Gustavo Enrique Méndez Chablé
Expediente 413/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Gustavo Enrique Méndez Chablé
Actuaciones
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el te´rmino de cinco di´as a que se refiere el arti´culo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el provei´do emitido el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se desecho´ de plano la demanda de amparo intentada por la parte quejosa Gustavo René Méndez Chablé, transcurrio´ del catorce al veinte del mes y año actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que preve´ el arti´culo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el arti´culo 356, fraccio´n II, del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacio´n supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, ha´ganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archi´vese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, diputacio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres an~os a partir de la presente fecha, se proceda a su destruccio´n, por actualizarse la hipo´tesis del arti´culo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulacio´n del acta y relacio´n correspondiente para la plena identificacio´n del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, ha´gase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrara´n materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, debera´ comparecer a este juzgado dentro del te´rmino de noventa di´as a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podra´n ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con la demanda de cuenta se tiene a Gustavo René Méndez Chablé, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 413/2021-2. DESECHAMIENTO De acuerdo al numeral 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo indiscutible, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sustenta lo anterior la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: El auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Sala responsable en el toca civil 135/2021-I, mediante el cual desechó el recurso de apelación hecho valer en contra del punto quinto del auto de veinte de enero de dos mil veintiuno (que decretó monto de pensión alimenticia provisional). Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, aplicado analógicamente y que el rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso concreto, a criterio del suscrito se actualiza la causal de improcedencia derivada de la interpretación de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del análisis de la demanda que se promueve, se advierte que resulta notoriamente improcedente por las siguientes razones: La literalidad de la disposición legal transcrita permite establecer que en tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, que tenga como finalidad modificarlo, revocarlo o nulificarlo, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional, pues de lo contrario incurre en una causa de improcedencia del juicio de amparo, dado el principio de definitividad que rige en éste. En el caso que nos ocupa, el promovente de amparo reclama el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la Sala responsable en el toca civil 135/2021-I, mediante el cual desechó el recurso de apelación hecho valer en contra del punto quinto del auto de veinte de enero de dos mil veintiuno (que decretó monto de pensión alimenticia provisional), por considerar que de conformidad con el artículo 352, fracción II, de la ley adjetiva civil en vigor, el precitado auto no se encuentra dentro de la hipótesis prevista por el numeral antes invocado. Ahora bien, los artículos 347 y 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco en vigor, establecen lo siguiente: "Artículo 347.- Procedencia. En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles. "Artículo 349.- Procedencia en segunda instancia. Procederá el recurso de reconsideración en contra de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior. De una correcta interpretación del numeral antes citado, se obtiene que procede el recurso de reconsideración en contra de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia. En el caso, el acto reclamado lo constituye el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la Sala responsable, en los autos del toca civil 135/2021-I, en el cual se desechó el recurso de apelación planteado en contra del punto quinto del auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia de Frontera, Centla, Tabasco, en el expediente natural 53/2021, en el que decretó el monto de la pensión alimenticia provisional a pagar por el aquí quejoso, proveído que es susceptible de ser combatido mediante el recurso de reconsideración que prevé el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, el cual constituye un medio impugnativo ordinario, que procede contra los autos emitidos en segunda instancia, por lo que en ese sentido, el recurso idóneo para combatir el desechamiento del recurso interpuesto por el citado impetrante, es el de reconsideración, a través del cual puede ser modificado o revocado. Por lo que, al no haberse agotado el recurso procedente, es claro que dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, actualizándose en el particular la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, párrafo primero de la Ley de Amparo, y en esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 62, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que sigue: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto circuito, consultable en la página 51, número 67, Julio de 1993, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.- La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". De igual manera es aplicable la Tesis número X.1o.31 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la página 2661, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que sigue: "DEFINITIVIDAD. DEBE RESPETARSE ESTE PRINCIPIO INCLUSO CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DENTRO DE JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El hecho de que ante el Juez de Distrito se señale como acto reclamado uno dictado dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en contra del cual procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, porque las reglas del amparo indirecto, tratándose de actos intraprocesales, determinan que antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 73, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y por autorizados a los profesionistas que menciona en el mismo en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, por no haber acreditado que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de abogados, ni que sus cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad y previa comprobación o mención del número de registro de su patente, se les pueda ampliar los términos de tal autorización. Asimismo, se tiene como autorizado al estudiante de derecho que menciona, únicamente para oír y recibir citas y notificaciones e imponerse de autos. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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