Gustavo Davila Hernandez
Expediente 545/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/06/2019
Partes del expediente
- Gustavo Davila Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, a través de la cual se sobreseyó en el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo). El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se le comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. y da fe.
- Principal
II. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 545/2019-II, promovido por Gustavo Dávila Hernández, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Púbico de la Agencia Especializada en Violencia Familiar Sexual y de Genero en Atlacomulco, Estado de México y otra autoridad. R E S U L T A N D O Presentación de la demanda. El dos de mayo de dos mil diecinueve (foja 1 a 5). Admisión: El tres de mayo de dos mil diecinueve (fojas 6 a 8). Intervención al Agente del Ministerio Público adscrito: El seis de mayo de dos mil diecinueve (foja 8 reverso). Audiencia Constitucional: El treinta de mayo de dos mil diecinueve, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclaman actos relacionados con la materia penal, que se dijo tratarían de ejecutarse en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados en esta instancia constitucional consiste en: - La orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Las siguientes autoridades al rendir su informe manifestaron: Autoridad Responsable Acto Reclamado Sentido Foja Agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Atlacomulco, Estado de México. La orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. Negó 12 Agente de la Policía de Investigación de la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Atlacomulco, Estado de México. La orden de aprehensión y/o detención, así como su ejecución. Negó 13 En consecuencia, y toda vez que el quejoso no aportó prueba suficiente para desvirtuar las manifestaciones de inexistencia del acto reclamado, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que establece la obligación del actor de probar los hechos constitutivos de su acción; procede sobreseer en el presente juicio, al ser innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia de los actos reclamados a las responsables corresponde a la parte quejosa. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, agosto de 1994, Materia Común, Octava Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Y, la tesis número VI.2o.A.4 K, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por tanto, si el peticionario de amparo no aportó pruebas tendientes a desvirtuar tales negativas, se debe sobreseer el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número 284, en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Común, del literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 545/2019-II, promovido por Gustavo Dávila Hernández, por derecho propio, respecto de los actos y autoridades precisadas, por los motivos expuestos en el considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso Gustavo Dávila Hernández, a través del cual revoca a los abogados anteriormente nombrados en su escrito de demanda y autoriza a diversas personas. Atento a lo anterior, se revoca a los abogados señalados en su escrito de demanda por así solicitarlo y en atención a la certificación precedente, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Pérez Rosas, Liliana Sámano García, Armando German Martínez Gerónimo, Cesar Gregorio Sánchez, Juan Carlos García Sexto, Juan Carlos Figueroa Benítez y Francisco Javier Nango Pérez, por no contar con el registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese.
- Incidental
II) Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese el escrito de cuenta, signado por el quejoso Gustavo Dávila Hernández, a través del cual revoca a los abogados anteriormente nombrados en su escrito de demanda y autoriza a diversas personas, asimismo, solicita dos juegos de copias certificadas de la suspensión provisional. Atento a lo anterior, se revoca a los abogados señalados en su escrito de demanda por así solicitarlo y en atención a la certificación precedente, se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Pérez Rosas, Liliana Sámano García, Armando German Martínez Gerónimo, Cesar Gregorio Sánchez, Juan Carlos García Sexto, Juan Carlos Figueroa Benítez y Francisco Javier Nango Pérez, por no contar con el registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, dígase al quejoso que no ha lugar a expedir las copias certificadas que solicita en principio porque mediante auto de tres de mayo del año en curso, se ordenó la expedición de un juego; aunado a que mediante interlocutoria de diez de mayo de dos mil diecinueve, se negó la suspensión definitiva, por lo que dicha medida cautelar provisional, dejó de tener vigencia. Notifíquese.
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