Gustavo Alonso Gómez Sánchez

Expediente 1241/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1241/2014
Año
2014
Actuaciones
27
Última actuación
10/02/2016

Partes del expediente

  • Gustavo Alonso Gómez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    En diez de febrero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ----------------------------------------------------------------------------------- C E R T I F I C O:------------------------ Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintidós de enero al ocho de febrero de dos mil dieciséis, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado por este Tribunal Federal el diecinueve de enero de la presente anualidad.- Doy fe. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del auto dictado por este Juzgado el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.

  2. Principal

    En diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que transcurrió el término de veinte días concedido al quejoso contado a partir del once de diciembre de dos mil quince, data en la que le fueron entregados los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada María Lorena Rodríguez Rodríguez, sin que hubiera acreditado su publicación.- DOY FE. En la propia fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término de veinte días concedido al quejoso contado a partir del once de diciembre de dos mil quince, data en la que le fueron entregados los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada María Lorena Rodríguez Rodríguez, sin que hubiera acreditado su publicación; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte quejosa en el proveído de quince de octubre de dos mil quince, y se procede al análisis del presente juicio de garantías, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, del estado que guardan los presentes autos advierte que durante la tramitación del presente juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.", por las razones que a continuación se exponen. De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: 1.- En auto de doce de septiembre de dos mil catorce, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada MARÍA LORENA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ; y para tal efecto se giró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en Turno (f. 84-85). 2. El catorce de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, mediante el cual devolvió sin diligenciar el exhorto 1055/2014, toda vez que no le fue posible realizar el emplazamiento que le fue encomendado, en razón de que al constituirse el Oficial Notificador adscrito a ese Juzgado, a fin de localizar la Calle Cholulas 970, después de revisar la cartografía con la que cuenta dicho funcionario, expedida por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, pudo apreciar que la referida calle no existe (f.114). 3. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil catorce y dieciséis de abril de dos mil quince, se procedió a la investigación del domicilio actual de la citada tercero interesada y se giraron oficios al Delegado de la Procuraduría General de la República, y Director de la Policía Ministerial, ambos con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, así como al Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral, al Director de Teléfonos de México y Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, los tres con sede en esta ciudad, a efecto de que informaran a este Tribunal Federal el domicilio que tuvieran registrado en la base de datos de la referida tercero interesada (f. 116 y 166). 5. Mediante proveídos de veintidós y veintitrés de abril, siete y veintidós de mayo de dos mil quince, se tuvieron por recibidos los oficios signados por Delegado de la Procuraduría General de la República, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, así como al Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral, al Director de Teléfonos de México y Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, los tres con sede en esta ciudad, mediante los cuales, en atención al requerimiento que les fue formulado, informaron que después de haber realizado búsqueda en la base de datos con que cuenta la dependencia a su respetivo cargo, no se localizó registro a nombre de la tercero interesada María Lorena Rodríguez Rodríguez (f. 173, 175, 177 y 186). Posteriormente, en auto de veintidós de mayo de presente año, tomando en consideración que los actos reclamados en el presente asunto se encuentran relacionados con la averiguación previa 637E0142152001,se giró oficio al Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que en el término de tres copias, remitiera a este Tribunal Federal copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran la citada indagatoria. En catorce de julio de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público, en Funciones de Coordinador de la Unidad de Investigación Especializada en Investigación de Delitos del Sistema Tradicional, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, al que acompañó copias certificadas de la carpeta de investigación 14215/2001-1204. Asimismo, el treinta de julio del presente año, se recibió oficio enviado vía fax por el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en el que informó que al realizar una búsqueda en sus sistemas de información, encontró un domicilio de la tercero interesada, por lo que se giró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en Turno; el cual, en proveído de catorce de septiembre de la presente anualidad, se tuvo por recibido sin diligenciar, por los motivos expuestos en el acta levantada el veintisiete de agosto del propio año; y se requirió al quejoso por el término de tres días para que proporcionara el domicilio actual y correcto de la referida tercero interesada. Atendiendo a que el peticionario de garantías no cumplió con ese requerimiento, y dado que ya se había agotado la investigación respecto del domicilio del mencionado tercero interesado, en auto de quince de octubre de dos mil quince, se determinó continuar con el trámite que establece el precepto 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, y se ordenó el emplazamiento de la mencionada María Lorena Rodríguez Rodríguez por medio de edictos a costa del quejoso; y se le requirió para que comparecieran en el lapso de tres días siguientes a la notificación de ese proveído, para que compareciera a fin de hacerle entrega de dichos edictos para que procediera a su publicación; bajo apercibimiento que de no hacerlo se decretaría el sobreseimiento en este juicio de garantías (f.305). Posteriormente, el once de diciembre de dos mil quince, compareció ante el personal de este Juzgado el licenciado Ricardo Flores Dávila, en su carácter de autorizado del quejoso, a fin de recoger los edictos derivados del juicio de amparo en que se actúa (311). Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, el suscrito resolutor considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción II, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este Tribunal Federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio de la tercero interesada María Lorena Rodríguez Rodríguez, a fin de emplazarla al presente juicio de garantías, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el once de diciembre de dos mil quince, compareció ante el personal de este Juzgado el licenciado Roberto Flores Dávila, en su carácter de autorizado del quejoso, a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de la referida tercero interesada, sin que haya acreditado la publicación de los mismos, lo que genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso d) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción V, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Pues bien, en el presente juicio de garantías se tuvo como tercero interesada a María Lorena Rodríguez Rodríguez, y no obstante que se requirió al peticionario de garantías en diversas ocasiones, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la antes nombrada, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este Tribunal Federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo vigente, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de quince de octubre de dos mil quince, se ordenó emplazarlo por medio de edictos a costa del quejoso; y el once de diciembre de dos mil quince, compareció ante el personal de este Juzgado el licenciado Roberto Flores Dávila, en su carácter de autorizado del quejoso, a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento de la referida tercero interesada, sin que haya acreditado la publicación de los mismos, lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se erige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que ubica al suscrito resolutor en la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso concreto se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio de garantías en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es los propios impetrantes. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción II, inciso d), todos de la Ley de Amparo vigente, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". NOTIFIQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha Comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.

  3. Principal

    En once de enero de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en Funciones de Juez con un escrito registrado con el número 396.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito signado por el quejoso GUSTAVO ALONSO GÓMEZ SÁNCHEZ, mediante el cual manifiesta que su salario no le permite pagar las cantidades relativas a la publicación de los edictos para emplazar a la tercero interesada María Lorena Rodríguez Rodríguez y solicita a este Juzgado de Distrito busque la opción en el caso particular y sugiere que la publicación y su costo se hagan a través del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en razón de que si bien, el promovente manifiesta la imposibilidad para publicar los edictos derivado de la precaria situación económica que aduce la parte quejosa; empero, de autos no se advierte que existan indicios suficientes que demuestren que efectivamente el quejoso no tiene la capacidad económica para sufragar un pago como el que corresponde a la mencionada publicación. Ello es así, porque de los datos y pruebas que obran en el juicio de garantías no se advierten elementos probatorios, ni siquiera a nivel de indicio que ponga al descubierto que efectivamente la parte quejosa no tiene capacidad económica, por lo que su solo dicho es insuficiente para ordenar que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien realice la publicación de edictos para emplazar a los terceros perjudicados. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), publicada en la página 727, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.". Contradicción de tesis 275/2013. Entre las sustentadas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 22 de noviembre de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, respecto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis aislada III.4o.(III Región) 10 K (10a.), de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, AL IMPONER AL QUEJOSO LA PUBLICACIÓN A SU COSTA VIOLA EL DERECHO DE GRATUIDAD DE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 402/2012 (cuaderno auxiliar 685/2012) con número de registro IUS: 2002299 y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja civil 9/2013, determinó que si el quejoso no ha manifestado siquiera ante la Jueza de Distrito incapacidad económica para cubrir el costo de los edictos y que ésta se demostrara de forma indiciaria con los elementos del juicio, en atención al criterio jurisprudencial citado, resultó apegado a derecho que en el auto recurrido, se ordenara la publicación de éstos a costa del peticionario de amparo.". Por tanto, queda subsistente el apercibimiento realizado en el auto de siete de enero del año en curso, para el caso de no cumplir con la publicación de los edictos de que se trata. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  4. Principal

    En quince de octubre de dos mil quince, se da cuenta Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al quejoso en proveído de catorce de septiembre del año en curso, a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto de la tercero interesada María Lorena Rodríguez Rodríguez, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo en su contra el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, y con fundamento en el último párrafo del inciso b) de la fracción II del artículo 27, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del cuerpo de leyes invocado en último término, SE ORDENA REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO de la citada tercero interesada, POR MEDIO DE EDICTOS A COSTA DE LA PARTE QUEJOSA, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación, en un periódico nacional y otro local de mayor circulación a elección de la parte quejosa; haciéndosele saber a la persona moral tercero interesada de que se habla, que debe presentarse dentro del término de treinta días contado a partir del siguiente al de la última publicación, ante este Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas; bajo apercibimiento que de no comparecer dentro del plazo concedido, se le harán las posteriores notificaciones por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia; asimismo, se fijará una copia de este acuerdo en los estrados de este Juzgado por todo el tiempo del emplazamiento. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa que los edictos referidos quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, para que con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dentro de un término de tres días, comparezca a recibirlos y proceda a gestionar su publicación, apercibida que de no recogerlos, se le impondrá una multa por el equivalente a VEINTE DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con apoyo en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, además de que se sobreseerá en su perjuicio el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo estatuido en el arábigo 63, fracción II, de la Ley de la materia, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:" (.) "II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" (.) Finalmente, toda vez que se ha ordenado el emplazamiento por medio de edictos de la citada tercero interesada María Lorena Rodríguez Rodríguez, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional, la cual se encuentra fijada para las doce horas del día de hoy, y una vez que se logre el emplazamiento de referencia, se señalará nueva fecha para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Mugurio, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.

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