Gustavo Durán Rivera

Expediente 543/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
543/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Gustavo Durán Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo el diverso oficio 1443 del índice de este juzgado, así como los autos originales del toca de apelación l-14/2021 de su índice. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 543/2021, promovido por Gustavo Durán Rivera, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintidós de abril de dos mil veintiuno, Gustavo Durán Rivera, por su propio derecho, compareció a promover amparo directo contra actos de la propia Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que dicha demanda y sus anexos se remitieron al Tribunal Colegiado de Circuito en turno. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77, tercer párrafo, 86, 476, 687 y 1004 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, y 874, fracción I, y 875 del Código Civil de Michoacán. Sin embargo, por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que el acto reclamado no constituye una sentencia o resolución que ponga fin al juicio, por tanto, a través del oficio 2698 ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 543/2021 y en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en los términos planteados; asimismo, se estimó innecesario requerir a la autoridad responsable su informe con justificación, dado que el mismo ya obraba glosado en las constancias que remitió el tribunal colegiado; se convalidó el emplazamiento realizado por la responsable a los terceros interesados Arturo Durán Rivera y Vicente Durán Rivera; de igual forma, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno dictada dentro del toca de apelación I-14/2021, que modificó el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio sucesorio testamentario 724/2014, radicado a bienes de Teresa Rivera Rivera y/o Ma. Teresa Rivera Rivera. Acto que atribuye a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad responsable, consistentes en los autos originales del toca de apelación 14/2021 y testimonio autorizado de las constancias relativas al juicio sucesorio testamentario 724/2014 [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador la advierte de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, como quedó establecido anteriormente, la sentencia reclamada de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Gustavo Durán Rivera, contra el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, para ahora quedar redactado de la siguiente forma: ".Visto el escrito de cuenta suscrito por ARTURO DURÁN RIVERA, con el carácter de albacea definitivo de la sucesión que tiene debidamente reconocido en autos, como lo solicita, téngasele compareciendo a solicitar la fijación de la fianza para garantizar el manejo del cargo de albacea que detenta. Ahora, como mediante escrito del 9 nueve de noviembre del año 2020 dos mil veinte, compareció el citado albacea a manifestar que acudía a dar cumplimiento con el requerimiento con el requerimiento emanado por el Tribunal de alzada, y virtud a ello solicitaba se le fijara la fianza correspondiente para seguir ejerciendo el cargo; con cuya petición, dicho representante de la sucesión testamentaria de forma automática se dio por notificado de manera personal sobre el sentido de la resolución emitida por el Magistrado de la Séptima Sala Civil, dentro del toca de apelación número I-125/2020, específicamente con lo concerniente a que debía requerirse a Arturo Durán Rivera, para que dentro del término de 3 tres meses garantizara su encargo de albacea, atento a lo dispuesto por el precepto 874 de la Legislación Civil Local; entonces, es a partir de dicho ocurso cuando le empieza a correr el término de los 3 tres meses en cita, por ende, se encuentra dentro del término legal cumpliendo con el requerimiento de mérito. En principio y tomando en consideración lo dispuesto por el ordinal 874, fracción I." Al efecto, primer término, cabe precisar que devienen inatendibles todos aquellos motivos de inconformidad que expresa el quejoso, tendentes a atacar lo resuelto por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en el juicio sucesorio testamentario de origen, en virtud de que las actuaciones del juez instructor fueron sustituidas por la resolución de segunda instancia aquí reclamada. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/4, visible en la página 121, del Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." En segundo término, analizados que fueron los conceptos de violación que el quejoso vertió en su demanda constitucional, tendentes a atacar la resolución de segunda instancia, se advierte que argumenta esencialmente: Que la resolución reclamada violenta en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque si bien es cierto que en el diverso toca I-125/2020 la alzada modificó el auto de doce de noviembre de dos mil veinte a fin de prevenir a Arturo Durán Rivera para que dentro del término de tres meses garantizara su manejo con sujeción a lo dispuesto por el artículo 874 del Código Civil para el Estado, dicho albacea no señaló domicilio para recibir notificaciones y por ello su notificación corre por lista, por lo que al indicar la magistrada responsable que no le estaba corriendo ningún plazo omitió lo establecido en los artículos 77, tercer párrafo y 86 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, transgrediendo el debido proceso. Que con lo anterior también se violan en su perjuicio los artículos 874 y 875 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al afirmar la magistrada que el término para Arturo Durán Rivera comenzó a contar a parir de su comparecencia a dar cumplimiento a lo determinado en el toca I-125/2020, esto es, mediante el ocurso de nueve de noviembre de dos mil veinte, porque con ello le concede un término diferente al señalado en los citados artículos. Que la apelación contra el auto de doce de noviembre de dos mil veinte fue también por la cuantificación de la fianza hecha por el juez de origen respecto del valor del negocio en base al certificado catastral del año 2013; agravio que refiere no fue valorado por la Magistrada responsable y trasciende al sentido del fallo porque si combatió la determinación de la fianza en base a un 10% del valor estimado en un certificado del año 2013, este resulta precisamente de la cuantía, no como infiere la responsable al afirmar que no atacó la cantidad fijada por el juez de origen. Que el tribunal de alzada señaló que el juez de origen tuvo un error de dedo al omitir la palabra "tres", como lo establece el numeral 874 del ordenamiento sustantivo civil; y que efectivamente el citado artículo establece el plazo de tres meses contado desde que acepte su nombramiento para garantizar su manejo con fianza, hipoteca o prenda, sin que ello fuera tomado en cuenta por la responsable dando como resultado un fallo contradictorio y diferente a lo que establece la ley de la materia, infringiendo la cuantía del negocio y determinación de la fianza al convalidar lo realizado por el juez de origen quien dio trámite a la solicitud de cuantificación de la fianza con base en un certificado catastral del año 2013; lo cual aduce fue motivo de agravio que no analizó en su totalidad la autoridad responsable pues si lo hubiere hecho, daría como resultado la determinación de remover al albacea. Que la autoridad responsable transgrede la vigencia de la norma jurídica y le da retroactividad en su perjuicio, debido a que el certificado catastral en que se fundamenta es del año 2013 y resulta ilógico que en el año 2020 tenga asignado el mismo valor en la oficina recaudadora para el pago de impuestos, por lo que resulta equivocada la determinación de la magistrada porque no es razonable traerlo a consideración para determinar un 10% del valor de la propiedad en el año 2020, por tanto la fijación de la fianza carece de sustento jurídico. Que la responsable vulnera en su perjuicio los artículos 874, 875 y 1056 del Código Civil de Michoacán, al determinar que fue omiso en señalar los argumentos lógicos y jurídicos merced a los cuales estimó que se infringieron los dispositivos legales 75, 101, 104, 105, 987 y 1004 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque si bien es cierto que el diverso artículo 692, segundo párrafo, del mismo código establece la forma en que se debe presentar la apelación, tales requisitos sí fueron cubiertos o el recurso se habría desechado, y en cada agravio hizo valer su alcance, por lo que si la acción y la excepción proceden sin que se diga su nombre, más aún debe prosperar una apelación si en ella se hace valer que se tomó en cuenta un certificado del 2013 para fijar el monto de la fianza del cargo de albacea en el 2020. Los anteriores motivos de disenso deben calificarse como infundados. Se afirma lo anterior porque, -en oposición a lo que argumenta el peticionario de amparo- de la resolución reclamada se desprende la magistrada responsable, sí analizó los agravios planteados por el inconforme, y al efecto determinó que el primero, el segundo y un aspecto del tercero, relativos a que el albacea Arturo Durán Rivera compareció fuera del término concedido para ello, sin que se le hubiere hecho efectivo el apercibimiento indicado en la ejecutoria 125/2020; y además, el relativo a que el juez natural infringió los principios generales del procedimiento, preclusión, contradicción, igualdad, congruencia, defensa y audiencia, serían estudiados de manera conjunta. A continuación, como antecedente, destacó la magistrada que el diecisiete de junio de dos mil veinte, el Magistrado de la Séptima Sala Civil al resolver el toca I-125/2020 relativo al recurso de apelación interpuesto por Gustavo Durán Rivera, determinó modificar el auto de doce de febrero del mismo año para prevenir mediante notificación personal al albacea Arturo Durán Rivera, para que dentro del término de tres meses garantizara su manejo con sujeción a lo dispuesto en el artículo 874 del Código Civil del Estado. Luego, precisó que en atención a lo anterior, mediante auto de tres de agosto el juez natural ordenó hacer saber a las partes la llegada del testimonio de apelación y el sentido del fallo de alzada mediante notificación personal. Por lo anterior, determinó el tribunal de alzada responsable que efectivamente existió por parte del juzgador natural una violación a las reglas del procedimiento, pero no de la manera en que lo expuso el apelante, esto es, que el juez primigenio fue omiso en decretar que se hiciera dicho requerimiento al albacea testamentario en estricto acatamiento a lo determinado en la ejecutoria de apelación, por lo que entonces -sostuvo la magistrada- es claro que no le estaba corriendo ningún plazo en la forma y términos ordenados, porque en modo alguno se le había mandado requerir o prevenir para que cumpliera con lo decretado a su cargo. De manera que, la responsable determinó que la notificación personal efectuada al albacea testamentario respecto del contenido del citado auto de tres de agosto no cumple con lo ordenado en la resolución dictada en el toca I-125/2020, toda vez que únicamente se ordenó hacer saber -en términos generales- a las partes la llegada del testimonio de apelación y el sentido del mismo, sin que en modo alguno se previniera de manera clara y expresa al albacea para que dentro del plazo de tres meses garantizara su albaceazgo, ni se le previno para que en caso de no hacerlo se le removería de plano de su encomienda. No obstante lo anterior, -señaló la magistrada responsable- la mencionada violación procesal quedó subsanada con la presentación del escrito del albacea el nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que señaló: "vengo por medio del presente ocurso para cumplir con el requerimiento emanado por el tribunal de alzada, dentro del tribunal que nos ocupa mismo como consta en autos, vengo por este medio a solicitar a su señoría se me fije la fianza correspondiente, lo anterior para que el albacea definitivo ARTURO DURÁN RIVERA, siga ejerciendo el cargo que ocupo." con cuya petición -determinó la magistrada- dicho representante de la sucesión de forma automática se dio por notificado de manera personal sobre el sentido de la citada resolución, de lo que concluyó que a partir de su ocurso le comenzó a correr al albacea el término de los tres meses en comento. En esa virtud, en reparación del citado agravio, y con el fin de respetar las reglas del procedimiento, el tribunal revisor responsable dejó sin efectos la certificación y el segundo párrafo del auto impugnado, donde se dijo: ".atento a la certificación que antecede, dígase al gestionante que no pasa desapercibido para este Juzgador que comparece fuera del término legal que le fue conferido para dicho efecto." Lo anterior, -adujo el tribunal de alzada- porque opuestamente a lo alegado por el recurrente, no existía razón para hacer efectivo el apercibimiento decretado en la ejecutoria de apelación, pues el término para Arturo Durán Rivera comenzó a correr a partir de su comparecencia a dar cumplimiento a lo determinado en el toca de referencia, esto es, mediante su ocurso presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, por lo que al dictado del auto redargüido, apenas habían transcurrido tres días. Lo cual se considera apegado a la legalidad, pues no obstante que el quejoso aduce que la parte apelada no contestó la vista de los agravios expresados ni señaló domicilio para recibir notificaciones en segunda instancia, y por ello dichas notificaciones debían correr por lista, lo cierto es que el tribunal de alzada en aquélla apelación modificó el auto impugnado, a fin de prevenir al albacea para que en el término de tres meses garantizara su manejo con sucesión a lo dispuesto por el artículo 874 del Código Civil para el Estado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le removería de plano del cargo conferido. Por lo anterior, correspondía al juzgador natural dar cumplimiento a dicha ejecutoria de apelación, y ordenar en el juicio de origen se hiciera el requerimiento respectivo en los términos estrictamente precisados por la alzada, lo cual no realizó y por ello la magistrada aquí responsable consideró infringidas las reglas del procedimiento. De ahí, que resulte correcto lo establecido por la autoridad de apelación en el sentido de que si no se realizó el requerimiento y apercibimiento respectivos en la forma indicada en el toca I-125/2020, la fecha que debía tomarse en cuenta para empezar a computar el término concedido al albacea, lo fuera a partir de la presentación de su escrito de nueve de noviembre de dos mil veinte, pues no obstante que no se le realizó la notificación del requerimiento formulado, a través de ese ocurso automáticamente se estaba dando por notificado de lo ordenado en la citada resolución. Continuando en esa línea argumentativa, también se advierte que la magistrada responsable calificó de infundados los agravios tercero y cuarto del inconforme, y en primer lugar -sostuvo- que si bien el juzgador primario con sustento en los artículos 874, fracción I, del Código Civil del Estado y 476 del Código de Procedimientos Civiles del Estado sostuvo ".el albacea está obligado dentro de los meses contados desde que aceptó su nombramiento a garantizar su manejo con fianza.", en donde se omitió señalar el término de "tres", ello constituye un error de dedo que no trasciende dentro de la resolución impugnada, toda vez que al invocar el juez el numeral 874, con ello quiso referirse a tres meses, y de ahí que deba interpretarse acorde al contenido del citado precepto normativo. Y en segundo lugar, determinó la autoridad responsable que contrario a lo aseverado por el apelante, los citados preceptos legales no prevén que el juzgador al momento de fijar fianza al albacea para que garantice su encargo, éste tenga que aportar dentro del juicio constancias o documentos idóneos y actualizados para la determinación de la cuantía de la fianza solicitada y entonces, no existía razón alguna para que el juzgador primario exigiera requisitos no previstos en tales dispositivos legales; máxime que al tomar el certificado catastral para la cuantificación de la fianza, lo hizo con fundamento en el numeral 476 aludido. De igual manera, -destacó la responsable- que el juzgador estimó que el albacea debía garantizar su encargo con fianza, por el importe de los bienes raíces en el último año, y que esa fianza se obtenía una vez realizada la operación aritmética al aplicar el 10% sobre el valor fiscal del inmueble objeto del caudal sucesible, tomándose en cuenta el certificado catastral por $222,518.00, sin que dichos argumentos hubieren sido refutados por el recurrente, por lo que se entienden consentidos. Criterio que comparte este juzgador, y para explicar la razón de ello, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 874, fracción I, del Código Civil del Estado y 476 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los cuales por su orden, disponen: "Artículo 874. El albacea también está obligado, dentro de los tres meses contados desde que acepte su nombramiento, a garantizar su manejo con fianza, hipoteca o prenda, a su elección, conforme a las bases siguientes: I. Por el importe de la renta de los bienes raíces en el último año y por los réditos de los capitales impuestos, durante ese mismo tiempo; [.]" "Artículo 476. Si debieren fijarse los productos de predios o bienes de cualquier clase, se considerará como base del importe de ellos, el diez por ciento anual sobre el valor fiscal en que estén registrados para el pago de contribuciones." Como se ve, dichas porciones normativas establecen que el albacea está obligado, dentro de los tres meses siguientes contados desde que acepte su nombramiento, a garantizar su manejo con fianza o hipoteca, en tratándose de bienes raíces, por el importe de la renta en el último año y por los réditos de los capitales impuestos. Asimismo, que si deben fijarse los productos de predios o bienes de cualquier clase, se considerará como base del importe de ellos, el diez por ciento anual sobre el valor fiscal en que estén registrados para el pago de contribuciones. Luego, no obstante que el quejoso argumenta que al impugnar en sus agravios el valor del certificado catastral del año 2013 que obra en el juicio natural, implícitamente también impugnó la cantidad correspondiente al 10% resultante de ese valor catastral, -como lo expuso la magistrada responsable en la resolución combatida- toda vez que los preceptos legales en comento no establecen que para fijar fianza al albacea a fin de garantizar su encargo, se deban aportar documentos actualizados, es inconcuso que el juez natural no se encontraba obligado a exigirlos, de modo que resulta correcto que tomara como base el valor del certificado catastral que obra en el juicio natural, y por tanto, que de esa cantidad dedujera el porcentaje del diez por ciento para establecer el monto respectivo. En ese estado de cosas, en concepto de quien esto resuelve, es correcta la interpretación que realizó la magistrada responsable respecto de los numerales 874, fracción I, del Código Civil del Estado y 476, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, dado que los citados numerales no establecen una vigencia para los documentos que deban tomarse en consideración a fin de fijar el monto de la fianza al albacea, sin que en modo alguno lo anterior signifique una aplicación retroactiva de esos preceptos en perjuicio del quejoso, dado que los mismos se encontraban vigentes al momento de su aplicación y no se advierte interpretación distinta a la ya indicada, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Por otra parte, también resulta legal la determinación de calificar de infundada la alegación vertida por el apelante, en el sentido del que el auto impugnado vulnera en su perjuicio el contenido de los preceptos 75, 101, 104, 105, 987 y 1004 del Código de Procedimientos Civiles, dado que fue omiso e señalar los argumentos lógicos y jurídicos por los cuales estimaba se infringieron tales dispositivos ni el alcance de los mismos para revocar el sentido de la resolución, por lo que su alegación no cumple con las exigencias previstas en el artículo 692, segundo párrafo del citado ordenamiento. Se afirma lo anterior, porque contrario a lo que aduce el amparista, si bien en este caso el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de apelación revoque o modifique el auto dictado en la primera instancia, ello debe ser en atención a los puntos relativos a los agravios expresados, acorde a lo que dispone el precepto legal 692, segundo párrafo, invocado como sustento por la responsable, esto es, el apelante expresará los agravios que en su concepto le cause la resolución recurrida, expresando con relación a cada agravio, cual es la parte que lo causa, citando el precepto o preceptos legales violados y explicando el concepto por el cual lo fueron. Razón por la cual no bastaba -como aduce el peticionario del amparo- con invocar los preceptos legales que estimó violados, si no plasmó razonamiento alguno tendente a exponer, cómo o de qué manera se inaplicó el contenido de los numerales que refirió, pues el tribunal de alzada no estaba en condiciones de realizar el análisis correspondiente. Más porque, respecto de los argumentos relativos al certificado catastral de dos mil trece que obra en el juicio natural, el tribunal de alzada se pronunció en los términos expuestos en párrafos precedentes, y en esa virtud, se colige que no existió la omisión que el quejoso atribuye a la magistrada responsable, de analizar en su totalidad los agravios expuestos, no obstante que su análisis no haya resultado favorable a lo peticionado por el inconforme. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gustavo Durán Rivera, por su propio derecho, respecto del acto y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como en el sistema SISE, el proveído y/o resolución de 21 de diciembre de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 27 fracción II, y 29 de la ley de amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las ********************, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 543/2021. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que el magistrado responsable anexó a su informe justificado. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza descrita. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que los hizo valer la parte tercera interesada. El Juez acuerda: Se tiene por reproducidos los mismos y por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado

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