/100) por concepto de devolución de la cantidad erogada con motivo de la norma declarada inconstitucional. Ahora bien, el uno de octubre de dos mil veintiuno, se aclaró que "Si bien, en la sentencia no obra expresamente el mandato de devolver las cantidades que erogó la quejosa, con su respectiva actualización, lo cierto es que el artículo 77 de la Ley de Amparo exige la plena restitución de los derechos fundamentales violados, lo que implica que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación. Esto, a fin de lograrse cabalmente, conlleva la actualización correspondiente. De lo contrario, la restitución sería incompleta y se incumpliría con la finalidad del propio juicio de amparo". Ante ello, se requirió a la autoridad ejecutora que exhibiera las constancias que demostraran que "está a disposición de la quejosa la cantidad a devolver, en el entendido de que deberá estar actualizada conforme a la normatividad aplicable y debidamente detallada (fundada y motivada)." El monto principal fue depositado a la promovente, según escrito presentado por su mandatario legal el veintisiete de octubre de del presente año, lo que se corrobora con lo manifestado en el escrito de cuenta. En cuanto a la actualización, la autoridad responsable presentó oficio el ocho de los corrientes, en el que detalló la forma en que la efectuó, conforme al artículo 45 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato para los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintiuno. Esto es, aplicó el factor de actualización de la cantidad a devolver (1.072879) obtenido de la división del Índice Nacional de Precios al Consumidor, entre el mes de pago de la contribución (may-20) y la fecha en que ordenó su devolución (sep-21), para obtener la cantidad de $53,125.31 (cincuenta y tres mil ciento veinticinco pesos 31/100) que fue también depositada a la quejosa, según el escrito de cuenta. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para el efecto de que se dejaran de aplicar las disposiciones declaradas inconstitucionales y se devolviera a la peticionaria la cantidad -debidamente actualizada- que pagó por tal motivo, lo que así ocurrió, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. No pasa inadvertida la inconformidad de la promovente, hecha valer en escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y reiterada en el de cuenta, en el sentido de que también deben devolvérsele los intereses correspondientes, según lo dispone el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato que, a la letra, dice: "Artículo 53. Cuando se solicite la devolución, esta deberá efectuarse dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, informes y documentos que señale la forma oficial respectiva. Si dentro de dicho plazo no se efectúa la devolución, la Tesorería Municipal deberá pagar intereses conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos en los términos del artículo 49 de esta ley. Los intereses se calcularán sobre las cantidades que proceda devolver, excluyendo los propios intereses y se computarán desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se efectúe la devolución o se pongan las cantidades a disposición del interesado. El contribuyente que habiendo efectuado el pago de un crédito fiscal determinado por la autoridad interponga oportunamente los medios de defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable total o parcialmente, tendrá derecho a obtener de la Tesorería Municipal el pago de intereses conforme a la tasa que señale la Ley de Ingresos del Municipio que corresponda para los recargos, sobre las cantidades pagadas indebidamente y a partir de que se efectuó el pago." Su aseveración resulta inexacta, pues el numeral transcrito contiene la hipótesis del pago de intereses, para el caso de que la autoridad haya incurrido en mora, lo que no se actualiza en el presente asunto, pues la cantidad a devolver obedece a la sentencia de amparo, no a esa mora ni a alguna actuación ilegal de la autoridad. Así lo hizo ver el Máximo Tribunal en la jurisprudencia que interpretó el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado, de contenido sustancialmente igual al aquí señalado y que resulta aplicable al caso, con el siguiente rubro y texto: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). Los efectos restitutorios de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, que obligan a la autoridad responsable a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas y que operan en virtud de su imperio, sin condicionamiento de que el interesado se sujete a un procedimiento administrativo previsto en leyes diversas a la de Amparo, como sería la solicitud de devolución relativa, no comprenden el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Sin embargo, tal obligación indemnizatoria a cargo del fisco puede derivar de lo dispuesto en las leyes fiscales regulatorias de la contribución específica, por lo que debe atenderse a ésta para determinar si se encuentra legalmente prevista su procedencia. Así, en el caso del Distrito Federal, tal devolución no comprende el pago de intereses, pues el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal abrogado no lo prevé así, ya que los regula tratándose del pago de lo indebido como indemnización por mora de la autoridad, y si bien la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma fiscal trae consigo que el entero efectuado por el contribuyente sea equiparable al pago de lo indebido, al haber cesado para éste el supuesto legal que dio origen al hecho generador de la contribución, esta equiparación no actualiza la procedencia del pago de intereses ante la inexistencia de mora o actuación ilegal de la autoridad, pues tanto ésta al recibir el entero, como el contribuyente al hacerlo, actuaron dentro del marco previsto en la ley, es decir, cumpliendo la obligación legal dentro del plazo y en ejercicio de su facultad de imperio y fiscalización, respectivamente, lo que tiene explicación lógica en el hecho de que la sentencia protectora se dicta posteriormente, y es de ésta de la que proviene el derecho a la devolución." Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, dado que no fueron aportados por las partes.

  2. Principal

    Visto el oficio que suscribe la tesorera municipal, mediante el cual contesta la vista que le fue concedida el veintisiete de septiembre pasado y, al efecto, manifiesta que la cantidad a devolver a la parte quejosa, en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio, no debe ser con las respectivas actualizaciones, al no haber sido materia del fallo constitucional. Al respecto, este Tribunal provee: En la sentencia en la que se concedió la protección federal, confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el efecto fue, a la letra: "1) Se desincorpore a la quejosa de la aplicación presente y futura de dichos dispositivos legales. Cabe decir que la protección constitucional que antecede debe hacerse extensiva al acto de aplicación consistente en el pago efectuado el ocho de mayo de dos mil veinte. 2) la autoridad fiscal ejecutora competente le devuelva la cantidad que enteró con motivo de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales." Si bien, en la sentencia no obra expresamente el mandato de devolver las cantidades que erogó la quejosa, con su respectiva actualización, lo cierto es que el artículo 77 de la Ley de Amparo exige la plena restitución de los derechos fundamentales violados, lo que implica que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación. Esto, a fin de lograrse cabalmente, conlleva la actualización correspondiente. De lo contrario, la restitución sería incompleta y se incumpliría con la finalidad del propio juicio de amparo. Sirve de orientación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada como 2a./J. 13/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, página 592, de rubro y texto: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Asimismo, orienta la diversa tesis aislada 1a. LXXIII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VII, abril de dos mil doce, tomo 1, página 871, de rubro y texto: "DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005). Este alto tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se manifiesta de manera positiva, sino también de forma negativa, al prohibir a la autoridad recaudar cantidades superiores a las debidas, obligándola a reintegrar al particular las obtenidas injustificadamente; asimismo, que en el caso de normas declaradas inconstitucionales, aun cuando no establezcan la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, ya que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, no es válido justificar la omisión de actualizar las cantidades enteradas indebidamente con la afirmación de que el contribuyente "no solicitó la actualización", ya que, por una parte, los formatos emitidos por la autoridad fiscal no tienen un espacio para solicitarla, lo cual no puede ser una omisión atribuible al contribuyente, pero además, éste tampoco puede solicitar el monto de la devolución actualizado, pues al presentar la solicitud no puede saber cuándo recibirá por parte de la autoridad la cantidad solicitada, y dado que la actualización del pago indebido debe realizarse desde que éste se efectuó hasta que la devolución se recibe, aquél no cuenta con los elementos necesarios para hacer el cálculo al presentar la solicitud de devolución. Por otra parte, la falta de una solicitud expresa no exime a la autoridad de cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, ya que la actualización de las cantidades a su cargo no es optativa, sino que constituye una obligación clara y sin excepción alguna, de reintegrar al contribuyente los pagos de lo indebido actualizados." En esa medida, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante para que dentro del plazo genérico de tres días, acredite los trámites o gestiones realizados para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que implica que deberá remitir a este órgano jurisdiccional, las constancias que demuestren que está a disposición de la quejosa la cantidad a devolver, en el entendido de que deberá estar actualizada conforme a la normatividad aplicable y debidamente detallada (fundada y motivada), a fin de proveer lo conducente. Apercíbasele que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cuatrocientos días, en términos a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Además, se hace de su conocimiento que de no acatar lo ordenado, en los términos establecidos, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    Agréguese sin mayor proveído el oficio signado por la tesorera municipal de Celaya, Guanajuato, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; lo anterior, pues en acuerdo previo se tuvo por recibido un diverso comunicado con igual contenido y se acordó lo conducente.

  4. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que no obstante los requerimientos que se le han realizado a la autoridad responsable tesorero municipal de Celaya, a fin de que de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y en ese sentido, remita las constancias que acrediten su dicho, ha sido omisa en informar las gestiones realizadas al respecto. Por ende, previamente a hacer efectivos los apercibimientos anteriores, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente, para que de inmediato, remita la constancia con la que acredite los trámites o gestiones realizadas para el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercíbasele que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cuatrocientos días, en términos a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Además, se hace de su conocimiento que de no acatar lo ordenado, en los términos establecidos, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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