Gustavo Devora Rodarte
Expediente 941/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 29 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gustavo Devora Rodarte
Actuaciones
- Principal
En veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con un escrito con registro 14956. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Gustavo Dévora Rodarte, del que se advierte que en cumplimiento a la prevención que le fue realizada por proveído de diecisiete del presente mes y año, señala como actos reclamados: 1). La resolución de tres de julio de dos mil quince, dictada en el expediente 192/2011-23-01-9, por el magistrado titular de la tercera ponencia de la Sala Regional Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 2). La resolución de cinco de agosto de dos mil quince, pronunciada en el expediente 345/2015-23-01-9 por el mismo magistrado de la referida Sala. 3). La convocatoria de remate de once de junio de dos mil quince y, consecuentemente, la adjudicación del bien inmueble embargado con motivo del crédito fiscal SAT-322-10-01/199974, ordenada por el Administrador Local de Recaudación de Zacatecas. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando la Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: A). A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y B). A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso A), es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama. En efecto, de la demanda de estudio se advierte que el quejoso reclama: a) La resolución de tres de julio de dos mil quince, dictada en el expediente 192/2011-23-01-9, por el magistrado titular de la tercera ponencia de la Sala Regional Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. b) La resolución dictada por el magistrado referido en el párrafo previo, en la carpeta de suspensión del expediente 345/2015-23-01-9, el cinco de agosto de dos mil quince, en la que determinó que quedó sin materia la suspensión solicitada por el actor -hoy quejoso-; c) La convocatoria de remate y adjudicación de un bien inmueble embargado; Ahora bien, de las constancias que integran el expediente 192/2011-23-01-9 y la carpeta de suspensión del diverso 345/2015-23-01-9, remitidos por el magistrado presidente de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte: 1) Que la resolución de tres de julio de dos mil quince, se notificó a GUSTAVO DEVORA RODARTE, el nueve siguiente, en el domicilio que señaló para tal efecto, de acuerdo a la razón de notificación que obra agregada en la foja 59 del cuaderno de suspensión relativo al expediente 192/2011-23-01-9. 2) La resolución de cinco de agosto de dos mil quince, se hizo del conocimiento de GUSTAVO DEVORA RODARTE, el doce del mismo mes y año, en el domicilio designado para tal efecto, como se desprende de la razón de notificación agregada en la foja 30 del cuaderno de suspensión correspondiente al expediente 345/2015-23-01-9. 3) Respecto a la convocatoria de remate del bien inmueble embargado con motivo del crédito fiscal expediente 7S.3/H-199974, el propio quejoso GUSTAVO DEVORA RODARTE, en el escrito que obra en las fojas 51 y 52 del cuaderno de suspensión relativo al expediente 192/2011-23-01-9, manifestó que el dieciocho de junio de dos mil quince, le fue notificado mediante oficio 400-99-00-02-01-2015 la convocatoria de remate del inmueble de su propiedad. 4) En relación a la adjudicación del bien inmueble embargado con motivo del crédito fiscal expediente 7S.3/H-199974, a fojas de la 20 a la 23 del expediente 345/15/23/01-9, obra agregada copia certificada del acta de adjudicación en favor del fisco federal, de la cual se hace referencia en la propia resolución de cinco de agosto de dos mil quince, la que, como quedó acreditado con anterioridad fue notificada a GUSTAVO DEVORA RODARTE, el doce de agosto de dos mil quince, en el domicilio que señaló para tal efecto, de acuerdo a la razón de notificación que obra agregada en la foja 30 del expediente citado en último término. Ahora, de la certificación levantada por el secretario de acuerdos de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el cinco de agosto de dos mil dieciséis, se desprende que la demanda de amparo promovida por GUSTAVO DEVORA RODARTE, fue presentada ante la Oficialía de Partes de esa Sala Regional, el ocho de julio de dos mil dieciséis, situación que se confirma con el sello y folio de recibido que obra en el escrito inicial de demanda. De la anterior relación de constancias se obtiene que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados en las fechas siguientes: de la resolución de tres de julio de dos mil quince, el nueve del mismo mes y año; de la resolución de cinco de agosto del año próximo pasado, el doce de agosto de dos mil quince; de la convocatoria de remate del bien inmueble embargado con motivo del crédito fiscal expediente 7S.3/H-199974, el dieciocho de junio de dos mil quince; y, de la adjudicación del bien inmueble embargado, el doce de agosto de dos mil quince, cuando se le notificó la resolución de cinco del citado mes y año; luego, de las indicadas fechas, al ocho de julio del año en curso, en que se presentó la demanda de amparo, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Norte Centro IV del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, según se advierte del sello de recepción respectivo que obra en dicho libelo, resulta indiscutible que transcurrió en exceso el término de quince días que para promover el juicio establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo que pone de relieve que el quejoso consintió los actos que reclama y, por ende, resulta extemporánea su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Sin que pase inadvertido acotar que en el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, las cuales consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por GUSTAVO DEVORA RODARTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe.
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