Gustavo Homero Aguilar Lara
Expediente 514/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gustavo Homero Aguilar Lara
Actuaciones
- Principal
Vista la constancia de notificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el seis de junio de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ***********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original anexos a su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.En Celaya, Guanajuato, veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, licenciado César Antonio Hernández León, da cuenta al Encargado del Despacho con el estado de autos y certifica: que el término de cinco días de que dispuso la parte quejosa para interponer recurso de queja contra el auto de seis de junio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda promovida por Gustavo Homero Aguilar Lara transcurrió del catorce al veinte de los corrientes, sin contar los días dieciocho y diecinueve por ser inhábiles. Conste. Celaya, Guanajuato, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Vista la constancia de notificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el seis de junio de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por Gustavo Homero Aguilar Lara, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.Vista la constancia de notificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el seis de junio de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por Gustavo Homero Aguilar Lara, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original anexos a su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) Gustavo Homero Aguilar Lara o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado los días veintidós y veintitrés de junio del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Vista la constancia de notificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el seis de junio de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por ***********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original anexos a su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.En Celaya, Guanajuato, veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, licenciado César Antonio Hernández León, da cuenta al Encargado del Despacho con el estado de autos y certifica: que el término de cinco días de que dispuso la parte quejosa para interponer recurso de queja contra el auto de seis de junio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda promovida por Gustavo Homero Aguilar Lara transcurrió del catorce al veinte de los corrientes, sin contar los días dieciocho y diecinueve por ser inhábiles. Conste. Celaya, Guanajuato, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Vista la constancia de notificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el seis de junio de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por Gustavo Homero Aguilar Lara, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.Vista la constancia de notificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el seis de junio de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por Gustavo Homero Aguilar Lara, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original anexos a su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) Gustavo Homero Aguilar Lara o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado los días ocho y nueve de junio del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de seis de junio de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del día diez de junio de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Vista la demanda de amparo presentada por Gustavo Homero Aguilar Lara, contra actos de la Subdelegada de Prestaciones y el Departamento de Afiliación y Prestaciones, ambos del Instituto e Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Guanajuato; fórmese cuaderno de amparo físico y electrónico, bajo el registro número 514/2016. Ahora, del estudio de la demanda de amparo y sus anexos, se desprenden los antecedentes siguientes: 1.- El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, la parte quejosa presentó ante la responsable solicitud para la continuación voluntaria del régimen obligatorio. 2.- El trece de mayo de dos mil dieciséis, la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Guanajuato dio respuesta a la solicitud detallada en el punto anterior, en el sentido de negarle al quejoso la incorporación al régimen obligatorio, por los argumentos que expresa en el oficio DAPE/SDAV/0813/2016. Determinación que constituye el acto reclamado. Hecho lo anterior, es menester señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y sus anexos; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 113, 61 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. Es así porque se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. La causa de improcedencia contenida en la fracción transcrita se encuentra motivada por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Entonces, si como se precisó en líneas anteriores el acto reclamando en la presente instancia lo constituye la resolución de trece de mayo de dos mil dieciséis, en donde se negó al quejoso la incorporación al régimen obligatorio de pensiones; resulta insoslayable que debió acudir, previo al juicio que nos ocupa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de agotar el correspondiente procedimiento administrativo, según se explica a continuacion. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, establece, entre sus hipótesis de procedencia varios supuestos de actos administrativos y recursos resueltos en sede administrativa tendentes a revocar, modificar o nulificar dicho acto, como se aprecia: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;" Así, la hipótesis de procedencia del juicio de contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecida en el precepto legal anteriormente destacado, actualizan la existencia de un medio ordinario de defensa susceptible de revocar, nulificar o modificar los actos administrativos enumerados en ellas, al constituir la ley que los rige, por cuanto a que los regula y alude a ellos de manera específica y expresa, al colmar las hipótesis y consecuencias jurídicas que producen en la esfera del particular, aunque se encuentren en un ordenamiento legal diverso al que motivó la emisión del acto, debiendo concluir que con ello se satisfacen los requisitos previstos para considerar al citado juicio un medio impugnativo regido o establecido en una ley formal y material. Cabe señalar que en el presente asunto no se considera actualizada alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, tal como se demostrará a continuación. Al peticionario de amparo no le resulta el carácter de tercero extraño, debido a que no se está en presencia de actos reclamados emitidos dentro de algún procedimiento. En ese sentido, a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto reclamado, ya que la ley que lo rige prevé la citada medida cautelar sin exigir mayores requisitos a los regulados por la Ley de Amparo, tal como se lee en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aplicable a los juicios que se siguen ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dispone: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De la interpretación de este precepto, se obtiene que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo. En efecto, del análisis comparativo del mencionado numeral y los diversos 128, 129, 131 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: a. Requisito de la solicitud de la suspensión por parte del agraviado. Tanto en el juicio contencioso administrativo como en el de amparo, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados se solicita por el accionante; por lo que su regulación es similar. b. Oportunidad para solicitar la suspensión. El artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el actor podrá solicitar la suspensión en cualquier etapa del juicio hasta en tanto no se dicte sentencia firme; mientras que el artículo 130 de la Ley de Amparo prevé que la parte quejosa podrá solicitar la medida suspensiva al momento de promover el amparo o en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria; regulación idéntica en ambos juicios. c. Autoridad que provee respecto de la suspensión. En el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se prevé que el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución del acto impugnado; mientras que en la suspensión en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolverla es aquél que conoce del juicio de garantías, acorde con lo señalado en los artículos 125 y 138 de la Ley de Amparo; de ahí que deba considerarse que el requisito previsto en el juicio de nulidad no es mayor al señalado en la legislación de amparo. d. Requisito relativo al orden público y al interés social. En los artículo 28, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 128 y 131 de la Ley de Amparo se exige, como requisito de procedencia, que la concesión de la medida cautelar no cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; además de que la suspensión será concedida siempre que la ejecución del acto reclamado produzca daños y perjuicios de difícil reparación, lo que se traduce en la demostración del interés para obtener la suspensión por parte del solicitante. e. Efecto del otorgamiento de la suspensión. El numeral 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que en los juicios contenciosos administrativos pueden decretarse medidas cautelares para mantener la situación de hecho existente, mientras que el artículo 26 establece medidas cautelares positivas. Por su parte, el artículo 147 de la Ley de Amparo dispone que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, la suspensión tendrá como efecto paralizar su ejecución o restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado. Consecuentemente, ambas legislaciones prevén efectos idénticos para las medidas cautelares. f. Plazo para proveer sobre la medida. Ambos ordenamientos establecen que tanto el magistrado instructor en el juicio de nulidad, como el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda de amparo, deben proveer dentro del plazo de veinticuatro horas, a partir de la solicitud de la suspensión, sobre el otorgamiento o negativa de la medida. En esas circunstancias se concluye que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, tomo I, abril de 2015, página 783, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En otro aspecto, por cuanto hace a que el acto reclamado se encuentre fundado desde un punto de vista formal, a efecto de que se observe el principio de definitividad, también se actualiza en este caso. Para demostrar lo anterior, se precisa referir que la falta de fundamentación es la omisión de la autoridad en citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos que lo justifiquen; es decir, que carece de la mención de las normas jurídicas que son aplicables al caso concreto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, sexta parte, página 158, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL." En ese entendido, del análisis del acto reclamado se obtiene que la autoridad responsable invocó determinadas normas para fundar su actuación, de tal suerte que desde el punto de vista formal, no hay una carencia o falta de la fundamentación de la actuación impugnada. Por último, los actos impugnados no son disposiciones de carácter general, ni tampoco se reclaman como acto de aplicación de éstas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 449 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo III, página 104, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION." Tampoco se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Por tanto, el juicio contencioso administrativo analizado no está previsto en un reglamento, sino en una ley, como es la Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. En consecuencia, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pueden revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Sirve de sustento -dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió-, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, página mil seiscientos sesenta y cinco, registro 175964, titulada: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Poniente, número 515, despacho número 101, Zona Centro de esta ciudad, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Navarro Portillo y José Alfredo Montenegro Cabrera, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos del citado numeral a Juan José Bombela Rivera y Juan Antonio Ayala Moreno, por no encontrarse en dicho supuesto.
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