Gustavo Ernesto Pulido Pérez
Expediente 459/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Gustavo Ernesto Pulido Pérez
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente juicio de amparo; asimismo adjuntó copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 111/2022; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, la ejecutoria de mérito para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por lo que, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en ésta ciudad, en el cual transcribió el proveído de veintidós de abril del año en curso, emitido en el recurso de queja 111/2022, de su índice, en el que se admitió a trámite el citado medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa Yolanda Eugenia Graniel García, a través de su autorizado en términos amplios Gustavo Ernesto Pulido Pérez, en contra del auto de cinco de abril del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo que instó; de lo que este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; el escrito de cuenta recibido a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) signado criptográficamente por Gustavo Ernesto Pulido Pérez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la quejosa Yolanda Eugenia Graniel García, y en atención a su contenido se acuerda: se tiene a la parte promovente interponiendo recurso de queja en términos de los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo y expresando agravios en contra del auto de cinco de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Sin que sea el caso proceder acorde a lo establecido por el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que el auto impugnado se refiere al desechamiento de la demanda promovida por la parte quejosa, por lo que, resulta innecesario correr traslado con el escrito de queja a las partes y dar vista a fin de que señalen constancias, al no haberse dado trámite a la demanda de mérito. En consecuencia, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de cinco de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa Yolanda Eugenia Graniel García, contra los actos que reclama del Pleno de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, en virtud de considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y remítase el original del expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, adjuntándole el original del escrito de expresión de agravios; dejándose cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, con la demanda de cuenta se tiene a Yolanda Eugenia Graniel García, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Pleno de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 459/2022-3. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable ordenó turnar los autos del juicio natural para la elaboración de la resolución incidental correspondiente al incidente de liquidación relativo a la contienda laboral 1401/2016. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la misma legislación, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia legislación de proceder. Asimismo, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia únicamente cuando se trata de la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendiéndose como aquélla que, optativamente: a) Aprueba el cumplimiento total de lo sentenciado. b) Reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. c) Declara la imposibilidad material para dar cumplimiento a lo sentenciado. d) Declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a lo sentenciado. e) Ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, se pueden reclamar junto con aquélla, en la demanda constitucional, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Y, en los procedimientos de remate se entiende como "última resolución" aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en términos del párrafo que antecede. Al respecto se invoca la jurisprudencia emitida por el Más Alto Tribunal del País, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como la jurisprudencia con registro 2024100, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2764, tomo IV, de enero de 2022, Libro 9, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada". Ahora bien, de las manifestaciones de la promovente en su demanda de amparo, se desprende lo siguiente: "5.- La Junta responsable en audiencia incidental referida en las líneas anteriores acordó lo siguiente: "por hechas las manifestaciones de las partes, comparecientes, mediante las cuales se tiene al representante de la empresa demandada dando contestación en términos del escrito y anexos que en este acto exhibe, los cuales se ordena agregar a los autos para que obren como correspondan; asimismo, se tiene a la parte actora allanándose, a la plantilla propuesta por las empresas demandadas por la cantidad de 3'500,000.00 en consecuencia, como lo solicitan las partes se le concede a la demandada PEMEX EXPLORACCIÓN Y PRODUCCIÓN el término de tres días para que exhiban el título de crédito hasta por la suma allanada y señalada con antelación, apercibiéndole que en caso de no hacerlo dentro del término concedido y de conformidad con el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, quedaran a salvo los derechos del accionante para hacerlo valer en la vía legal correspondiente. 6.- Transcurrido el término concedido a la demandada del juicio principal, con fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se procedió a solicitar al PRESIDENTE EN SU CALIDAD DE EJECUTOR, el correspondiente auto de ejecución por la cantidad de 3'500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos), cantidad propuesta por la demandada en el incidente correspondiente, y que la junta responsable había determinado en el incidente de liquidación correspondiente. 7.- El día veintiocho de marzo de dos mil veintidós, me fue notificado por parte del actuario de la junta responsable el acuerdo de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, QUE ES EL ACTO DE QUE ME DUELO, mismo que en su parte medular menciona: "por lo que ante la incertidumbre jurídica del cual sea el total real de las condenas decretadas por esta autoridad a favor de la parte actora, se turnan los autos del expediente en que se actúa para resolver el incidente de liquidación respectivo no obstante de que la parte actora se allanó a la cantidad de 3'500,000.00, que señala la parte incidentada en su escrito de fecha diez de marzo del año en curso, escrito del que no se advierte ninguna cuantificación, así como tampoco se le hace los descuentos de las cantidades que previamente ya le fueron pagadas y entregadas a la parte actora razón por la cual se turna los autos para la elaboración de la resolución incidental respectiva". Manifestaciones con valor indiciario conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia por disposición expresa del arábigo segundo de ésta. Lo anterior, se corrobora, con las documentales anexas a la demanda de amparo, consistente en: 1.- Copia simple del escrito de nueve de julio de dos mil veintiuno, signado por el apoderado legal de la parte actora, de la que se desprende que se presentó el tres de agosto de dos mil veintiuno, ante la Junta, y se promovió planilla de liquidación dentro del juicio laboral 1401/2016. 2.- Hoja de traslado original de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se advierte que la parte actora se allanó a la cantidad propuesta por la parte demandada, y por lo tanto se le concedió un término de tres días para que tales empresas exhiban el título de crédito correspondiente, apercibidas que de no hacerlo dentro del término establecido, conforme lo establece el numeral 945 de la Ley Federal del Trabajo, quedarán a salvo los derechos del accionante para hacerlo valer en la vía correspondiente. 4.- Escrito original de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, signado por el apoderado legal de la parte actora, mediante el cual refiere que la demandada no dio cumplimiento dentro del plazo establecido para el pago de la cantidad allanada, solicitó el auto de ejecución por dicha cantidad es decir de tres millones quinientos mil pesos. 5.- Original del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, emitido por la Junta responsable dentro del juicio laboral 1401/2016, de la que se desprende que ante la incertidumbre del cual sea el pago total de las condenas decretadas, turnó los autos para resolver el incidente de liquidación, y no obstante que la parte actora se allanó a la cantidad de tres millones quinientos mil pesos, en su escrito de diez de marzo de ese año, y del cual no se advierte ninguna cuantificación, así como tampoco se desprenden los descuentos de los pagos ya realizados. Documentales a la que se les concede valor pleno a los exhibidos en original y valor indiciario a las exhibidas en copia simple, conforme a su naturaleza jurídica de conformidad con los numerales 129, 130, 133, 197, 202, 203 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa del arábigo segundo de ésta. De lo expuesto, que los requisitos legales para la procedencia del amparo, en los actos dictados después de concluido el juicio laboral, en el caso el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable ordenó turnar los autos del juicio natural para la elaboración de la resolución incidental correspondiente al incidente de liquidación relativo a la contienda laboral 1401/2016, no se indica que aquéllas deban ser trascedentes o de gravedad tal en sus efectos, como excepción, para el estudio de fondo. Antes bien, al ser la orden para elaborar la resolución incidental de liquidación, pues existe incertidumbre cual es el total de la condena establecida en el laudo en favor de la parte actora, es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, para establecer con posterioridad mediante resolución la cuantificación de las condenas establecidas en el laudo y que es necesaria para la ejecución del mismo, pues en él se fijan cantidades liquidas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2010430, emitida por el Pleno del Decimoctavo Circuito, publicada en la página 1492, de Noviembre de 2015, Libro 24, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia". Con todo, se tiene como conclusión que se impuso la condicionante de que los actos de ejecución sean impugnables hasta la última resolución que en éste recaiga, con el objeto de evitar el ejercicio abusivo del juicio constitucional, y así, no obstaculizar la materialización de la condena ya obtenida en el fallo definitivo. En ese contexto, si el acto reclamado, constituye el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la autoridad responsable ordenó turnar los autos del juicio natural para la elaboración de la resolución incidental correspondiente al incidente de liquidación relativo a la contienda laboral 1401/2016, al tratarse de un acuerdo intraprocesal de la referida substanciación, se comprende como que aún se encuentra inmerso en la fase del procedimiento de cumplimiento o ejecución al fallo definitivo, sin que esa resolución sea la que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que se haya ordenado el archivo definitivo del expediente, o que sea una cuestión incidental que implicara la ejecución parcial de lo condenado. Precisamente, porque en dicho auto la Junta responsable en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, ante la incertidumbre de las cuantificaciones de las condenas establecidas en el laudo, ordenó emitir la planilla de liquidación correspondiente, pero ello constituye un acto que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en dicho laudo; caso contrario, para la procedencia del juicio sería la resolución que establezca la cantidad líquida, pero ello no se ha emitido. Partiendo de ello, esta Juzgadora, estima que el acto reclamado se trata de un acto emitido en la etapa de ejecución de sentencia, pero no constituye para la procedencia del juicio de amparo al no ser la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. En ese sentido, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y 107, fracción IV, de la misma legislación, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Yolanda Eugenia Graniel García, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, de Mayo de 1998, página 890, con número de registro 196196, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actora en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. Ahora, en relación al correo electrónico y número de teléfono que proporciona, este juzgado toma conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. EXPEDIENTE ELECTRONICO Ahora bien, en lo que respecta a la solicitud de notificación vía electrónica y consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx al usuario: "GustavoPulido" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. NOTIFICACIONES ELECTRONICAS En consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se hagan de manera electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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