Gustavo Gabriel Rivera Amilpa

Expediente 1882/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1882/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Gustavo Gabriel Rivera Amilpa

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de veintidós de noviembre del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por GUSTAVO GABRIEL RIVERA AMILPA, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1882/2018-V que por orden le corresponde. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado: Del contenido integral de la demanda de amparo, se deduce que el quejoso en esencia reclama el cese, separación o remoción del cargo como Enlace Financiero Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos, con motivo de la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 23, 24, 43 fracción 11 y 111, 45 fracción XIV de la Ley del Servicio Civil de Morelos promulgada el uno de septiembre del año dos mil y publicada el seis de septiembre del mismo año, en periódico oficial "Tierra y Libertad" y sus consecuencias jurídicas. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Ahora, al analizarse la demanda de amparo de manera integral, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos veintisiete, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS"; este juzgado de distrito advierte que la quejosa reclama: En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que los actos reclamados no revisten las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que si bien el Congreso del Estado de Morelos es un organismo público, lo cierto es que en este caso actúa en su carácter de patrón con relación al quejoso, quien bajo protesta de decir verdad ostentó el cargo de Enlace Financiero Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos. Con base en lo anterior, no puede considerarse a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Morelos, o autoridades que hayan participado en el cese, separación o remoción del cargo que ostentaba, como autoridades para efectos del presente juicio constitucional, pues no actúan con potestad de imperio en el acto reclamado, sino que, como ya se mencionó con antelación, su vínculo es entre patrón y trabajador; por lo tanto, no llega a darse el supuesto de que el acto combatido sea de autoridad. Entonces, el juicio de amparo no es el medio para impugnar la separación, cese o remoción como trabajador por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Morelos, o autoridades que hayan participado en dicha separación de cargo; pues en tal caso, el peticionario de amparo tiene a su alcance la vía procesal ordinaria ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos conforme al artículo 114 de la Ley del Servicio Civil, de acuerdo al vínculo existente entre dicho quejoso quien se ostenta fue trabajador de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos, que es de naturaleza trabajador - patrón, y no gobierno-gobernado, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad; de ahí que la demanda deba desecharse en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo expuesto, resulta aplicable, en su esencia, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Lo antes expuesto, se robustece con el criterio emitido en la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1224, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)". En la que se determinó que, excepcionalmente, en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, se puede analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional, cuando esté definido por jurisprudencia que aquélla no puede tener tal carácter, como sucede en el caso concreto, en donde la calidad de patrón que tiene la pretendida autoridad responsable, no podrá ser desvirtuada con ninguna de las probanzas que pudieran allegarse al juicio constitucional. Sin que pase desapercibida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, julio de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 929, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", respecto de la cual, la instancia ya aludida aclaró el alcance de la misma, según publicación hecha en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 31, junio 2016, Tomo II, página 829, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.": En ese sentido, es claro que la jurisprudencia en cita no resulta aplicable al presente caso. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Ahora, por cuanto hace a las normas generales combatidas, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa combate: "1.- LA APROBACION, EXPEDICION, PROMULGACIÓN, REFRENDO Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS "TIERRA y LIBERTAD" DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. EN PARTICULAR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 23, 24, 43 FRACCION 11 Y 111, Y 45 FRACCION XIV. 2.- LA FALTA DE REFRENDO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PROMULGADA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL Y PUBLICADA EL SEIS DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO EN PERIODICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD", POR EL ENTONCES SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS "TIERRA Y LIBERTAD" NO OBSTANTE QUE NO EXISTIÓ EL REFRENDO." Normas jurídicas que reclama con motivo de un acto concreto de aplicación, que hizo consistir en el cese, separación o remoción del cargo como Enlace Financiero Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos. Sin embargo, no puede desvincularse el estudio de la ley de los actos que conciernen a su aplicación, pues precisamente son éstos y no aquélla, los que causan perjuicio al quejoso. Con base en lo anterior, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su aplicación; de tal manera que si el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto de aplicación, debe sobreseerse igualmente por lo que hace a la norma impugnada. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191311, del rubro siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En consecuencia, al advertirse la improcedencia del acto reclamado consistente en el cese, separación o remoción de su cargo que ostentaba como Enlace Financiero Administrativo de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Morelos, se concluye que no es jurídicamente posible analizar las normas generales reclamadas, y que se consideraron por el quejoso aplicadas en la separación de su cargo; pues dada la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación impide a este Juzgado examinar uno prescindiendo del otro, ya que la procedencia del amparo contra normas generales con motivo de su aplicación está condicionada a que el juicio constitucional proceda contra el acto en que se individualiza, de forma que si por éste resulta inviable la acción de amparo, la misma suerte debe correr el juicio respecto de las disposiciones. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo al profesionista Jonathan Omar Guzmán López, así como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados para los mismos efectos a Dayra Alicia Valencia Martínez, toda vez que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de abogado como lo exige el artículo 12 de la Ley de la materia, por lo que una vez que registre su cédula profesional y se haga del conocimiento de lo anterior a este tribunal, se proveerá de nueva cuenta sobre el carácter y facultades con las que en el caso concreto se le autoriza y en tanto no exista este último acuerdo, se insiste, sólo será para efectos de oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.

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