Gustavo Arreola Fuentes
Expediente 422/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gustavo Arreola Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
En veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 2370. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Intégrense a los autos el oficio suscrito por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; en su atención, se le tiene acusando recibo del oficio 2695/2022, mediante el cual se le informó que se declaró cumplida la sentencia y se ordenó el archivo definitivo en el presente juicio. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que se concedió a Jeanne Daumas Gil de Partearroyo y Guillermo Ulibarri Daumas, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal número XI-36/2021; 2. En su lugar, dicte otra en la que analice los agravios formulados por los allá recurrentes, lo que puede ser en el mismo sentido o uno diverso." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El Magistrado responsable realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal número XI-36/2021. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictó otra resolución en la que analizó todos y cada uno de los agravios formulados por los recurrentes. Ello es así, ya que en primer término transcribió y estudió los agravios de la defensa; luego analizó las inconformidades de la víctima. Asimismo, en forma destacada estudió el agravio relativo a que si era relevante o no que el acuerdo de consignación se hubiera fundamentado en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán abrogado, en los siguientes términos: "En cumplimiento al fallo constitucional, se contesta el agravio hecho valer por la defensa sobre si es relevante que el acuerdo de consignación se hubiere fundamentado en el código de procedimientos penales del estado de Michoacán abrogado. El que la consignación del ministerio público haya sido fundada en el citado código adjetivo estatal no es relevante para para los efectos que pretende la defensa; es decir, para que dicha actuación sea declarada nula por vulnerar derechos fundamentales de los imputados, por las siguientes razones: En el presente caso el procedimiento inició con averiguación previa debido a que la querella fue presentada y ratificada por Enrique Ulibarri Daumas, apoderado legal de Gerardo Ulibarri Daumas, el 10 de octubre de 2008, cuando se encontraba vigente el sistema tradicional. De forma posterior, el 3 de agosto de 2015 entró en vigor el sistema acusatorio, el cual rige su procedimiento conforme al cnpp, en la ciudad de Uruapan, donde ocurrieron los hechos. Dicha codificación nacional fue reformada el 17 de junio de 2016, el artículo tercero transitorio determinó la abrogación de las codificaciones adjetivas estatales, como lo es la del estado de Michoacán -y la federal previa al cnpp- en los siguientes términos: ... En este aspecto es pertinente destacar que el artículo 211 cnpp in fine establece que el proceso dará inicio con la audiencia inicial, lo cual es distinto a la acepción de procedimiento que hace el mismo código (utilizado por el citado artículo transitorio), que en su artículo 2°, establece: «Este Código [código de procedimientos penales] tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos». De una interpretación sistemática de ambos artículos se obtiene que el procedimiento penal incluye la investigación de los hechos y abarca hasta sus consecuencias jurídicas, en tanto que el proceso da inicio con la audiencia inicial y culmina con la sentencia firme. Dado que en el presente asunto inició el procedimiento conforme al sistema mixto o tradicional, con averiguación previa en la investigación de los hechos, puede decirse que ya se encontraba en trámite cuando entró en vigor del sistema acusatorio; por tanto, es aplicable en este caso el supuesto de excepción para continuar su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos -el código de procedimientos penales del estado de Michoacán- que establece el citado artículo tercero transitorio. Por tanto, no es ilegal la actuación del ministerio público que continuó su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento de su inicio; es decir, el acuerdo de consignación conforme al código de procedimientos penales del estado de Michoacán, porque derivó de una interpretación plausible del artículo transitorio de referencia, sobre la transitoriedad hacia el sistema acusatorio. En ese sentido, dicha actuación no puede reputarse como vulneración a derechos fundamentales de los imputados; y, por ende, no resulta aplicable lo que al efecto señala el artículo 97 cnpp, respecto de la nulidad de actos procedimentales. Lo anterior, con independencia que el juez mixto del sistema tradicional, no acogió la interpretación del multicitado artículo transitorio que justificó la actuación del ministerio público al consignar la averiguación previa fundamentada en el código de procedimientos penales del estado; dado que la interpretación diversa de dicho artículo transitorio en resolución de 19 de junio de 2019, al declararse incompetente al recibir la consignación, para optar por la aplicación del sistema acusatorio que se considera más benéfico para el procesado, no puede hacerse extensiva hasta el punto de afectar o invalidar dicha actuación del misterio público, en virtud de que la pretensión de la prescripción de la acción penal que hace la defensa tiene como presupuesto la inactividad del ministerio público en la persecución de los delitos. En ese contexto, no puede considerarse o asimilarse a inactividad por parte del ministerio público, la actuación que en este caso hizo al consignar la averiguación previa que estaba tramitando; con independencia de que la interpretación que sustentó ese ejercicio de la acción penal no fue acogida por el tribunal del sistema tradicional que se declaró incompetente. Por otra parte, es cierto, como dicen los agravios, que si la facultad del ministerio público en la persecución de los delitos no se ejerce en el tiempo legalmente determinado implica la pérdida para el estado del ius puniendi, conforme a lo establecido por los artículos 93 y 97 del código de procedimientos penales del estado de Michoacán. Sin embargo, de su afirmación respecto a que esa misma sanción sea aplicable en el caso de actuaciones ante autoridades incompetentes no indican el sustento legal; y ese supuesto no se encuentra como hipótesis para la prescripción de la acción penal en los citados artículos. Ello, con independencia de que no sea el caso en este asunto, pues como se dijo, la competencia del juzgado ante el cual se hizo la consignación estaba surtida, pues inició con averiguación previa penal en el sistema mixto o tradicional." Luego, analizó el diverso motivo de inconformidad, consistente en que del acta de entrevista de cuatro de marzo de dos mil veinte, realizada a Enrique Ulibarri Daumas, la fiscal aceptó que la misma no fue elaborada en dicha fecha, sino que fue recabada en noviembre de dos mil veinte, por lo que tampoco se podía tomar en cuenta para el cómputo de la prescripción, además que era una actuación en averiguación del delito o del delincuente, ya que no aporta nada novedoso, la cual debió de haber sido valorado por la Juzgadora, en atención al principio pro persona, pro libertad y exhaustividad en su resolución, ya que la actividad judicial siempre debe buscar el mayor beneficio para la persona, es decir acudir a la interpretación extensiva de los derechos humanos reconocidos en la legislación nacional e internacional de la que el Estado Mexicano es parte, en el siguiente tenor: "Como se explicó, en este caso, la resolución impugnada consideró que el cómputo de la prescripción de la acción penal fue interrumpido con la consignación del asunto ante el juez mixto del sistema tradicional que se declaró incompetente, actuación del 31 de mayo de 2019, en ese sentido, es intrascendente la fecha de la entrevista realizada a Enrique Ulibarri Daumas, puesto que, con independencia de su fecha, que en la audiencia el ministerio público reconoció no es de fecha 4 de marzo de 2020, sino de fecha posterior. Por tanto, no le causó un perjuicio que la resolutora no tomara en consideración la fecha de dicha entrevista, porque el término de la prescripción de la acción penal ya había sido interrumpido el 31 de mayo de 2019; por ende, es irrelevante la fecha de la entrevista que refiere la defensa. El alegato respecto a que dicha entrevista tampoco se podía tomar en cuenta para el cómputo de la prescripción porque no era una actuación en averiguación del delito o del delincuente, ya que no aporta nada novedoso es inexacto, dado que no son esos los parámetros que deben considerarse para tal efecto. El artículo 97 del código penal vigente al momento de los hechos no hace referencia a que para que las actuaciones del ministerio público tengan validez o sean consideradas en averiguación del delito dependan de la información que con las mismas se obtenga, pues lo que se sanciona con la prescripción es la falta de actividad de la representación social, no el resultado o contenido de los actos de investigación. Sin embargo, como se mencionó, con independencia de lo anterior, previo a la fecha de la citada entrevista ya se había dado la interrupción de la prescripción de la acción penal, el 31 de mayo de 2019." Finalmente, emitió una conclusión: "Por tanto, los agravios expresados por la víctima y el asesor jurídico en ejercicio de su derecho a la adhesión, son inoperantes. En consecuencia, se confirma la resolución recurrida." Por su parte, la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, del Estado de Michoacán de Ocampo, informó que tomó nota del sentido de la ejecutoria y ordenó notificar a las partes dicha determinación. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que lo hayan hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la parte quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En dos de febrero de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos físicamente en la oficialía de partes común, registrados bajo el folio 1219. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de febrero de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************Téngase por recibido el oficio signado por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria concedida en el presente juicio de amparo y remite constancias para acreditarlo.********************En esa virtud, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, este órgano de control constitucional con desahogo de la vista o sin ella, se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos en el presente juico de amparo. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado que guardan los autos, del que se advierte las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, no han dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de trece de agosto de dos mil veintiuno, cuyos efectos se precisan: "En tal virtud, ante lo sustancialmente fundado del concepto de violación en estudio, lo procedente es conceder el amparo solicitado, a fin de que el Magistrado de la Primera Sala Penal, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitida en el toca penal número XI- 36/2021; 2. En su lugar, dicte otra en la que analice los agravios formulados por los allá recurrentes, lo que puede ser en el mismo sentido o uno diverso. Concesión que se hace extensiva a las autoridades señaladas como ejecutoras, al no haberse reclamado de ellas actos por vicios propios, como lo postula la tesis de jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS" 2. Requerimiento y apercibimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez y Actuario del Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, cumplan con la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias que así lo acredite; apercibiéndolos que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa, de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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