Gustavo Gómez Patiño
Expediente 220/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 220/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Gustavo Gómez Patiño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista: la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Gustavo Gómez Patiño; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 220/2022-7, promovido por el licenciado **********, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veinte de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, el cual fue recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el veintiuno siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós posterior, Gustavo Gómez Patiño por medio de su apoderado legal Gerardo Arturo Guzmán García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "4. ACTO RECLAMADO: a) La omisión de la autoridad responsable ordenadora de proveer todo lo necesario para desahogar las pruebas admitidas dentro del juicio laboral número 3524/2017. b) Consecuentemente la omisión de la autoridad responsable ejecutora (1) el Actuario adscrito a la Junta Especial número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y que le sea asignado el Expediente Laboral No. 3524/2017, de proveer todo lo necesario para desahogar las pruebas encomendadas. c) La omisión de la autoridad responsable ordenadora de girar exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ciudad de México, para desahogar las pruebas encomendadas. d) Consecuentemente la omisión de la autoridad responsable ejecutora (2) la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ciudad de México, como autoridad exhortada, de proveer todo lo necesario para desahogar las pruebas encomendadas. e) Consecuentemente la omisión de la autoridad responsable ejecutora (3) el Actuario adscrito a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ciudad de México y que le sea asignado el Expediente Laboral No. 3524/2017, como autoridad exhortada, de proveer todo lo necesario para desahogar las pruebas encomendadas. (.)" (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. Actuario adscrito a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda con el expediente 220/2022-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza de la controversia, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó tramitar incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de la Junta responsable de establecer las acciones pertinentes para el desahogo de las pruebas del sumario laboral 3524/2017 de su registro y no girar exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ciudad de México para que se desahoguen los medios de prueba encomendados; así como remitir ese expediente al actuario de su adscripción para el envío del citado exhorto. La omisión de parte del actuario adscrito a la Junta responsable de remitir el exhorto girado para el desahogo de las pruebas encomendadas en la controversia laboral 3524/2017. La omisión de la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ciudad de México, y el actuario de su adscripción, de proveer lo necesario para desahogar las pruebas encomendadas en el juicio laboral 3524/2017 del índice de la Junta responsable. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos identificados con los incisos b. y c. en el considerando precedente, incoados al actuario adscrito a la Junta responsable, Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Ciudad de México y al actuario de su adscripción, toda vez que, en la naturaleza de los actos negativos que se les reclaman se encuentra estrechamente ligada con la omisión de girar el exhorto donde se solicite la gestión de las acciones conducentes para el desahogo de los medios de prueba encomendados en el juicio natural, así como el hecho de instruir al actuario el envío del propio exhorto; por lo tanto, resulta evidente que el fedatario adscrito a la Junta responsable no se encuentra en posibilidad de remitir un exhorto que no se había girado, ni tampoco cuenta con facultad para emitir ese tipo de determinación. Asimismo y en esa lógica, tanto la secretaría auxiliar y su actuario adscrito indicaron, al rendir sus respectivos informes justificados, que no han recibido solicitud alguna de parte de la Junta responsable [Fojas 50 y 54], lo cual corroboran con la copia certificada de la impresión del registro del módulo de recepción de documentos de esa entidad responsable [Fojas 51 y 55] y por ende, tampoco estarían en aptitud de cumplimentar las acciones materia de un petición que no han recibido; en esa virtud, los actos que se les atribuyen resultan inexistentes. Lo procedente es declarar la inexistencia de los actos reclamados a las referidas responsables y con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado enlistado con el inciso a. del segundo considerando de esta ejecutoria, dado que así lo manifestó el presidente de la Junta responsable, al rendir el informe con justificación respectivo. [Foja 43] Apoya lo anterior la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Afirmación que guarda sustento con la copia certificada del auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós dictado en el expediente 3524/2017 de su registro, del cual se advierte que en momento en que se presentó la demanda de amparo -veinte de febrero de dos mil veintidós-, no había gestionado las acciones pertinentes para el desahogo de los medios de convicción fijados en el juicio laboral de origen, ni tampoco había girado el exhorto necesario para tal efecto, lo cual constituye la materia del reclamó en esta controversia. Documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de la copia certificada del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós dictado en la controversia laboral de origen, se advierte que fueron señaladas las siguientes diligencias: Las diez horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos mil veintidós, para el desahogo del cotejo de las documentales ofrecidas por la parte actora bajo el apartado 2. Las once horas del veintisiete de abril de dos mil veintidós, para el desahogo de las inspecciones 11 y 12 y el cotejo de las documentales 3 y 4, ofrecidas por la parte actora, seguidamente la inspección III y el cotejo de las documentales II incisos b), d), e), f), g), h), i), ofrecidos por las empresas demandadas. Asimismo, se ordenó girar atento exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, para que en auxilio y colaboración tenga a bien comisionar a uno de sus actuarios adscrito, para que desahogue el cotejo de las documentales ofrecidas por las empresas demandadas bajo el apartado II incisos c) y d) de sus pruebas, seguidamente del cotejo ofrecido por la parte actora bajo los apartados 6, 7 y 8. Para mejor proveer, se reproduce digitalmente el acuerdo en comento: Luego, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veinte de febrero de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable pues no había llevado a cabo las acciones pertinentes para el desahogo de los medios de prueba en el juicio laboral natural, ni tampoco había girado el exhorto correspondiente para el respectivo desahogo de las probanzas que deben cotejarse fuera de la jurisdicción de esa Junta responsable, sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Por tanto, en consideración a lo antes mencionado, surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del auto de veintidós de marzo del presente año, dictado dentado del expediente laboral 3524/2017, que anexó a su informe justificado, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa en su libelo de amparo, consistente en las actuaciones que forman el expediente laboral 3524/2017, que exhibiera la autoridad responsable, hasta en tanto obrara en autos su informe dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se ordenó remitir los oficios 6703/2022 y 6704/2022, dirigidos a las autoridades responsables Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como el actuario adscrito a dicha dependencia, ambos con residencia en la Ciudad de México, a través de los cuales se les requirió su informe justificado, mismos que fueron recepcionados el doce de marzo de la presente anualidad, tal y como se advierte del rastreo efectuado en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/seguimientoportal2.aspx?guia, correspondiente a los números guías MN025813495MX y MN025813473MX relacionados con los citados oficios; por tanto, el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para tal efecto, transcurre del catorce de marzo al cuatro de abril del año en curso. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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