Gustavo Humberto Stefanoni Silva
Expediente 674/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gustavo Humberto Stefanoni Silva
- Armando Cano Díaz
- José Manuel Manriquez Ríos
Actuaciones
- Principal
El licenciado Oscar Hernández García secretario del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad certifica: Que concluyó el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo para impugnar el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, toda vez que el mismo transcurrió del cinco al once del mes y año que transcurre, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna a través de la cual se impugne dicho auto. Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil diecinueve. Doy fe. El doce de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta al Juez dentro del expediente de amparo 674/2019, con la certificación que antecede. Conste. Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Armando Cano Diaz y Otros, sin que lo hayan hecho. Por tanto, como la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El licenciado Oscar Hernández García secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad certifica: Que concluyó el plazo de cinco días que establece el artículo 114 de la Ley de Amparo para cumplir con la prevención formulada en autos, toda vez que el mismo transcurrió del veinte al veintiséis del mes y año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se hay recibido escrito alguno a través del cual se cumpla con la prevención formulada en autos. Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del expediente de amparo 674/2019, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, concedido a la parte quejosa, a efecto de que cumpliera con el requerimiento formulado en acuerdo de catorce del mes y año que transcurre, sin que lo haya hecho. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no cumplió con lo solicitado en dicho proveído, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Armando Cano Diaz y otros. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese la demanda de amparo promovida por Armando Cano Díaz y otros contra actos de la Jefa del Departamento de Control Escolar dependiente del área Incorporación y Revalidación de la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Fórmese expediente regístrese en el libro de gobierno con el número 674/2019. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que las siguientes personas omitieron plasmar sus firmas en dicho libelo: 1. Gustavo Humberto Stefanoni Silva; 2. Flor Ivonne Gutiérrez Pacheco; 3. Betzabe Hernández Rivera; 4. Katia Miranda Cortazar; 5. Alejandro Reyna Rodríguez; 6. Juanita Domínguez Baeza; 7. Stephanie Balcazar López; 8. Fernanda Claudia Navarro Gutiérrez; 9. María Araceli Pérez Escutia; 10. Hilda Guadalupe Salgado Jacinto; y, 11. Flor Guadalupe Sánchez Sánchez. Por tanto, al haber omitido estampar su firma en la demanda inicial, ello se traduce en una falta y ausencia de voluntad para promover el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, se tiene por no presentada la demanda promovida por las personas precisadas con antelación. Apoya a lo anterior, la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1613, Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente. Por otro lado, se tiene a Armando Cano Díaz y otros promoviendo demanda de amparo contra actos de la Jefa del Departamento de Control Escolar dependiente del área Incorporación y Revalidación de la Coordinación General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. Asimismo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos a Armando Cano Díaz. Analizada la demanda, se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados lo siguiente: Acciones negativas y omisiones que violan los artículos 1, 3, 14, 16, 17 y 133 constitucionales; y, Actos de discriminación en contra de actores. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a los quejosos para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, bajo protesta de decir verdad y advertidos de las sanciones a que se hace acreedor quien afirma hechos falsos u omite los que le constan, previstos en el dispositivo 261 del ordenamiento legal invocado, precisen de manera clara lo siguiente: a) Señalen en concreto y específico el acto que le causa agravio y del que se duelen en la presente instancia, pues de la lectura integra de su demanda se advierte que reclaman de forma genérica diversos actos, toda vez que no resulta factible resolver en un mismo asunto una pluralidad de actos reclamados; b) Lo anterior, pues deben precisar la norma general, acto u omisión que reclamen de la autoridad responsable, de acuerdo con el marco jurídico que regula su actividad, expresar los hechos y abstenciones que le consten, así como las atribuciones de sus respectivas competencias de manera clara; c) Señalen la fecha exacta en que tuvieron conocimiento del acto específico que reclaman, indicando para tal efecto circunstancias de modo, tiempo y lugar; así como la autoridad a la cual le atribuye dicho acto; d) Manifiesten si presentaron escrito por el cual hayan solicitado a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, la autorización y reconocimiento de validez oficial a que se refiere el artículo 80 de la Ley General de Educación; y, e) Exhiban copias de su escrito aclaratorio, suficientes para correr traslado a la totalidad de las partes. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con la totalidad de los puntos de prevención dentro del plazo que para ello se les concede, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
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