Gustavo García Iturbe

Expediente 106/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
106/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Gustavo García Iturbe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 106/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que la JUEZ SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexo I y II; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GUSTAVO GARCÍA ITURBE, respecto a los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 106/2019-V, promovido por GUSTAVO GARCÍA ITURBE, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente a este juzgado, GUSTAVO GARCÍA ITURBE, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades, Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Secretaria de Acuerdos de la Primera Secretaría y Actuario, ambos adscritos a dicho órgano jurisdiccional, de quienes reclamó lo siguiente: ".IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: a) Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que lo constituye precisamente la el auto de fecha NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO en relación con la sentencia definitiva dictada en fecha trece de octubre de dos mil catorce, dictada por el JUZGADO SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS; en la que la Juzgadora antes citada se excede en sus facultades al ordenar se gire oficio a mi fuente de trabajo a efecto de que se me realice el descuento que por concepto de pensión alimenticia se había pactado por la partes y que quedo firme dentro de la sentencia definitiva dictada en fecha trece de octubre de dos mil catorce, dentro del SEGUNDO resolutivo, ante la misma, esto es en relación a lo comprendido en el CONSIDERANDO VII Y RESOLUTIVO CUARTO de la resolución antes referida. b) De la señalada como ejecutora: la falta de notificación personal respecto del auto que en este acto se combate, toda vez que la misma debió haber requerido y notificado al suscrito del pago de la pensión alimenticia en forma diversa a la pactada mediante convenio celebrado por las partes y que quedo firme mediante sentencia de fecha trece de octubre de dos mil catorce.". SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve se admitió la demanda, quedando registrado el juicio con el número de expediente 106/2019-V, con excepción de los actos de la Secretaria de la Primera Secretaría de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por quien se desechó la demanda; por consiguiente, respecto a las demás autoridades se solicitó informe con justificación; se ordenó realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada; además, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal correspondiente. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 73 de la Ley de Amparo; 1º, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; lugar en que residen las autoridades que realizaron los actos reclamados y en el que, además, tienen ejecución material. SEGUNDO. Precisión y certeza de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en: El auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de divorcio voluntario 33/2014, por el que ordena girar oficio a la institución escolar COLEGIO ANDERSEN, la fuente de trabajo de GUSTAVO GARCÍA ITURBE, para el efecto de dar cumplimiento a la sentencia de trece de octubre de dos mil catorce, en relación con el convenio celebrado en la junta de avenencia de once de septiembre de dos mil catorce, cláusula cuarta, en que las partes acordaron una pensión alimenticia a favor de su menor hija (foja 122 del anexo I); así como los efectos de dicho auto, traducidos en el envío del oficio de trece de abril de dos mil dieciocho (foja 123 del anexo I), por el que se ordena al COLEGIO ANDERSEN, realice el descuento por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor con iniciales M.G.J., de la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba el demandado GUSTAVO GARCÍA ITURBE, de manera mensual, para ser entregados a LIZET JAIMES RIVERA, para que por su conducto se hagan llegar a la acreedora alimentaria, apercibiendo que en caso de no hacerlo se le haría deudor responsable de doble pago. En tanto que se imputa al Actuario no haber notificado el acuerdo de mérito de forma personal. Cabe señalar que si bien la parte quejosa señala como acto reclamado, la falta de notificación personal respecto del auto de nueve de abril de dos mil dieciocho; no se tiene como tal, en razón de que se trata de un concepto de violación, atinente a la forma en que se notificó el auto combatido y no un acto destacado. En efecto, los calificativos que hace el quejoso respecto al indicado auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, al mencionar que se ejecuta sin habérsele requerido personalmente y no mediante oficio, constituyen aspectos circunstanciales de éste, es decir, constituyen razonamientos que se formulan para alcanzar una conclusión respecto de su legalidad y no constituyen por consiguiente actos destacados. Este criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia de la octava Época, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Enero de 1991, Tesis: I. 3o. A. J/26, Página: 69, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia.". En mérito de lo anterior, no se tiene como acto reclamado que el quejoso describe como: ".la falta de notificación personal respecto del auto que en este acto se combate." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Precisado lo anterior, es cierto el acto reclamado en virtud de que la autoridad responsable Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así lo aceptó al rendir su respectivo informe, en tanto que el Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional se adhirió a lo informado por aquél (fojas 51, 53 y 54). Se corrobora tal aceptación mediante las fotocopias certificadas de las constancias del indicado juicio de divorcio, a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de documentales públicas, en virtud de haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, se advierte que en el caso, respecto al auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el juicio de divorcio voluntario 33/2014, para el efecto de dar cumplimiento a la sentencia de trece de octubre de dos mil catorce, en relación con el convenio celebrado en la junta de avenencia de once de septiembre de dos mil catorce, cláusula cuarta, en que las partes acordaron una pensión alimenticia a favor de su menor hija (foja 122 del anexo I); y los efectos de dicho auto; se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Al respecto, conviene citar los antecedentes del caso, que se desprenden de la fotocopia certificada de las constancias del juicio de origen. 1. A través de escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil catorce, LIZET JAIMES RIVERA demandó entre otras prestaciones, el divorcio necesario al aquí quejoso, GUSTAVO GARCÍA ITURBE (fojas 2 a 11 del anexo I), radicándose el juicio por auto de veintisiete de enero de dos mil catorce, bajo el número 33/2014, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. 2. En diligencia de once de septiembre del mismo año (fojas 73 a 76, actora y demandado suscribieron ante el juez de mérito, un convenio ante la autoridad judicial responsable, aprobado y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, mediante resolución definitiva de trece de octubre de dos mil catorce (fojas 86 a 93 del anexo I), que causó ejecutoria el treinta de junio de dos mil diecisiete (foja 109 del anexo I). 3. El nueve de abril de dos mil dieciocho, el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, emitió auto por el que ordena girar oficio a la institución escolar COLEGIO ANDERSEN, la fuente de trabajo de GUSTAVO GARCÍA ITURBE, para el efecto de dar cumplimiento a la sentencia de trece de octubre de dos mil catorce, en relación con el convenio celebrado en la junta de avenencia de once de septiembre de dos mil catorce, cláusula cuarta, en que las partes acordaron una pensión alimenticia a favor de su menor hija (foja 122 del anexo I); por consiguiente expidió el oficio 941 de trece de abril de dos mil dieciocho (foja 123 del anexo I), por el que se ordena al COLEGIO ANDERSEN, realice el descuento por concepto de pensión alimenticia a favor de la menor con iniciales M.G.J., de la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de los ingresos ordinarios y extraordinarios que perciba el demandado, GUSTAVO GARCÍA ITURBE, de manera mensual, para ser entregados a LIZET JAIMES RIVERA, para que por su conducto se hagan llegar a la acreedora alimentaria, apercibiendo que en caso de no hacerlo se le haría deudor responsable de doble pago; siendo el acto que se reclama. Ahora bien, el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, fue notificado a ambas partes, actora y demandada, mediante boletín judicial, editado y publicado por la autoridad responsable, el doce de abril de dos mil dieciocho, como consta al calce de dicha resolución. En tal virtud, la acción de amparo resulta extemporánea, ya que el quejoso, quien es parte demandada y acudió al juicio a contestar la demanda oponiendo sus defensas y excepciones, así como a suscribir convenio para dar por terminada la controversia, necesariamente tuvo conocimiento de tales actos que combate en esta instancia, por ser partícipe del procedimiento y haber sido notificado del auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, desde el doce de ese mismo mes y año, tal como se expuso con antelación. Por ende, contrariamente a lo afirmado en la demanda, válidamente puede sostenerse que el conocimiento de dicho acto reclamado, lo obtuvo desde el trece de abril de dos mil dieciocho, cuando surtió efectos la notificación del auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, por lista publicada en el boletín judicial, como consta en la propia razón de notificación. No pasa inadvertido que el quejoso alegó que el auto combatido de nueve de abril de dos mil dieciocho debió notificársele de forma personal; al respecto, en esta sentencia se destacó al precisarse el acto reclamado, que no se combate de forma destaca la notificación que de aquél se practicó por boletín judicial. Mas la nulidad de dicha notificación, en su caso, debió plantearse y obtenerse ante la propia autoridad responsable, dentro del juicio natural; aspecto que no quedó acreditado en este juicio por la parte promovente del amparo. Tal situación permite establecer que GUSTAVO GARCÍA URIBE ITURBE conoció desde entonces las actuaciones del juicio que combate, es decir, desde que se le notificó legalmente el auto de nueve abril de dos mil dieciocho ya que fue parte demandada en éste y se integró a la relación jurídica procesal una vez que compareció a juicio al contestar la demanda y celebrar convenio, razón por la que no puede simplemente desconocer las notificaciones que en él se practican ni las demás actuaciones que obran en el procedimiento, pues las notificaciones en tanto no se declaren nulas a través de los medios de impugnación respectivos, surten plenamente sus efectos. En el entendido de que las constancias del juicio natural determinan que no existe una condición de desconocimiento del procedimiento de parte del demandado, ni éste alega esa situación en la demanda; por lo que es inconcuso que a partir del día hábil siguiente al trece de abril de dos mil dieciocho, en que surtió efectos la notificación del auto combatido, empezó a transcurrir el plazo de quince días para promover la demanda de amparo a fin de reclamar dicho acto. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." En tanto que el numeral 18 del mismo cuerpo normativo, establece que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para la presentación de la demanda, empezó a transcurrir desde el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, siendo evidente que a la fecha de presentación de la demanda, de acuerdo al sello fechador del Buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, ya había fenecido en exceso el plazo de quince días para la presentación de la demanda. En dichos cómputos no se cuentan los sábados y domingos, ni días declarados inhábiles, por así estar previsto en el artículo 19 de la Ley en cita. "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. En las condiciones apuntadas, al haberse reclamado el acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la que debe sobreseerse, con fundamento en el diverso 63, fracción V. El sobreseimiento, por las mismas razones, se hace extensivo a los actos del Actuario Adscrito al Juzgado responsable, al reclamarse sus actos en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GUSTAVO GARCÍA ITURBE, respecto a los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido y a la reserva de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitieron las responsables, se ordena formar los anexos I y II, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En ese orden de ideas, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del uno de marzo de dos mil diecinueve y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. DCSM*

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