Gustavo Flores Davila

Expediente 1970/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1970/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
06/01/2017

Partes del expediente

  • Gustavo Flores Davila

Actuaciones

  1. Principal

    VI. De la certificación de cuenta se obtiene que el quejoso Gustavo Flores Dávila, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, y otras autoridades. Por ende, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Expuesto lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo del juzgado de Distrito; en el libro de gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, que establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por: XXI. Expediente Judiciales: Todos aquellos que recogen las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento judicial hasta su resolución". "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Gustavo Flores Dávila, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1970/2016-VI. Estudio de las causales de improcedencia. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Improcedencia de la demanda de amparo. En conformidad con lo previsto por los artículos 61, fracciones X y XXIII, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Se expone tal consideración, pues en conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto por esta vía tildado de inconstitucional se hace consistir en la orden de aprehensión girada por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, contra Gustavo Flores Dávila, en la carpeta administrativa 149/2016, así como su ejecución. En lo conducente se invoca la jurisprudencia número 19, que se publicó en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Justificación de la improcedencia de la demanda. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos.". Bajo ese contexto, es pertinente indicar que para un juez de Distrito un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos ante él tramitados, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia XXII J/12, visible en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Tomo V, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Asimismo, en conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, el cual establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. De lo que se colige, que al tener a la vista el juicio de amparo 1954/2016-VI, formado con motivo de la demanda promovida por Gustavo Flores Dávila, se advierte que en dicho juicio el promovente reclamó un acto idéntico al quí combatido; es decir, la orden de aprehensión girada en su contra por parte del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, en la carpeta administrativa 149/2016, así como su ejecución; lo que conlleva a determinar se trata de demanda similar a la que es materia en el presente juicio de amparo. Sin que para el caso se estime necesario agregar al presente asunto copias certificadas del juicio de amparo 1954/2016-VI, en conformidad con lo establecido por la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 103/2007, visible en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2007, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época la cual establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Del juicio de amparo 1954/2016-VI del índice estadístico de este órgano jurisdiccional, se patentiza lo siguiente: 1) Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Gustavo Flores Dávila, promovió juicio de amparo contra las autoridades y acto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS - PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. - JUEZ DE CONTROL PENAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORAS COMISARIO DE LA POLICÍA GENERAL MINISTERIAL. DELEGADO REGIONAL DE APREHENSIONES DE TOLUCA. DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO A. De la autoridad ordenadora el C. Procurador General de Justicia del Estado de México le reclamo la ilegal orden de aprensión y detención que arbitrariamente a emitido en mi contra. B. De la autoridad ordenadora el C. Juez de Control Penal en Lerma, México le reclamo la ilegal orden de aprensión y detención que arbitrariamente a emitido en mi contra dentro de la carpeta administrativa número 149/2016. C. De la autoridad ejecutora, del C. Comisario de la Policía General Ministerial se reclama la detención y presentación. D. De la autoridad ejecutora el C. Delegado Regional de Aprensiones de Toluca se reclama la detención y presentación. E. De la autoridad ejecutora el C. Director de Prevención y Readaptación Social con residencia en Lerma, México, se reclama la detención y presentación." 2) Mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se previno al quejoso para que aclarara diversos puntos de su demanda. 3) Así, por ocurso de veintitrés de diciembre del presente año, pretendió desahogar dicha prevención, aclarando que el acto combatido se hace consistir en la orden de aprehensión girada en su contra por parte del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, en la carpeta administrativa 149/2016, así como su ejecución. 4) Así, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso para que comparezca a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de tres días, a ratificar la firma y contenido del escrito aclaratorio, por los motivos expuestos en dicho proveído. Lo anterior evidencia que el sumario constitucional 1954/2016-VI se encuentra en trámite, pues si bien aún no se admite a trámite la demanda, en el caso, es pertinente precisar que el juicio de amparo inicia con la sola presentación de la demanda, lo cual conlleva a determinar que la providencia recaída a su presentación es parte del procedimiento del juicio. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia 2a./J. 4/90, visible en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Materia Común, Tomo VI, Octava Época, que establece: "JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda." En tales condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, el juicio de amparo indirecto 1954/2014-VI y el presente fueron promovidos por Gustavo Flores Dávila, por el mismo acto reclamado, atribuido a las mismas autoridades responsables, el cual aún se encuentra en trámite. En lo conducente se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 235, en la página 193 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en el juicio se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. En tal virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda promovida por Gustavo Flores Dávila, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, y otras autoridades. Domicilio procesal. En conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, hasta en tanto el promovente señale un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias, porque el indicado consistente en los "estrados", no se encuentra contemplado en la segunda de las legislaciones invocadas. Al caso es aplicable, la tesis publicada con el número XXII.1o.22 K, en la página 1067, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1998, Tomo VIII, Novena Época, que establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Autorizados. Se tiene por autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona indicada en el proemio de la demanda, es decir, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicitó expresamente el promovente. Se habilitan horas y días inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al secretario adscrito a este juzgado de Distrito, para que en uso de sus atribuciones firme los oficios y comunicaciones derivadas del presente sumario constitucional. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en términos de lo acordado en párrafos que anteceden. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

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