Guillermo Jesús Magaña Figueroa
Expediente 252/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Jesús Magaña Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En tres de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria, certifica: Que el plazo de que disponían las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió de la siguiente forma: Para el quejoso del dieciocho al veintinueve de julio del dos mil veintidós, toda vez que fue notificado el catorce de julio del año anteriormente citado. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente sumario, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En los autos del cuaderno incidental se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1. DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal y el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y documentación. 4. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 5. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. A
- Principal
CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama una determinación que tiene ejecución en la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director General de Administración de Prevención y Readaptación Social: ? La resolución contenida en el oficio SSPC/PRS/DGA/2028/2022, de dieciocho de abril de dos mil veintidós, por medio de la cual, ordena el cambio de adscripción del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila". ? La negativa a proveer de los recursos necesarios para sufragar los gastos de viaje, menaje de casa; así como, los gastos que origine el transporte de menaje de casa indispensable para la instalación de la familia. Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" ? Los actos tendientes a dar cumplimiento el acto reclamado". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Encargado del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo y el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en representación del Director de Área, con sede en la ciudad de México, reconocen la existencia del acto reclamado consistente en la orden de cambio de adscripción del quejoso. Y, niega la existencia del diverso acto reclamado, relativo a la omisión de proveer de los recursos necesarios para sufragar los gastos de viaje, menaje de casa, así como, los gastos que se originen por el transporte; empero, después de la negativa, realizan manifestaciones en torno a que los cambios de adscripción no incluyen los viáticos para el quejoso, de lo que se desprende su existencia, por lo que de igual forma se tiene como cierto dicho acto reclamado. Además, la existencia del acto se corrobora con las constancias que integran el juicio de amparo 252/2022 y las remitidas por las autoridades responsable junto con su informe justificado, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la existencia del acto reclamado, en los términos que se precisan en el considerando anterior, no será sometido a análisis constitucional, en razón que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y derechos Humanos, en representación del director de Área, de Prevención y Readaptación Social, con sede la ciudad de México, hizo valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, en relación con el arábigo 5°, ambos de la Ley de Amparo, bajo el argumento que el quejoso carece de interés jurídico para instar la presente instancia constitucional, causal de improcedencia, que se estima fundada. Resulta necesario precisar que el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de dicho ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5º, de la Ley de Amparo, en su fracción I , establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta el artículo 6º de la Ley de Amparo al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del numeral 5º de la ley de la materia. En este contexto, el interés a que se refiere la Ley de amparo, es el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto de autoridad que tenga un impacto real en su esfera jurídica, y que estime violatorio de sus derechos fundamentales. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Así, el interés jurídico o legítimo se refiere a la titularidad que tiene el quejoso en relación con los derechos transgredidos y, el perjuicio que le causa el acto de autoridad que impacta de manera directa ese derecho. Es necesario, que se demuestre fehacientemente que el acto de autoridad vulnera el derecho de la parte quejosa, pues no basta la sola existencia de un acto de autoridad para que proceda en su contra el juicio de amparo; sino que el peticionario debe acreditar fehacientemente que ese acto produce una afectación real en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sin que tal interés pueda inferirse con base en presunciones, pues se debe constatar la existencia de la violación alegada. De modo que no se puede hablar de un agravio personal y directo, cuando la afectación que una persona pudiera sufrir con un acto de autoridad, no impacta sus derechos jurídicamente tutelados. De manera que, aun cuando un determinado acto de autoridad pudiera tener ciertas repercusiones en la vida cotidiana de una persona, ello no la legitima para promover el juicio de amparo; porque la probable existencia de un agravio indirecto que no se sustenta en un derecho que la ley protege, no puede ser materia del juicio de amparo. Es así porque, en virtud de su propia naturaleza como medio de control constitucional, el juicio de amparo sólo es procedente en contra actos de autoridad que atenten contra los derechos de los gobernados; de manera que la existencia de ese derecho constituye un presupuesto indispensable para su procedencia. Es ilustrativa, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, Volumen 71, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, Registro 232963, que dice: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." En el caso, Guillermo Jesús Magaña Figueroa, reclama la determinación de las autoridades responsables de cambiarlo de adscripción, del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila". Al respecto, es necesario precisar que el cambio de adscripción reclamado no produce en el quejoso una lesión o perjuicio en la esfera de sus derechos públicos subjetivos para que, por tanto, estuviese legitimado para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal; ello, desde el momento en que carece del derecho de inamovilidad, además de que no se trata de una orden de remoción, destitución, o bien, cualquier otra forma de separación del cargo. En efecto, en la especie, no se requiere el consentimiento del quejoso para poderlo cambiar de adscripción, pues de hacerlo se les estaría reconociendo el derecho a su inamovilidad material, lo que no es propio del sistema excepcional establecido constitucionalmente para estos servidores públicos, pues debido a sus funciones para con el Estado, su ubicación territorial depende de las cambiantes necesidades de atención a la seguridad pública; de ahí que ese cambio de adscripción reclamado, no puede estar supeditado a la voluntad del quejoso, porque se trastocaría la finalidad de sus funciones tendentes al beneficio de la colectividad. Lo anterior es así, ya que el peticionario de amparo, que pertenece al cuerpo de seguridad pública integrante de la Secretaría de Seguridad Pública, específicamente al sistema penitenciario, no tiene el derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forma parte así lo impone, lo cual se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, como se advierte de los siguientes preceptos: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: . VIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal. ." Artículo 13.- El personal de confianza de las unidades administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se determinen dichas unidades administrativas. Artículo 40.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: . XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; ." REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL Artículo 101.- El personal del Centro Federal es de confianza al desempeñar una función de seguridad pública y deberá prestar sus servicios en cualquier Centro Federal, de acuerdo con las necesidades de Prevención y Readaptación Social. REGLAMENTO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. "Artículo 5.- El Órgano, para el ejercicio de las funciones que le competen, contará con las unidades administrativas siguientes: . IV. Dirección General de Administración. ." "Artículo 14.- El titular de la Dirección General de Administración tendrá las funciones siguientes: I. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y prestación de los servicios generales, con criterios de eficiencia, racionalidad y austeridad presupuestal que permitan la atención prioritaria de los programas sustantivos de las unidades administrativas y centros federales adscritos al Órgano, de conformidad con la normatividad establecida por la Oficialía Mayor de la Secretaría y los lineamientos que dicte el Comisionado; . V. Someter a la consideración de la Oficialía Mayor de la Secretaría, previo acuerdo con el Comisionado, propuestas de cambios a la organización interna del Órgano y medidas administrativas que mejoren su funcionamiento; . XIV. Definir, elaborar, emitir y promover sistemas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección, contratación, nombramientos, inducción, remuneraciones, prestaciones, servicios sociales, motivación, capacitación y movimientos del personal, así como de medios y formas de identificación de los servidores públicos del Órgano, con base en los lineamientos emitidos por la Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos de la Secretaría.". La interpretación conjunta de los preceptos recién transcritos se concluye que las instituciones de seguridad pública federales, se rigen bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, entre otros; su finalidad es proteger a la sociedad, mantener el orden, la tranquilidad, así como hacer frente a los casos de emergencias, accidentes, siniestros o desastres. Así como, que el personal del Centro Federal es de confianza al desempeñar una función de seguridad pública y deberá prestar sus servicios en cualquier Centro Federal, de acuerdo a las necesidades de prevención y readaptación social. En esa virtud, el quejoso por sí y en representación de la niña de referencia, como parte del sistema penitenciario, conforme a los preceptos ya transcritos, por regla general carece de interés jurídico para combatir en el juicio de amparo una orden de cambio de adscripción por necesidades del servicio. Ello, porque no goza de la titularidad del derecho a permanecer indefinidamente en su adscripción, pues los fines de la institución de la que forma parte así lo imponen, lo que se traduce en que las necesidades del servicio obligan precisamente a su movilidad, ya que debido a la naturaleza de sus funciones, el lugar en el que deban realizar sus actividades depende de las cambiantes necesidades de la sociedad en materia de seguridad pública, en el caso, del sistema penitenciario; de ahí que, por regla general, su adscripción debe atender a las necesidades del servicio, pues de otra manera se trastocaría la finalidad de su labor en beneficio de la colectividad. No obstante, lo anterior de manera excepcional sí tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo contra el cambio de adscripción, ello siempre y cuando en razón de dicha nueva adscripción se modifique el desempeño de sus funciones y exista desigualdad de condiciones. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 310, Novena Época, registro 17883, del tenor siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". Así como, la tesis sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII , Octubre de 2005, página 2499, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES. Si bien es cierto que atendiendo a la naturaleza de sus funciones, el cambio de adscripción de los elementos de seguridad pública por necesidades del servicio no les da interés jurídico para combatirlo a través del juicio de garantías, también lo es que esto no sucede así cuando, producto de ese mismo cambio de adscripción, se cause un menoscabo al salario o percepciones del interesado; ello es así porque tal disminución prestacional constituye un acto de privación de derechos susceptible de ser examinado por el órgano constitucional, principalmente cuando el alegato del quejoso consiste en no haber sido escuchado por la autoridad en forma previa a la determinación de dicho cambio de adscripción." Así, a fin de determinar si el quejoso se encuentra en el caso de excepción que establecen los criterios jurisprudenciales recién transcritos, se precisa que mediante oficio SSPC/PRS/DGA/2028/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós, el Director General de Administración de Prevención y Readaptación Social, hizo del conocimiento del quejoso, lo siguiente: ".le comunico que a partir de la presente fecha, deberá presentarse de cambio de adscripción al respecto, le comunico que a partir de la presente fecha, deberá presentarse con la Lic. Jetzael Elena Martínez Cisneros-Directora General del Centro Penitenciario Federal No. 18 "CPS-Coahuila", quien le asignará sus funciones, área, jornada y horario laboral a desempeñar con motivo de la plaza que ocupa, considerando 05 (cinco) días de plazo para presentarse, en el entendido que de no hacerlo en la fecha señalada se iniciarán las acciones que conforme a derecho correspondan. En mérito de lo antes expuestos, se le exhorta a desempeñar sus funciones bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los Derechos Humanos, de conformidad a lo señalado en el artículo 21 de nuestra Constitución Política, 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 6 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social". Mediante ese acto se informó al quejoso que a partir de esa fecha se tendría que presentar en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-Coahuila". Asimismo, la autoridad responsable anexó a su informe de ley, el nombramiento a nombre de Guillermo Jesús Magaña Figueroa, con número de empleado 913700, de trece de noviembre de dos mil doce; el que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, del que se advierte que el tipo de nombramiento otorgado al quejoso es de confianza, en la denominación "Maestro penitenciario de actividades formativas "C", con adscripción en el Órgano Administrativo Descentrado Prevención y Readaptación Social, Centros Federales de Readaptación Social en la República Mexicana. Ahora, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y derechos Humanos, en representación del director de Área, de Prevención y Readaptación Social, con sede la ciudad de México, al momento de rendir su informe de ley, manifestó en lo que interesa: ".toda vez que el cambio de adscripción se encuentra en el nombramiento que firmó en el cual se señaló como área de adscripción el ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL EN LA REPÚBLICA MEXICANA, siendo que la adscripción contempla todos los Centros Federales de Readaptación que conforman el Sistema Penitenciario Federal, aunado a que las actividades que realizará en el Centro Penitenciario Federal número 18 "CPS-COAHUILA", son las mismas que venía desempeñando en el Centro Penitenciario Federal número 17 "CPS-MICHOACÁN", pues continua ocupando su puesto de Maestro Penitenciario de Actividades Formativas "C", realizando las mismas funciones, con la misma categoría y jornada laboral, conservando su sueldo y demás prestaciones que percibía, por lo que el cambio de adscripción no genera alguna actividad extraordinaria". Informe con el cual, se le dio vista al quejoso, a fin de que expresara si era su deseo ampliar la demanda de amparo; empero, fue omiso en desahogar tal vista; es decir, no amplió su demanda de amparo, respecto de lo manifestado por la autoridad responsable en la que completó la fundamentación y motivación del acto reclamado. En ese contexto, al quejoso correspondía demostrar la afectación a su interés jurídico; por tanto, tenía la carga procesal de aportar pruebas que acreditaran las funciones y condiciones que desempeñó en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud legal de examinar si la orden de cambio de adscripción se verificó o no en igualdad de funciones y condiciones. Es así, ya que se limitó a afirmar que el cambio de adscripción que reclama transgredía sus derechos fundamentales; así como a los de la niña de iniciales V.M.M.R.; pues ya que el cambio de adscripción reclamado, representaba un menos cabo económico, pues no cuenta con recursos para realizarlo. Sin embargo, tales manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar lo aseverado por la autoridad responsable. No se soslaya que la promoción del juicio de amparo, haya sido también a favor de la infante de iniciales V.M.M.R.; empero, ante la omisión del quejoso de ampliar su demanda de amparo respecto de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable, este órgano de control constitucional, se encuentra imposibilitado legalmente para hacerlo, ante el desconocimiento de si el quejoso, cuestionaba que tal cambio de adscripción, hubieran variado sus funciones o condiciones de trabajo en su perjuicio. Además, el acto reclamado, en su carácter de acto administrativo realizado por una autoridad en ejercicio de sus funciones, la orden de cambio de adscripción que se reclama goza de una presunción de legalidad, pues como parte de la actividad del Estado, esa actuación se rige por los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, que señala el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. En tales condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En virtud del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" . Al resultar fundada la causa de improcedencia en estudio, resulta innecesario ocuparse de las diversas hechas valer por la autoridad responsable, virtud a que este órgano de control constitucional no está obligado a analizar todas y cada una de las causas de improcedencia. QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 252/2022, promovido por Guillermo Jesús Magaña Figueroa, por propio derecho y en representación de la niña de iniciales V.M.M.R, contra actos del Director General de Administración en prevención y Readaptación Social, con residencia en la ciudad de México y otra autoridad, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese.
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En veinte de junio de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: Que el plazo de 15 días concedido a la parte quejosa en proveído de seis de junio del año en curso para ampliar su demanda respecto de la fundamentación y motivación que realizó la autoridad responsable (Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Director General de Administración) en su informe justificado, se encuentra transcurriendo, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar; con lo anterior y con el estado procesal que guardan los autos se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de junio de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente:********************SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de 15 días otorgado a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo respecto del informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable el pasado seis de los corrientes, para dar oportunidad a lo anterior y sea respetado dicho plazo a que alude el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, para su verificativo.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
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En seis de junio de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo recibidos físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrados bajo el folio 7626. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación del Director General de Administración, rindiendo su informe justificado; con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional. 2. Delegados y domicilio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9°, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, designando delegados a las personas que menciona y domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el oficio de cuenta. 3. Vista a la parte quejosa. Ahora bien, del informe anterior, se advierte que la responsable complementó la motivación y fundamentación del acto reclamado, por tanto, de conformidad con los artículos 117, último párrafo "Artículo 117. ., a fin de que sean respetadas a las normas fundamentales que rigen la actuación del Juez y de las partes en el procedimiento de amparo indirecto dese vista a la parte quejosa con los informes de referencia, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, computado legalmente, manifieste por escrito, si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a la motivación y fundamentación que complementó la responsable. En la inteligencia de que para dicha ampliación, deberá reunir los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa que de no realizar manifestación alguna en el plazo concedido, se entenderá su desinterés en realizar el señalamiento precisado, y se continuará el trámite del presente juicio de amparo, en la forma planteada inicialmente en sus libelo constitucional. Sirve de apoyo la tesis de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO EL AUTO QUE LO TUVO POR RENDIDO PARA QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE COMPLEMENTA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y SEÑALA UNO NUEVO VINCULADO QUE PRECEDE A ÉSTE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Hechos: El Juez de Distrito omitió notificar personalmente al quejoso el auto que tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad administrativa responsable en el que complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado e hizo referencia a otro acto que le precede, con el que guarda vinculación y constituye la motivación complementaria, para que ampliara su demanda, lo cual originó que en la sentencia no se pronunciara en relación con la suficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación expresada en el informe, así como con la imposibilidad para la autoridad responsable de reiterar o no el acto reclamado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la omisión de notificar personalmente al quejoso el auto que tuvo por rendido el informe justificado en donde la autoridad administrativa responsable complementa la fundamentación y motivación del acto reclamado, y señala uno nuevo vinculado que precede a éste para que, si lo estima conveniente amplíe su demanda al respecto, constituye una violación a las normas fundamentales del procedimiento del juicio de amparo indirecto que amerita su reposición. Justificación: Lo anterior, porque de la interpretación sistemática de los artículos 26, fracción I, incisos c) y k), 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se obtiene que la omisión señalada que origina que el Juez de Distrito no se pronuncie en la sentencia en relación con la suficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación expresada en el informe justificado, así como con la imposibilidad para que la autoridad responsable reitere o no el acto reclamado, constituye una violación a las normas fundamentales que rigen la actuación del Juez y de las partes en el procedimiento de amparo indirecto, que trasciende al resultado del fallo y obliga a reponer el procedimiento para subsanarla. Ahora, aunque la Ley de Amparo no impone la obligación de notificar personalmente el informe justificado cuando se advierte que la autoridad administrativa responsable complementó la insuficiencia de la fundamentación y motivación del acto reclamado, lo cierto es que dada la trascendencia de su contenido, debe notificársele así y requerirle expresamente para que, en su caso, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo en el plazo de quince días previsto para ese propósito, ya que cualquier rigorismo técnico está subordinado al supremo bien de impartir justicia pronta, completa e imparcial, sobre todo en el juicio de amparo, donde el objeto principal es mantener la supremacía de las normas constitucionales para la debida tutela de los derechos humanos y fundamentales del particular. Además, la regla procesal que obliga a correr traslado con el informe justificado con el contenido de que se trata, o sea, que complementa la fundamentación y motivación o contiene un nuevo acto vinculado con el inicialmente reclamado o la intervención de una autoridad diversa a las señaladas como responsables, tiene como objetivo que se pueda resolver la Litis constitucional en su integridad para lograr la pronta impartición de justicia, pues con la ampliación de la demanda se integran debidamente las pretensiones de la parte quejosa, con la opción de promover un nuevo juicio de amparo para el caso del nuevo acto." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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