Gustavo Durán Rivera
Expediente 347/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gustavo Durán Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del oficio 12268, por el cual se le remitieron las constancias que adjuntó en el juicio de amparo en que se actúa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa, así como a la parte tercera interesada Vicente Durán Rivera por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 30 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 347/2021, promovido por Gustavo Durán Rivera, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintidós de abril de dos mil veintiuno, Gustavo Durán Rivera, por su propio derecho, compareció a promover amparo directo contra actos del propio Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que dicha demanda y sus anexos se remitieron al Tribunal Colegiado de Circuito en turno. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, Michoacán, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que el acto reclamado no constituye una sentencia o resolución que ponga fin al juicio, por tanto, a través del oficio 1502 ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 347/2021 y en proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en los términos planteados; asimismo, se estimó innecesario requerir a la autoridad responsable su informe con justificación, dado que el mismo ya obraba glosado en las constancias que remitió el tribunal colegiado; se convalidó el emplazamiento realizado por la responsable al tercero interesado Arturo Durán Rivera y se ordenó el emplazamiento del diverso tercero Vicente Durán Rivera; de igual forma, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La resolución de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno dictada dentro del toca de apelación I-51/2021, que declaró sin materia el recurso de apelación interpuesto por el quejoso y confirmó el auto de cinco de febrero de dos mil veinte, dictado dentro del juicio sucesorio testamentario 724/2014, radicado a bienes de Teresa Rivera Rivera y/o Ma. Teresa Rivera Rivera. Acto que atribuye al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad responsable, consistentes en copia autorizada de las constancias del toca de apelación 51/2021 y testimonio autorizado de las constancias relativas al juicio sucesorio testamentario 724/2014 [constante de un tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador la advierte de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, como quedó establecido anteriormente, la sentencia reclamada de veintiocho de enero de dos mil veinte, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso Gustavo Durán Rivera, contra el auto de cinco de febrero de dos mil veinte, y al efecto declaró sin materia el aludido recurso al estimar que el auto apelado fue modificado implícitamente con motivo de otra ejecutoria. En primer término, cabe precisar que devienen inatendibles todos aquellos motivos de inconformidad que expresa el quejoso, tendentes a atacar lo resuelto por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, en el juicio sucesorio testamentario de origen, así como lo resuelto por los magistrados de la Segunda Sala y Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a que se refiere el quejoso en sus conceptos de violación, en virtud de que las actuaciones del juez instructor fueron sustituidas por la resolución de segunda instancia aquí reclamada; en tanto que respecto de las resoluciones de los magistrados señalados, no son materia del presente juicio. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/4, visible en la página 121, del Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." En segundo término, en los conceptos de violación que el quejoso vertió en su demanda constitucional, tendentes a atacar la resolución de segunda instancia, argumenta esencialmente lo siguiente: Que la resolución reclamada violenta en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque cambió el sentido del fallo pronunciado en el toca de apelación 125/2020, anteponiendo la palabra "posteriores", en beneficio del albacea, pues le concede un plazo mayor al señalado en la referida ejecutoria y en el artículo 874 del Código Civil del Estado. Que se conculcan en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso, fundamentación y motivación y certeza jurídica que consagran los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Carta Magna, en relación con los numerales 573, 574, 575, 987, 1004, 1056 y diversos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como los artículos 874, 875 y diversos del Código Civil del Estado, pues al anteponer la palabra "posteriores" que no está en la ejecutoria pronunciada dentro del toca I-125/2020, se beneficia al albacea concediendo un plazo mayor al establecido en el artículo 874 del Código Civil del Estado. Los anteriores motivos de disenso deben calificarse como inoperantes. Se afirma lo anterior, porque de la resolución reclamada se desprende que la razón que expuso el Magistrado responsable para declarar sin materia el recurso de apelación que el aquí quejoso hizo valer contra el auto de cinco de febrero de dos mil veinte, descansa en el hecho de que el apelante en su primer agravio afirmó vulneración al artículo 1004 del Código Civil del Estado de Michoacán, por falta de aplicación, porque no se previno al albacea para que dentro de tres meses garantizara la administración de la sucesión; y de que en su segundo motivo de disenso, señaló la falta de aplicación de los numerales 874 y 875 del mismo ordenamiento jurídico, donde se prevé la forma de garantizar el desempeño del cargo de albacea definitivo posterior a la aceptación del cargo, esto es, con fianza, hipoteca o prenda. Agravios que sostuvo el Magistrado responsable, ya fueron motivo de análisis en la diversa ejecutoria pronunciada en diverso toca con fecha diecisiete de junio de dos mil veinte, al resolver el recurso de apelación que interpuso el propio quejoso contra el auto dictado por el juez natural el doce de febrero de dos mil veinte, donde incluso resultaron fundados, modificando el auto apelado e implícitamente el auto que ahora se impugna; de ahí que estimara innecesario otro estudio sobre el mismo tema. Lo anterior, sin que se advierta que el quejoso exponga razonamiento alguno para controvertir la determinación de la responsable y los motivos que expuso para declarar sin materia el recurso, sino que se limita a aseverar que la resolución impugnada transgrede en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso, fundamentación y motivación y certeza jurídica que consagran los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Carta Magna. Es decir, el quejoso omite combatir las consideraciones en las que se apoyó la autoridad responsable para determinar que en la diversa resolución de diecisiete de junio de dos mil veinte -que invocó como hecho notorio-, ya se ocupó de atender los planteamientos del inconforme y los declaró procedentes, al modificar el diverso auto combatido -de doce de febrero de dos mil veinte- y ordenar se requiriera al albacea para que dentro del término de tres meses garantizara su manejo con sucesión a lo dispuesto en el artículo 874 del Código Civil para el Estado. De modo que, como los motivos de inconformidad de la parte quejosa constituyen afirmaciones genéricas que, por lo mismo, omiten controvertir las consideraciones en que se sustentó el magistrado responsable para declarar sin materia el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto de cinco de febrero de dos mil veinte, al considerar que los agravios ya fueron atendidos en diverso recurso, es lo que conduce a calificarlos de inoperantes; por tanto, las consideraciones del Magistrado responsable deben seguir rigiendo la resolución reclamada. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada en la página 27 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXVI, Cuarta Parte, Sexta Época, número de registro electrónico 269435, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gustavo Durán Rivera, por su propio derecho, respecto del acto y autoridad precisados en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 341/2021, con una promoción registrada con el número 7688. Conste. Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por la quejosa Saraí Regalado Estrada, por medio del cual manifiesta que se encuentra embarazada, por lo cual solicita a este órgano jurisdiccional que al omento de resolver el presente juicio de amparo, se realice con perspectiva de género. Por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos de la dicha autoridad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que anexa a su escrito de cuenta, por su propia y especial naturaleza. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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