Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez
Expediente 1136/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 08/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El ocho de marzo de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintidós de febrero al siete de marzo del año en curso, sin contar los días veinticinco y veintiséis de febrero y cuatro y cinco de marzo de la presente anualidad, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada por este Juzgado, el catorce de febrero del año que transcurre, dentro del juicio de amparo número 1136/2016-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; De la revisión del presente sumario se aprecia que no existen documentos originales para devolver a la promovente del amparo, ni documentales que regresar a las autoridades responsables. No se tramitó incidente de suspensión relativo al juicio en que se actúa y por tanto, la parte quejosa no exhibió billete de depósito. CONSTE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el catroce de febrero de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLES Y TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
En dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaría licenciada Alva Miranda Ramírez da cuenta a la Juez con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito en el sentido de que no fue posible notificar al tercero interesado Héctor Alfonso Lamphar Sánchez, hermano de quien en vida respondiera al nombre de Guadalupe Salomé Lamphar Sánchez, la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, el catorce de febrero del año en curso, en razón de que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 42 y 43) y se ordena realizar la notificación de la citada determinación y las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personal al tercero interesado de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establecen los artículos 27, fracción III, inciso b y 29 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EN MENCIÓN. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. **Amci.
- Principal
VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1136/2016-4, promovido Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, por conducto de sus defensores; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este juzgado, Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, por conducto de sus defensores, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describen (foja 4): Autoridad responsable: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral, con residencia en esta ciudad Acto reclamado: ". Resolución de fecha 03 de Octubre de 2016, dictada por el Juez de Control de este Distrito Judicial deducido de la causa penal marcada con el número 247/2016 del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, en la cual se declara INIMPUTABLE a GUSTAVO ALEJANDRO JIMÉNEZ SÁNCHEZ.". Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 18, 17, 20 apartado B, fracción I,21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 13-16), se ordenó registrar la demanda con el número 1136/2016-4 y se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: De la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad. Resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 247/2016, en la que se modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso para que se continúe ejecutando en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas, al habérsele declarado inimputable. Lo anterior, a pesar de que en el capítulo relativo a los actos reclamados señala como tal la diversa resolución de la misma fecha en que se declaró inimputable al quejoso, pues del análisis integral de la demanda se advierte que en realidad se duele de la precisada en el párrafo que antecede, máxime que dicha inimputabilidad se decretó a solicitud de la defensa del propio quejoso, por lo que ningún perjuicio le irroga tal determinación. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia de acto reclamado (foja 26). Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo que se corrobora con las documentales que la propia autoridad responsable remitió como justificación de sus actos y dos discos en formato DVD, de los que se desprende que el tres de octubre de dos mil dieciséis, se determinó modificar la medida de prisión preventiva impuesta al hoy quejoso para que la padezca interno en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas, dictada en la causa penal 247/2016, seguida en su contra por el delito de feminicidio agravado en agravio de Guadalupe Salomé Lamphar Sánchez, documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. En uno de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formulación de imputación, en la que la agente del Ministerio Público formuló imputación a Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, por el delito de feminicidio agravado, cometido en agravio de Guadalupe Salomé Lamphar Sánchez, por haber sido detenido en flagrancia; asimismo, el Juez de Control decretó la medida cautelar de prisión preventiva para que permaneciera interno en el Centro Regional de Reinserción Social en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas (foja 84); En la audiencia de ratificación de medida cautelar de prisión preventiva celebrada el seis de junio del año próximo pasado, se resolvió la situación jurídica de Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, decretando auto de vinculación a proceso en su contra y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, para que permaneciera hasta la conclusión del proceso, interno en el establecimiento penitenciario de Cieneguillas, Zacatecas (foja 86); El ocho de agosto de dos mil dieciséis, los ahora promoventes del amparo solicitaron al Juez de Control responsable se declarara al quejoso en estado de inimputabilidad, en razón del trastorno psicótico de esquizofrenia que padece, por lo que el referido juzgador ordenó se practicaran los dictámenes correspondientes (foja 87-89); En tres de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de debate de inimputabilidad, en la que se declaró al hoy quejoso Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez inimputable y se modificó la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a efecto de que continúe ejecutándose en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas (foja 28-32). QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, sostiene que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad, dado que no interpuso el recurso de apelación que contempla el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tales afirmaciones son infundadas, como se verá enseguida. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Del contenido del precepto legal antes señalado se advierte que cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios, por virtud de los cuales se puedan modificadas, revocadas o nulificadas las determinación reclamadas previo a acudir al juicio de amparo; sin que tengan las obligación de promover tales medios ordinarios de defensa cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, cuando se impugnen órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; asimismo, cuando quien comparezca al juicio de amparo como extraña al procedimiento de origen. En el caso, se patentiza la excepción al principio de definitividad previsto en el inciso b de la oración normativa transcrita, toda vez que el acto reclamado afecta la libertad personal del hoy quejoso Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez al encontrarse privado de su libertad personal con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. De ahí lo infundado de su causa de improcedencia. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertirse de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En éstos, el quejoso aduce esencialmente lo siguiente: La resolución reclamada resulta contradictora y carece de certeza jurídica, al determinar por una parte que se actualiza la excluyente de responsabilidad prevista en la fracción II del artículo 13 del Código Penal vigente en el Estado y, por otra, le impone una medida cautelar de prisión preventiva. Carece de fundamentación y motivación La autoridad responsable no aplicó el control difuso de convencionalidad que se relaciona con el principio pro-persona, a fin de que se esté a lo más favorable. Por cuestión de método los conceptos de violación se estudiaran en orden diverso al planteado. Concepto de violación formal (fundamentación y motivación). Del análisis de la demanda se advierte que el promovente no manifiesta expresamente que la determinación reclamada carece de la debida fundamentación y motivación; sin embargo, asentó diversas tesis respecto a ese tópico y, en ese sentido, se estima prudente abundar a fin de dar respuesta a tal motivo de disenso. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [..]". Conforme a ese numeral, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; en el entendido que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 260, de la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En la especie, para efectos de fundar la resolución reclamada, la Juez de Control responsable apoyó su determinación en los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 constitucional, pues en éstos se describen los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; asimismo, señaló el diverso 417 del ordenamiento legal citado en primer término, que autoriza a los jueces de control imponer medidas cautelares a las personas inimputables. Por cuanto a la motivación y fundamentación de los datos que tomó en consideración para modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta para que Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez a efecto de que la padezca en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas, fueron las siguientes: El delito de feminicidio agravado por el que fue vinculado a proceso, amerita prisión preventiva oficiosa según lo disponen los numerales 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 Constitucional. El numeral 417 del ordenamiento legal citado en primer término, autoriza a imponer medidas cautelares a personas incapaces. No era el momento procesal para imponer una medida de seguridad, al no encontrarse plenamente acreditado el grado de participación del inculpado en el injusto que se le atribuye. De esta manera, es evidente que la juzgadora responsable cumplió con las exigencias contenidas en el artículo 16 constitucional. Conceptos de violación de fondo, en uno de ellos el quejoso aduce que la resolución reclamada resulta contradictora y carece de certeza jurídica, al determinar, por una parte, que se actualiza la excluyente de responsabilidad prevista en la fracción II del artículo 13 del Código Penal vigente en el Estado y, por otra, impone al hoy quejoso una medida cautelar de prisión preventiva. Marco normativo de las medidas cautelares. El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los diversos tipos de medidas cautelares que el juez podrá imponer al imputado, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.". Las medidas cautelares son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, mediante la salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, cosas o personas para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito, a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo. Son de extensa variedad, encontrándose diferencias específicas que exigen la adaptación, conforme a su flexibilidad, la potestad judicial expresa y discrecional, de sus alcances, duración, efectos, así como de la fase procesal en la que se adoptan, ya sea de plano o incidentalmente, dentro de un proceso cautelar sumario o sumarísimo, transformable para la eficacia de la medida, según sus características, utilidad práctica y finalidad, en donde es admisible una resolución interina de cautela, de carácter ultra sumario, sujeta a modificación, revocación o al cese de sus efectos, conforme a pruebas supervenientes, medios de impugnación, la contracautela; y una definitiva con duración máxima a la conclusión del proceso principal en curso o inminente del que es instrumental. Pueden pedirse o decretarse de oficio, una vez satisfechos sus presupuestos esenciales de la buena apariencia de un derecho (fumus boni iuris) y el peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora) y tramitarse solo con la intervención de quien las solicita o con la necesaria e indispensable intervención de la parte contra quien se dirigen, según el examen valorativo racional del Juez. Existen medidas que no pueden esperar hasta la satisfacción del derecho de contradicción del sujeto afectado con ellas, ya sea porque esto conllevaría a la evasión de la medida, o a la inocuidad de ella, de manera que habrá casos en los que ese derecho tendrá que aplazarse, pero sólo el tiempo estrictamente necesario para impedir la frustración de los fines perseguidos con la medida solicitada, conforme a su naturaleza. Marco normativo de la medida cautelar de prisión preventiva. El artículo 19 constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.]". Asimismo, los artículos 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen las reglas para la aplicación de la prisión preventiva, en los términos siguientes: "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.". "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.". Del contenido de los artículos antes transcritos se deduce que la medida cautelar de prisión preventiva puede ser impuesta a petición del agente Ministerio Público, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; o bien, cuando el delito que se atribuye al imputado amerite prisión preventiva como lo dispone el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Marco normativo de las circunstancias excluyentes de responsabilidad. El artículo 13 del Código Penal del Estado determina lo siguiente: "Artículo 13. Son circunstancias excluyentes de responsabilidad: [..] II.- Padecer el inculpado, al cometer la infracción, trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le impidan comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión, excepto en los casos en que el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad para cometer el delito; [.]" Las circunstancias excluyentes de responsabilidad son el conjunto de situaciones que impiden la existencia misma de la manifestación de la voluntad del hacer humano, se trata de supuestos estados de somnolencia, inconsciencia o violencia física sobre el sujeto, que despojan su obrar del libre albedrío necesario para poder entender la manifestación de la voluntad. Las causas excluyentes de culpabilidad se dividen en cusas de inimputabilidad y causas de inculpabilidad; las primeras producen al sujeto la incapacidad de conocer y valorar el deber de respetar la norma y/o determinar su obrar en tal sentido, falta pues la capacidad para ser culpable, como puede ser la minoría de edad, la alteración o anomalía psíquica, el trastorno mental transitorio y las alteraciones de la percepción desde el nacimiento o la infancia que alteren gravemente la conciencia de la realidad; en tanto que las segundas, excluyen el dolo o la culpa de un sujeto con capacidad para ser culpable por la concurrencia de hechos que impiden practicar del mismo la acción típicamente antijurídica, son el estado de necesidad en caso de conflicto de bienes de igual valor, el miedo insuperable, el caso fortuito, deducido a sensu contrario y el error invencible de tipo o de prohibición. Entonces, la inimputabilidad es la falta de culpabilidad, es decir, que un persona por problemas de madurez psíquica no reúne los requisitos suficientes para ser declarada responsable penalmente de actuaciones que puedan ser típicas y antijurídicas (hecho punible). Así, las causas de inimputabilidad son tres: a) la minoría de edad, salvo en los supuestos previstos en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. b) alteraciones graves en la percepción de la realidad desde el nacimiento o infancia. c) enajenación y trastorno mental transitorio. Algunos de estos supuestos son causas eximentes de responsabilidad criminal. Cuando la persona comete un hecho tipificado como delito carece de la madurez física y mental que la ley considera como imprescindible para exigirle la responsabilidad de sus actos, o cuando la conciencia o la voluntad de tal persona están anuladas o gravemente perturbadas, permanente o eventualmente, se dice que dicho agente es inimputable; es decir, no puede ser objeto de imputabilidad penal o destinatario de responsabilidad criminal. Las causas de inimputabilidad penal son al mismo tiempo, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en el supuesto de que aparezcan con ese carácter, son circunstancias eximentes de responsabilidad penal. Asimismo, el artículo 417 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es del contenido siguiente: "Artículo 417. Medidas cautelares aplicables a inimputables Se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del proceso ordinario, con los ajustes del procedimiento que disponga el Juez de control para el caso en que resulte procedente. El solo hecho de ser imputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares." El ordinal transcrito permite a los jueces de control imponer medidas cautelares a personas inimputables a fin de cumplir con los objetivos del proceso como lo son la comparecencia de los imputados para enfrentar el proceso instruido en su contra, la no obstaculización de dicho procedimiento y para evitar el riesgo posible para los testigos que depongan contra los activos. En el caso, la Juez de Control responsable, el tres de octubre de dos mil dieciséis, señaló que se justificaba la circunstancia excluyente de responsabilidad prevista en la fracción II del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que declaró inimputable a Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, en razón del trastorno mental de esquizofrenia paranoide que padece y decretó las medidas pertinentes para continuar con el proceso ordinario seguido en su contra, por lo que designó como su tutora a su madre para que lo represente en el dicho proceso. En la misma fecha, en la audiencia de revisión de medida cautelar, determinó modificarla a efecto de que Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez la padeciera interno en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas. La parte quejosa señala que las anteriores determinaciones son contradictorias entre sí y carecen de certeza jurídica, ya que por una parte declara la existencia de una causa eximente de responsabilidad y, por otra, le impone la medida cautelar de prisión preventiva. Dichas afirmaciones son infundadas, ya que como lo señaló la propia autoridad responsable en la determinación reclamada, Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado, ilícito que amerita prisión preventiva oficiosa al estar contemplado en los supuestos a que se refieren los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el diverso numeral 417 del Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del proceso ordinario y con los ajustes del procedimiento que disponga el Juez responsable. Precisado lo anterior, se puede colegir que las anteriores resoluciones no resultan contradictorias entre sí, pues el delito por el que se vinculó al ahora quejoso (feminicidio agravado) amerita prisión preventiva oficiosa, pues, se encuentra contemplado entre los que describe el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, por otra parte, el hecho que se le declarara inimputable no es razón suficiente para dejar sin efecto dicha medida cautelar de prisión preventiva e imponer una medida de seguridad como lo solicitó su defensa, pues, como acertadamente lo indicó la responsable, una medida de seguridad se impone una vez que se ha demostrado el hecho que la ley señala como delito y que el inimputable participó en su comisión; es decir, no se impone una pena, sino una medida de seguridad. Entonces, atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento instruido a Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, en el que aún no se ha cerrado la etapa de investigación complementaria, no es momento para imponer la medida de seguridad como pretende la parte quejosa, pues ello será hasta la etapa de juicio en donde el Tribunal de enjuiciamiento emita la sentencia correspondiente de acuerdo con los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y las pruebas ofrecidas por los defensores del hoy quejoso. En consecuencia, como quedo establecido en párrafos precedentes la inimputabilidad es una excluyente de responsabilidad en la comisión de los ilícitos, sin embargo, esa circunstancia será abordada por la responsable al emitir la sentencia respectiva, en donde determinará el grado culpabilidad de ahora quejoso y atendiendo a las constancias y pruebas, podrá imponer al hoy quejoso la medida de seguridad correspondiente; por tanto, se considera correcto el proceder de la Juez responsable, pues atento al contenido del artículo 417 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva al quejoso para que la continuara padeciendo en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas, hasta en tanto se le imponga la medida de seguridad por la comisión del delito que se le atribuye; luego, las precisadas determinaciones no son contradictorias, como lo aduce el promovente. Finalmente, en el diverso concepto de violación de fondo donde el quejoso manifiesta que la autoridad responsable no aplicó el control difuso de la convencionalidad que se relaciona con el principio pro-persona, a fin de que se esté a lo más favorable para el hoy quejoso; es infundado. Resulta de esa forma, ya que el principio pro persona se encuentra consagrado en el artículo 1 constitucional, el cual obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la persona, sin embargo, ese principio no implica necesariamente, que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones favorables que sean aducidas, cuando estas no encuentren sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Materia Constitucional, Décima Época, con número de registro 2004748, del contenido siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Determinado lo anterior, se puede concluir que el Juez de control fue acertado al emitir la determinación impugnada y no vulneró el principio pro persona que señala el promovente. En las relatadas condiciones, al no advertir este órgano jurisdiccional queja deficiente que suplir a favor del peticionario de amparo Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez y al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez contra el acto que reclamó de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, precisado en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso sexto. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza, el día de hoy catorce de febrero de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores de este juzgado. Rosy
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EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DICTADO EL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO HÉCTOR ALFONSO LAMPHAR SÁNCHEZ, HERMANO DE QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE GUADALUPE SALOMÉ LAMPHAR SÁNCHEZ, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO b), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "VISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1136/2016-4, promovido Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, por conducto de sus defensores; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Zacatecas, turnado en esa misma fecha a este juzgado, Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, por conducto de sus defensores, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que enseguida se describen (foja 4): Autoridad responsable: Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral, con residencia en esta ciudad Acto reclamado: Resolución de fecha 03 de Octubre de 2016, dictada por el Juez de Control de este Distrito Judicial deducido de la causa penal marcada con el número 247/2016 del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, en la cual se declara INIMPUTABLE a GUSTAVO ALEJANDRO JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Acto que, a su parecer, es violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 18, 17, 20 apartado B, fracción I,21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (fojas 13-16), se ordenó registrar la demanda con el número 1136/2016-4 y se admitió a trámite; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; por lo que se procede a dictar la resolución correspondiente. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de garantías, consiste en: De la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad. Resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, emitida en la causa penal 247/2016, en la que se modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso para que se continúe ejecutando en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas, al habérsele declarado inimputable. Lo anterior, a pesar de que en el capítulo relativo a los actos reclamados señala como tal la diversa resolución de la misma fecha en que se declaró inimputable al quejoso, pues del análisis integral de la demanda se advierte que en realidad se duele de la precisada en el párrafo que antecede, máxime que dicha inimputabilidad se decretó a solicitud de la defensa del propio quejoso, por lo que ningún perjuicio le irroga tal determinación. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia de acto reclamado (foja 26). Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que se corrobora con las documentales que la propia autoridad responsable remitió como justificación de sus actos y dos discos en formato DVD, de los que se desprende que el tres de octubre de dos mil dieciséis, se determinó modificar la medida de prisión preventiva impuesta al hoy quejoso para que la padezca interno en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas, dictada en la causa penal 247/2016, seguida en su contra por el delito de feminicidio agravado en agravio de Guadalupe Salomé Lamphar Sánchez, documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. También tiene aplicación la jurisprudencia 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. En uno de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formulación de imputación, en la que la agente del Ministerio Público formuló imputación a Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, por el delito de feminicidio agravado, cometido en agravio de Guadalupe Salomé Lamphar Sánchez, por haber sido detenido en flagrancia; asimismo, el Juez de Control decretó la medida cautelar de prisión preventiva para que permaneciera interno en el Centro Regional de Reinserción Social en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas (foja 84); En la audiencia de ratificación de medida cautelar de prisión preventiva celebrada el seis de junio del año próximo pasado, se resolvió la situación jurídica de Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, decretando auto de vinculación a proceso en su contra y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, para que permaneciera hasta la conclusión del proceso, interno en el establecimiento penitenciario de Cieneguillas, Zacatecas (foja 86); El ocho de agosto de dos mil dieciséis, los ahora promoventes del amparo solicitaron al Juez de Control responsable se declarara al quejoso en estado de inimputabilidad, en razón del trastorno psicótico de esquizofrenia que padece, por lo que el referido juzgador ordenó se practicaran los dictámenes correspondientes (foja 87-89); En tres de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de debate de inimputabilidad, en la que se declaró al hoy quejoso Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez inimputable y se modificó la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a efecto de que continúe ejecutándose en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas (foja 28-32). QUINTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, sostiene que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad, dado que no interpuso el recurso de apelación que contempla el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tales afirmaciones son infundadas, como se verá enseguida. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. Del contenido del precepto legal antes señalado se advierte que cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso está obligado a agotar los recursos o medios ordinarios, por virtud de los cuales se puedan modificadas, revocadas o nulificadas las determinación reclamadas previo a acudir al juicio de amparo; sin que tengan las obligación de promover tales medios ordinarios de defensa cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, cuando se impugnen órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; asimismo, cuando quien comparezca al juicio de amparo como extraña al procedimiento de origen. En el caso, se patentiza la excepción al principio de definitividad previsto en el inciso b de la oración normativa transcrita, toda vez que el acto reclamado afecta la libertad personal del hoy quejoso Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez al encontrarse privado de su libertad personal con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la capital. De ahí lo infundado de su causa de improcedencia. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertirse de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Los conceptos de violación son infundados, aun suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En éstos, el quejoso aduce esencialmente lo siguiente: La resolución reclamada resulta contradictora y carece de certeza jurídica, al determinar por una parte que se actualiza la excluyente de responsabilidad prevista en la fracción II del artículo 13 del Código Penal vigente en el Estado y, por otra, le impone una medida cautelar de prisión preventiva. Carece de fundamentación y motivación La autoridad responsable no aplicó el control difuso de convencionalidad que se relaciona con el principio pro-persona, a fin de que se esté a lo más favorable. Por cuestión de método los conceptos de violación se estudiaran en orden diverso al planteado. Concepto de violación formal (fundamentación y motivación). Del análisis de la demanda se advierte que el promovente no manifiesta expresamente que la determinación reclamada carece de la debida fundamentación y motivación; sin embargo, asentó diversas tesis respecto a ese tópico y, en ese sentido, se estima prudente abundar a fin de dar respuesta a tal motivo de disenso. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, establece: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [..]. Conforme a ese numeral, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; en el entendido que debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 260, de la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En la especie, para efectos de fundar la resolución reclamada, la Juez de Control responsable apoyó su determinación en los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 constitucional, pues en éstos se describen los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; asimismo, señaló el diverso 417 del ordenamiento legal citado en primer término, que autoriza a los jueces de control imponer medidas cautelares a las personas inimputables. Por cuanto a la motivación y fundamentación de los datos que tomó en consideración para modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta para que Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez a efecto de que la padezca en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas, fueron las siguientes: El delito de feminicidio agravado por el que fue vinculado a proceso, amerita prisión preventiva oficiosa según lo disponen los numerales 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 Constitucional. El numeral 417 del ordenamiento legal citado en primer término, autoriza a imponer medidas cautelares a personas incapaces. No era el momento procesal para imponer una medida de seguridad, al no encontrarse plenamente acreditado el grado de participación del inculpado en el injusto que se le atribuye. De esta manera, es evidente que la juzgadora responsable cumplió con las exigencias contenidas en el artículo 16 constitucional. Conceptos de violación de fondo, en uno de ellos el quejoso aduce que la resolución reclamada resulta contradictora y carece de certeza jurídica, al determinar, por una parte, que se actualiza la excluyente de responsabilidad prevista en la fracción II del artículo 13 del Código Penal vigente en el Estado y, por otra, impone al hoy quejoso una medida cautelar de prisión preventiva. Marco normativo de las medidas cautelares. El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los diversos tipos de medidas cautelares que el juez podrá imponer al imputado, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Las medidas cautelares son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, mediante la salvaguarda de una situación de hecho, el apartamiento de bienes, cosas o personas para garantizar la eventual realización de la sentencia, o la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de mérito, a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo. Son de extensa variedad, encontrándose diferencias específicas que exigen la adaptación, conforme a su flexibilidad, la potestad judicial expresa y discrecional, de sus alcances, duración, efectos, así como de la fase procesal en la que se adoptan, ya sea de plano o incidentalmente, dentro de un proceso cautelar sumario o sumarísimo, transformable para la eficacia de la medida, según sus características, utilidad práctica y finalidad, en donde es admisible una resolución interina de cautela, de carácter ultra sumario, sujeta a modificación, revocación o al cese de sus efectos, conforme a pruebas supervenientes, medios de impugnación, la contracautela; y una definitiva con duración máxima a la conclusión del proceso principal en curso o inminente del que es instrumental. Pueden pedirse o decretarse de oficio, una vez satisfechos sus presupuestos esenciales de la buena apariencia de un derecho (fumus boni iuris) y el peligro de que este derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora) y tramitarse solo con la intervención de quien las solicita o con la necesaria e indispensable intervención de la parte contra quien se dirigen, según el examen valorativo racional del Juez. Existen medidas que no pueden esperar hasta la satisfacción del derecho de contradicción del sujeto afectado con ellas, ya sea porque esto conllevaría a la evasión de la medida, o a la inocuidad de ella, de manera que habrá casos en los que ese derecho tendrá que aplazarse, pero sólo el tiempo estrictamente necesario para impedir la frustración de los fines perseguidos con la medida solicitada, conforme a su naturaleza. Marco normativo de la medida cautelar de prisión preventiva. El artículo 19 constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. [.]. Asimismo, los artículos 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen las reglas para la aplicación de la prisión preventiva, en los términos siguientes: Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.". Del contenido de los artículos antes transcritos se deduce que la medida cautelar de prisión preventiva puede ser impuesta a petición del agente Ministerio Público, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; o bien, cuando el delito que se atribuye al imputado amerite prisión preventiva como lo dispone el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Marco normativo de las circunstancias excluyentes de responsabilidad. El artículo 13 del Código Penal del Estado determina lo siguiente: Artículo 13. Son circunstancias excluyentes de responsabilidad: [..] II.- Padecer el inculpado, al cometer la infracción, trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le impidan comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión, excepto en los casos en que el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad para cometer el delito; [.] Las circunstancias excluyentes de responsabilidad son el conjunto de situaciones que impiden la existencia misma de la manifestación de la voluntad del hacer humano, se trata de supuestos estados de somnolencia, inconsciencia o violencia física sobre el sujeto, que despojan su obrar del libre albedrío necesario para poder entender la manifestación de la voluntad. Las causas excluyentes de culpabilidad se dividen en cusas de inimputabilidad y causas de inculpabilidad; las primeras producen al sujeto la incapacidad de conocer y valorar el deber de respetar la norma y/o determinar su obrar en tal sentido, falta pues la capacidad para ser culpable, como puede ser la minoría de edad, la alteración o anomalía psíquica, el trastorno mental transitorio y las alteraciones de la percepción desde el nacimiento o la infancia que alteren gravemente la conciencia de la realidad; en tanto que las segundas, excluyen el dolo o la culpa de un sujeto con capacidad para ser culpable por la concurrencia de hechos que impiden practicar del mismo la acción típicamente antijurídica, son el estado de necesidad en caso de conflicto de bienes de igual valor, el miedo insuperable, el caso fortuito, deducido a sensu contrario y el error invencible de tipo o de prohibición. Entonces, la inimputabilidad es la falta de culpabilidad, es decir, que un persona por problemas de madurez psíquica no reúne los requisitos suficientes para ser declarada responsable penalmente de actuaciones que puedan ser típicas y antijurídicas (hecho punible). Así, las causas de inimputabilidad son tres: a) la minoría de edad, salvo en los supuestos previstos en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. b) alteraciones graves en la percepción de la realidad desde el nacimiento o infancia. c) enajenación y trastorno mental transitorio. Algunos de estos supuestos son causas eximentes de responsabilidad criminal. Cuando la persona comete un hecho tipificado como delito carece de la madurez física y mental que la ley considera como imprescindible para exigirle la responsabilidad de sus actos, o cuando la conciencia o la voluntad de tal persona están anuladas o gravemente perturbadas, permanente o eventualmente, se dice que dicho agente es inimputable; es decir, no puede ser objeto de imputabilidad penal o destinatario de responsabilidad criminal. Las causas de inimputabilidad penal son al mismo tiempo, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en el supuesto de que aparezcan con ese carácter, son circunstancias eximentes de responsabilidad penal. Asimismo, el artículo 417 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es del contenido siguiente: Artículo 417. Medidas cautelares aplicables a inimputables Se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del proceso ordinario, con los ajustes del procedimiento que disponga el Juez de control para el caso en que resulte procedente. El solo hecho de ser imputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares. El ordinal transcrito permite a los jueces de control imponer medidas cautelares a personas inimputables a fin de cumplir con los objetivos del proceso como lo son la comparecencia de los imputados para enfrentar el proceso instruido en su contra, la no obstaculización de dicho procedimiento y para evitar el riesgo posible para los testigos que depongan contra los activos. En el caso, la Juez de Control responsable, el tres de octubre de dos mil dieciséis, señaló que se justificaba la circunstancia excluyente de responsabilidad prevista en la fracción II del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que declaró inimputable a Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, en razón del trastorno mental de esquizofrenia paranoide que padece y decretó las medidas pertinentes para continuar con el proceso ordinario seguido en su contra, por lo que designó como su tutora a su madre para que lo represente en el dicho proceso. En la misma fecha, en la audiencia de revisión de medida cautelar, determinó modificarla a efecto de que Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez la padeciera interno en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas. La parte quejosa señala que las anteriores determinaciones son contradictorias entre sí y carecen de certeza jurídica, ya que por una parte declara la existencia de una causa eximente de responsabilidad y, por otra, le impone la medida cautelar de prisión preventiva. Dichas afirmaciones son infundadas, ya que como lo señaló la propia autoridad responsable en la determinación reclamada, Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado, ilícito que amerita prisión preventiva oficiosa al estar contemplado en los supuestos a que se refieren los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el diverso numeral 417 del Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del proceso ordinario y con los ajustes del procedimiento que disponga el Juez responsable. Precisado lo anterior, se puede colegir que las anteriores resoluciones no resultan contradictorias entre sí, pues el delito por el que se vinculó al ahora quejoso (feminicidio agravado) amerita prisión preventiva oficiosa, pues, se encuentra contemplado entre los que describe el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, por otra parte, el hecho que se le declarara inimputable no es razón suficiente para dejar sin efecto dicha medida cautelar de prisión preventiva e imponer una medida de seguridad como lo solicitó su defensa, pues, como acertadamente lo indicó la responsable, una medida de seguridad se impone una vez que se ha demostrado el hecho que la ley señala como delito y que el inimputable participó en su comisión; es decir, no se impone una pena, sino una medida de seguridad. Entonces, atendiendo a la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento instruido a Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez, en el que aún no se ha cerrado la etapa de investigación complementaria, no es momento para imponer la medida de seguridad como pretende la parte quejosa, pues ello será hasta la etapa de juicio en donde el Tribunal de enjuiciamiento emita la sentencia correspondiente de acuerdo con los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y las pruebas ofrecidas por los defensores del hoy quejoso. En consecuencia, como quedo establecido en párrafos precedentes la inimputabilidad es una excluyente de responsabilidad en la comisión de los ilícitos, sin embargo, esa circunstancia será abordada por la responsable al emitir la sentencia respectiva, en donde determinará el grado culpabilidad de ahora quejoso y atendiendo a las constancias y pruebas, podrá imponer al hoy quejoso la medida de seguridad correspondiente; por tanto, se considera correcto el proceder de la Juez responsable, pues atento al contenido del artículo 417 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva al quejoso para que la continuara padeciendo en el pabellón psiquiátrico de Fresnillo, Zacatecas, hasta en tanto se le imponga la medida de seguridad por la comisión del delito que se le atribuye; luego, las precisadas determinaciones no son contradictorias, como lo aduce el promovente. Finalmente, en el diverso concepto de violación de fondo donde el quejoso manifiesta que la autoridad responsable no aplicó el control difuso de la convencionalidad que se relaciona con el principio pro-persona, a fin de que se esté a lo más favorable para el hoy quejoso; es infundado. Resulta de esa forma, ya que el principio pro persona se encuentra consagrado en el artículo 1 constitucional, el cual obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la persona, sin embargo, ese principio no implica necesariamente, que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones favorables que sean aducidas, cuando estas no encuentren sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Materia Constitucional, Décima Época, con número de registro 2004748, del contenido siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE., reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Determinado lo anterior, se puede concluir que el Juez de control fue acertado al emitir la determinación impugnada y no vulneró el principio pro persona que señala el promovente. En las relatadas condiciones, al no advertir este órgano jurisdiccional queja deficiente que suplir a favor del peticionario de amparo Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez y al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Gustavo Alejandro Jiménez Sánchez contra el acto que reclamó de la Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, precisado en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso sexto. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza, el día de hoy catorce de febrero de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores de este juzgado. Rosy"
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