Gustavo Medina Ávila
Expediente 436/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Medina Ávila
Actuaciones
- Principal
Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio que firma el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, mediante el cual informa que ese órgano judicial se avocó al conocimiento del juicio de amparo 436/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia legal por razón de territorio, planteada por esta potestad federal. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes-, como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso i) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al haberse declarado incompetencia legal por razón de territorio.
- Principal
Vista la demanda presentada por ********************, contra actos del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Guanajuato, capital, por violaciones a los artículos 16 y 19 constitucionales. Regístrese en el libro de gobierno con el número 436/2021-III. Del análisis que se efectúa a la demanda se advierte que la parte quejosa, acude a la instancia constitucional doliéndose de: De igual forma, se advierte que el quejoso refiere que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 , CPS Guanajuato. Declinación de competencia. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Dicho precepto alude a "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. Es decir, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, en un caso como éste, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta (Ocampo), pero principalmente, la causa penal que se le instruye se encuentra radicada en un diverso municipio (Guanajuato), la competencia se surte en el juez de distrito en cuya jurisdicción se verifique el proceso. Lo anterior es así, pues los efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa a la que el procesado está sometido. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, página 2183 "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: Remitir el cuaderno principal del presente asunto al juez de distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para lo que a bien tenga ordenar, en compañía de las copias respectivas de la demanda. Solicitar remita el acuse de recibo correspondiente; y Formar el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Usuario y autorizados. Se autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario ********************, matriculado debidamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que desde ahora se tiene como sitio para recibir notificaciones personales al usuario en cita, tal como fue solicitado, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que la firma electrónica es el medio de ingreso al referido sistema electrónico y constituye una opción para recibir notificaciones. En el entendido de que la Oficial Judicial "A" de este juzgado, deberá habilitar el usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno, sin ulterior acuerdo. Ahora, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, ya que de la certificación que antecede se advierte que cuenta con cédula profesional registrada ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con la facultades limitadas del precepto en cita a los diversos profesionistas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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