Gustavo Fernandez Gavidia y Otros.

Expediente 1797/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1797/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2017

Partes del expediente

  • Gustavo Fernandez Gavidia y Otros.
  • Gustavo Fernandez Mazaira y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    III De conformidad con lo dispuesto en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia del titular de dio órgano, por medio del cual remite las constancias requeridas en auto de veintidós de noviembre del año en curso. Atento a lo anterior, como lo solicitó el Tribunal de Alzada remítase a la brevedad las constancias que solicitó para la debida substanciación del recurso de inconformidad interpuesto, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    II Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Gustavo Fernández Gavidia por propio derecho y en representación de su menor hijo Gustavo Fernández Mazaira, contra actos del Fiscal Adscrito a la Procuraduría Regional en Cuajimalpa, Procurador de Justicia de México, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Desconcentrada, Comisario de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia de México, Juzgado Local de Justicia para Adolescentes en la ciudad de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1797/2017-II. Incompetencia. Ahora, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es competente el juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Como se aprecia, la competencia por territorio en materia de amparo se fija en atención a la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio, se debe calificar ésta, a fin de determinar si posee ejecución material o si se trata de actos que carezcan de principio de ejecución. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo en cita, al establecer que es competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, se refiere a actos positivos en el lugar donde se deban ejecutar. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un distrito y se siga ejecutando en otro, pues, sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, para detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, en el cual se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J.13/95, registro 200781, en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Corolario a lo expuesto, este juzgado federal sostiene carecer de competencia para conocer de la demanda promovida por Gustavo Fernández Gavidia por propio derecho y en representación de su menor hijo Gustavo Fernández Mazaira, contra actos del Fiscal Adscrito a la Procuraduría Regional en Cuajimalpa y otras autoridades, en razón de las consideraciones siguientes: El acto reclamado lo constituye: "La orden de aprehensión y/o presentación y/o comparecencia y/o detención girada en su contra y su ejecución." Acto que se atribuye a las autoridades siguientes Fiscal Adscrito a la Procuraduría Regional en Cuajimalpa, Procurador de Justicia de México, Subprocurador de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Desconcentrada, Comisario de la Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia de México, Juzgado Local de Justicia para Adolescentes en la ciudad de México. Esto es, el acto reclamado se atribuye a autoridades responsables que no tienen jurisdicción en el territorio donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia; por lo que resulta evidente, que las órdenes reclamadas serán ejecutadas por autoridades con jurisdicción en la ciudad de México. De ahí, que en el caso debe regir lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, bajo la hipótesis relativa a que el juzgado competente será aquél en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute o se esté ejecutando el acto reclamado. Ello pues el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa; por ello, estableció las referidas reglas de competencia para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Sirve de apoyo el criterio que aparece publicado en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo procedente es declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda promovida por Gustavo Fernández Gavidia por propio derecho y en representación de su menor hijo Gustavo Fernández Mazaira, contra actos del Fiscal Adscrito a la Procuraduría Regional en Cuajimalpa y otras autoridades y ordenar remitirlo al Juzgado Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por ser quien ejerce jurisdicción en el distrito judicial en el cual son competentes las autoridades responsables. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda con las copias adjuntas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en turno, para que por su conducto sea remitida al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. No se provee sobre la suspensión provisional del acto por no estar en las hipótesis que establece la parte final del artículo 48 de la Ley de Amparo. Con las constancias respectivas fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar, pues con independencia de establecer la procedencia del amparo es necesario verificar primero la competencia del órgano jurisdiccional para pronunciarse al respecto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Domicilio. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado a Raúl Sánchez Poblete en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto legal invocado, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo, circunstancia que deberán hacer del conocimiento mediante nueva promoción. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.

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