Gustavo Figueroa Flores
Expediente 396/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gustavo Figueroa Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio suscritos por el Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, mediante el cual en cumplimiento al auto de ocho de junio de dos mil quince, remite copia certificada del exhorto enviado al Juez Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Jiutepec, Morelos y de su acuse de recibo correspondiente, esto dentro del juicio de origen; el que se ordena agregar a los autos para que obre como lealmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable se encuentran en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución interlocutoria dictada el uno de julio de dos mil trece, en el expediente de providencia cautelar 317/2013-3 y contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil trece, dictado en el expediente 412/2013, emitidos por la Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, cuya ejecución se atribuyó a la Actuaria adscrita a la Tercera Secretaría del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Por lo tanto, aun cuando no se haya señalado como autoridad responsable a la Juez Civil En Materia Familiar Y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Jiutepec, Morelos, toda vez que tiene intervención en el cumplimiento de la sentencia de amparo, está obligada a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, ello conforme a lo establecido por el artículo 197 de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones y al advertirse la participación de una autoridad vinculada a dar el impulso procesal en el juicio de origen y el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante oficio, requiérase al Juez Civil En Materia Familiar Y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en Jiutepec, Morelos, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la solicitud del Juez Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, respecto al estado procesal del exhorto de 81/15, debiendo remitir copia certificada de las constancias para acreditar su cumplimiento. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado con apoyo en el citato numeral 192 de la Ley de la materia, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de mayo de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio 735/2015 signado por el Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por medio del cual en atención al requerimiento formulado por auto de diecinueve de mayo de dos mil quince, remite copia certificada del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil quince, que obra en autos del expediente laboral 01/677/02-JE1; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, del acto que a continuación se transcribe: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Consiste en la omisión por parte de la responsable de acordar la promoción presentada por esta parte en fecha 11 de enero de 2013, dentro del juicio laboral del expediente número 01/677/02-JE1.." Así, de lo anterior y de la lectura integral de la demanda de garantías, se colige que la parte quejosa reclama la omisión del Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de acordar el escrito de once de enero de dos mil trece, por medio del cual la parte actora, solicitó se emitiera el auto de requerimiento de pago y/o embargo en contra de la demandada, dentro del expediente laboral 01/677/02-JE1. Por su parte, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que el Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, dentro del expediente laboral 01/677/02-JE1, por medio del cual recibió el escrito de la parte actora de once de enero de dos mil trece; asimismo, informó al promovente que se decretó la prescripción de la acción y de ejecución por los motivos que expuso en dicho auto. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haber emitido el auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, por medio del cual la Junta responsable proveyó el escrito de la quejosa de once de enero de dos mil trece, en el expediente laboral 01/677/02-JE1; la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999 de la Novena Época, visible en la página 38. Asimismo, tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juzgador, que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo, el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." (Lo resaltado es propio). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegaron las autoridades responsables Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y el Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veintiuno de agosto de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JOSÉ LUIS BENÍTEZ FRANCO, contra los actos que reclama del Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del periódico oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 59 a 64 y 77, fracciones II y IV, de la ley General de Hacienda y 119 a 125, de la ley General de Hacienda Municipal, ambas legislaciones de la citada entidad, y su aplicación, reclamada en el ámbito de sus respectivas facultades a la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos de dicha dependencia, y Tesorería Municipal de Cuernavaca, todos del Estado de Morelos, para los siguientes efectos: a) No se apliquen al quejoso los artículos 59 a 64 y 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; b) Se devuelvan al impetrante, con su actualización, las cantidades que amparan los recibos de pago folios 1479649 y 1479650, expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de esa entidad federativa, en que se le aplicó el precepto correspondiente al pago de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como los relativos al impuesto adicional; c) No se apliquen al quejoso los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; y, d) Se devuelva al impetrante, con su actualización, la cantidad que ampara el recibo de pago folio 00158116, emitido por la Tesorería Municipal de Cuernavaca, Morelos, correspondiente al pago por concepto de cobro del Impuesto Adicional al diverso Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, con motivo de la aplicación de los artículos aludidos. Por auto dictado el veintidós de septiembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por oficio acordado el diecinueve de marzo de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del acuse de recibo del título de crédito 0039422, por la cantidad que hace un total de $21,823.55 (veintiún mil ochocientos veintitrés pesos 55/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado. Asimismo, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por oficio acordado el siete de mayo de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0000327 que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, por la cantidad que hace un total de $5,376.72 (cinco mil trescientos setenta y seis 72/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el título de crédito por dicho concepto, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005, Página 1455 con número de registro 178468. Finalmente, se tiene por recibidos los oficios signados por el delegado de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediantes los cuales informan las acciones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; atento a lo anterior, únicamente agréguense a los autos para que obren como corresponda, toda vez que el día de hoy se acordó lo conducente al cumplimiento de referencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de abril de dos mil quince. Se tiene por recibido el acuse de recibo del oficio signado por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, mediante el cual requiere a la Procuradora Fiscal, para que acate el fallo protector en los términos indicados; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya a lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe. Jfcc
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