Gustavo de la Torre Vazquez
Expediente 316/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gustavo de la Torre Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En diez de septiembre de dos mil veintiuno, la secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrado bajo el folio 11858, dentro del juicio de amparo 316/2021. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, diez de septiembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese sin mayor trámite el oficio y anexos, signado por el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 Cps-Michoacán, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo; virtud a que el dieciocho de agosto pasado, se tuvo por recibido dicho oficio y anexos, vía electrónica, acordándose lo conducente. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.
- Principal
Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Director General del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, realizara lo siguiente: "Tomar las medidas necesarias para que se brinde atención médica integral al quejoso Gustavo de la Torre Vázquez, para tratar el padecimiento relativo a los fuertes dolores en la espalda, lo que incluye estudios y tratamiento farmacológico correspondientes." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. ERNESTO ADAME RUIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.fe 24/09/22 13:48:34 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La citada autoridad remitió las siguientes documentales: ? Nota médica de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, de la que se aprecia que el quejoso fue valorado por el médico general adscrito a ese centro de reclusión, quien le diagnosticó lesión antigua por AF en rodilla, y le prescribió los medicamentos denominados xyloproct crema, vitaminas tbs y meloxicam. ? Kardex de enfermería, de la que se aprecia que el quejoso recibió dichos fármacos. ? Asimismo, hizo del conocimiento que el quejoso no ha referido sintomatología alguna relacionada con los fuertes dolores de espalda, ya que se encuentra en buenas condiciones de salud; por tanto, no se puede indicar medicamento o tratamiento alguno respecto de dicho padecimiento. De lo anterior, se observa que el peticionario del amparo fue valorado por el médico penitenciario y recibió los medicamentos que requiere para una correcta evolución de su padecimiento relativo a la lesión antigua por AF en rodilla. Sin embargo, ello no exime a la responsable en lo subsecuente, de salvaguardar en favor del quejoso el derecho de recibir los fármacos necesarios para combatir su enfermedad, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las autoridades del Estado que se encuentren ERNESTO ADAME RUIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.fe 24/09/22 13:48:34 directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos1. En ese sentido, quedan obligadas a continuar proporcionando al quejoso el aludido tratamiento; esto, como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2. Además, el peticionario del amparo tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorado y se le proporcione el medicamento correspondiente de forma 1 Dicho criterio es consultable con el número de tesis 1a. XIII/2021 (10a.), en la página 1225, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo II, Décima Época, Materia Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." 2 Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. . Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. ERNESTO ADAME RUIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.fe 24/09/22 13:48:34 gratuita. 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de Gustavo de la Torre Vázquez, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA ya que en ello no existe exceso ni defecto. 5. Manifestaciones. No obsta para llegar a la determinación anterior, el hecho de que el quejoso haya manifestado que necesita una radiografía de su rodilla para la extracción de una ojiva. Ello es así, ya que en autos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades tomaran las medidas necesarias para que se brindara atención médica a Gustavo de la Torre Vázquez, para tratar la enfermedad relativo a los fuertes dolores en la espalda, no así respecto del padecimiento de su rodilla. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b)3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece 3 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y ERNESTO ADAME RUIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.fe 24/09/22 13:48:34 las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 9. Notificación a la parte quejosa. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación del presente proveído, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente el ERNESTO ADAME RUIZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.fe 24/09/22 13:48:34 presente auto, debiendo constreñirse al estricto cumplimiento de lo ordenado. Instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente y al quejoso en el lugar de su reclusión.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que concedió el amparo y protección al quejoso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Se requiere cumplimiento a ejecutoria. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se le remitió copia oportunamente. 3. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese.
- Principal
PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. El quejoso reclama: Del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán. La incomunicación vía telefónica y a través de visitas con familiares, abogados defensores y personas de confianza. Los actos de tortura, malos tratos y peligro en su vida al mantenerlo ubicado en un área junto con personas que pertenecen a un cartel distinto al suyo, y que a la fecha ya fueron sentenciados, siendo que su proceso aún está en trámite. La falta de atención médica para el padecimiento que presenta, consistente en fuertes dolores en la espalda. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos se reclaman a una autoridad penitenciaria, con residencia en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. El Encargado del despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, al rendir el informe de ley, negó la existencia de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación, tortura, malos tratos y peligro en su vida al mantenerlo ubicado en un área junto con personas que pertenecen a un cartel distinto al suyo y que a la fecha ya fueron sentenciados, siendo que su proceso aún está en trámite. Ahora bien, tratándose de dichos actos, no es dable imponer al quejoso la carga de desvirtuar tal negativa, sino que corresponde a la autoridad responsable probar su afirmación de inexistencia, más aún, como en el caso, en que el justiciable se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario, lo cual dificulta el ofrecimiento de pruebas a su favor. No obstante, la responsable remitió el certificado psicofísico y la nota médica de uno de junio de dos mil veintiuno, de las que se corrobora la inexistencia de dichos actos, pues se aprecia que se revisó al quejoso físicamente, sin haber asentado evidencia alguna de tortura. De igual forma, exhibió los formatos de las llamadas realizadas por el interno Gustavo de la Torre Vázquez, control de comunicaciones de personas privadas de la libertad, solicitud de familiares sobre su ingreso al Centro, pase de visitas autorizadas, de los que se advierten, la comunicación que ha tenido el quejoso con éstas, por lo menos desde el veintidós de enero y hasta el mes de junio de este año. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con dicho material probatorio se evidencia que el quejoso no sufrió tortura por parte de las autoridades responsables, ya que no se advierte que haya presentado lesiones ni datos que revelen haberlas sufrido, ni que esté incomunicado. Además, en la diligencia de notificación de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, practicada a Gustavo de la Torre Vázquez, la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, dio fe que el quejoso no presentaba huellas de violencia física. Asimismo, la autoridad responsable informó que el peticionario del amparo actualmente cuenta con la asignación de un espacio habilitado dentro del dormitorio A, módulo VII, sección 2, estancia 712, cama B, en el que convive con los internos de su misma situación jurídica; de ahí que no es cierto el acto reclamado en la forma expuesta por el quejoso, ya que no está ubicado en un área junto con personas que ya fueron sentenciados. Por ende, ante la inexistencia de los referidos actos reclamados a la citada autoridad en este considerando, se sobresee en el juicio, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable relativo a la falta de atención médica para el padecimiento que presenta consistente en fuertes dolores en la espalda. No se soslaya que el encargado de la Dirección General del Centro de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, al rendir su informe de ley, negó la existencia del acto que se le atribuye. Sin embargo, el acto que se reclama en el presente es de naturaleza omisiva pues el mismo consiste precisamente en no proporcionarle la atención médica que requiere para su padecimiento. En ese contexto, debe tenerse en cuenta que la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que la ley le otorga a la autoridad responsable. En ese tenor, para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad, debe existir previamente la obligación legal correlativa, conforme a lo que disponga la legislación aplicable; de manera que un acto omisivo atribuido a un ente de gobierno será cierto o inexistente en la medida de que las normas jurídicas que rigen su ámbito de competencia prevean los deberes que la constriñen a obrar en un determinado sentido. Así, antes de pronunciarse sobre la admisión respecto de un acto omisivo, se tiene que identificar si existe una obligación jurídica en la forma indicada por el quejoso, ya que de lo contrario se arribaría a la errónea conclusión de que cualquier omisión puede reclamarse mediante el juicio de amparo, sin comprobar tal exigencia objetiva, la cual es el parámetro de referencia para analizar la certeza del acto reclamado. Ahora, en el caso en particular el artículo 18 de la Constitución Federal, dispone que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación por el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para la lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. En tanto, el arábigo 34 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone en lo que interesa: Que la autoridad penitenciaria en coordinación de la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas deberán brindar atención médica en términos de la Ley General de Salud. Que la autoridad penitenciaria en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Que los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependan del Sistema Nacional de Salud. Del análisis de dichos dispositivos legales resulta evidente que entre las obligaciones de las autoridades penitenciarias, se encuentra la de otorgar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad; en esa tesitura, se tiene como cierto el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. A manera de precisión, se destaca que no se inadvierte la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", en la que interpretó la Ley Nacional de Ejecución Penal, y estableció como regla general, que tratándose de actos reclamados que constituyan omisiones inherentes a condiciones de internamiento, en su contra procede el mecanismo de control previsto en la norma en cita, denominado peticiones administrativas. Entonces, de ambos criterios, se pone de manifiesto, que cuando un interno reclame omisiones inherentes a condiciones de internamiento, previo a acudir al juicio de amparo, debe agotar el principio de definitividad; empero, con la excepción de que si la omisión reclamada está relacionada con la prestación de asistencia médica, se debe realizar un análisis a fin de ponderar si la falta de la misma, se trata de alguna lesión o padecimiento que requiera ciertos cuidados curativos, de rehabilitación o urgencia, que de no prestarse oportunamente, cause dolor físico o un estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud. Conforme con lo anterior, y toda vez que quien esto resuelve, no es perito en materia médica como para estimar si los dolores o aflicciones de los que se duele el quejoso lo ponen en peligro grave o no, en atención al principio pro persona, se estima oportuno no obligarlo a agotar el principio de definitividad establecido en el primer criterio en análisis y en consecuencia, realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reclamada. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de inconformidad que se contienen en la demanda, mismos que no transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. El quejoso señala como violatorio de sus derechos humanos, la omisión de proporcionarle atención médica y los medicamentos que requiere como parte de su tratamiento para la enfermedad que padece atribuida al Director del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS MICHOACÁN". Tal concepto de violación es esencialmente fundado. El artículo 4o de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino atendiendo a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo; se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En ese sentido el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el arábigo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevén el derecho humano a la salud y su protección, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General 14, señala que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de las demás prerrogativas y que toda persona debe gozar del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Con relación al concepto del "más alto nivel posible de salud", dicho Comité, al emitir la observación mencionada, señaló que este concepto tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Que existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el gobierno y los individuos; en particular, un país no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la enfermedad del ser humano. Por su parte, la Ley General de Salud en sus arábigos 1°, 2°, 23, 24 y 32, regulan el objetivo de reglamentar el derecho a la salud de toda persona; fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud; así como la concurrencia de la federación y sus entidades en materia de salubridad general. Que el derecho a la salud, tiene diversas finalidades, entre ellas, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de la misma que contribuyan al desarrollo social. Que se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Que se clasifican en tres tipos: atención médica, de salud pública y de asistencia social; así como, que por atención médica se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. En tanto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, que dio origen a la tesis 1ª. LXV/2008, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", estableció que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Ahora, sobre el tópico en el particular, falta de atención médica a una persona privada de su libertad, se precisan las siguientes consideraciones. El artículo 18 de la Constitución Federal, dispone que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respecto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación por el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para la lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. En otro orden, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé en su artículo 10, que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente. Finalmente, el quinto principio básico para el tratamiento de reclusos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, dispone, que con las excepciones evidentes, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En esa tesitura, tanto la Carta Magna, como los instrumentos internacionales, garantizan el derecho fundamental de la salud a todo ser humano, sin importar que se trate de una persona privada de la libertad. Entonces, tratándose de internos, los establecimientos penitenciarios deben contar con los elementos necesarios para prestarles asistencia médica, psicológica y psiquiátrica; además, en los casos en que se prescriba una atención especializada que no se pueda brindar dentro del establecimiento, deberán ser canalizados a una unidad médica del sector salud que pueda brindar el servicio. Asimismo, se deberá procurar el cuidado de la salud, y se establecerá un sistema de prevención, detección y seguimiento de las enfermedades. En el caso, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Gustavo de la Torre Vázquez reclama a la autoridad responsable la omisión de proporcionarle la atención médica que requiere, específicamente la derivada de los fuertes dolores en la espalda. Por lo que, es dable colegir que, en el caso, se ha vulnerado el derecho a la salud del quejoso, trastocando con ello el derecho humano establecido en el artículo 4o. párrafo cuarto, de la Constitución Federal. No se inadvierte que el Encargado de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social haya adjuntado a su informe de ley la nota médica de uno de junio del año en curso, emitida por el médico penitenciario, con valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para determinar que el derecho humano violado y que ocasionó que promoviera este amparo, se encuentre resarcido, ya que del aludido documento se advierte que el quejoso fue valorado por el médico tratante, quien le diagnosticó gonalgia derecha y onicomicosis primeros ortejos, para lo cual le prescribió los medicamentos denominados ketofreno, vitaminas y miconazol crema; empero, en el presente juicio refiere como padecimiento relativo a los fuertes dolores en la espalda, de los cuales, no se advierte constancia alguna de la que se evidencie que fue atendido médicamente, que se le diagnosticó la causa del padecimiento y se le suministró el medicamento necesario. Es así, pues la restitución a esa prerrogativa acontecerá con entera plenitud, cuando se constituya a favor del quejoso un derecho que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para el padecimiento que presente o los que resulten derivados de la evolución respecto de su patología. Bajo ese contexto, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Gustavo de la Torre Vázquez. Efectos de la sentencia. En términos de la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS MICHOACÁN", con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán, deberá: Tomar las medidas necesarias para que se brinde atención médica integral al quejoso Gustavo de la Torre Vázquez, para tratar el padecimiento relativo a los fuertes dolores en la espalda, lo que incluye estudios y tratamiento farmacológico correspondientes. Lo anterior, a fin de garantizar el respeto al derecho a la salud consagrado en el artículo 4° Constitucional, lo cual únicamente se logra cuando se demuestra que el Estado ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para satisfacer dicha necesidad elemental, por lo que deberá vigilar que en todo momento, en el lugar en que se encuentre el quejoso privado de la libertad personal, se preserve su salud y seguridad, tomando las medidas necesarias para ello (proporcionar alimentos, medicinas y asistencia médica oportuna), sobre cualquier circunstancia administrativa interna en el centro penitenciario en que se encuentre recluida. Es aplicable la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO". Notificación personal. Tomando en consideración que Gustavo de la Torre Vázquez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario respectivo, para que por el método de comunicación denominado videoconferencia, el cual se encuentra regulado por el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proceda a llevar a cabo la notificación ordenada, en hora y día hábil, observando los protocolos correspondientes; en el entendido, que de no ser posible llevar a cabo dicha notificación, por el método referido, el citado funcionario, queda comisionado desde este momento, para que en la hora y fecha correspondiente y que se habilite para tal efecto, se constituya en el centro de reclusión de que se trata y notifique personalmente al quejoso la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gustavo de la Torre Vázquez, contra la autoridad y actos que precisadas quedaron en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Gustavo de la Torre Vázquez, contra el acto y autoridad precisados en la consideración cuarta y para los efectos expuestos en la diversa séptima de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió Nubia Miranda Ramírez, Secretaria encargada de despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2613/2021, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción el Secretario Ernesto Adame Ruíz.
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