Gumersindo Cruz Hernández

Expediente 272/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
272/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Gumersindo Cruz Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de dictado en este juicio de amparo el diecinueve de junio del presente año, por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Gumersindo Cruz Hernández (fojas 09 a 18), en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, residente en Puerto Escondido, Oaxaca; en su atención, téngasele devolviendo sin diligenciar por los motivos expuestos en la razón actuarial de veinticinco de septiembre del año en curso, el despacho 342/2019 (712/2019), del índice de este juzgado, enviado para notificar al quejoso Gumersindo Cruz Hernández, el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en el que se desechó su demanda (fojas 09 a 18); hágase la anotación respectiva en el Libro Gobierno, y dése de baja el despacho de mérito. Ahora, advirtiéndose el impedimento legal que tuvo la fedataria para cumplir con la encomienda dada la impresión del domicilio señalado por el quejoso para oír y recibir sus notificaciones (foja 99); en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el auto de diecinueve de junio del actual (fojas 09 a 18), por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Órgano Jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 107/2007-PS, aprobada el seis de febrero de dos mil ocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Notifíquese y cúmplase. INSERCIÓN DEL AUTO DE DIECINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-. Vista la demanda de amparo promovida por Gumersindo Cruz Hernández, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Bahías de Huatulco, Oaxaca; que hace consistir en: "IV. De la Comisión Federal de Electricidad, COMO ORDENADORA Y EJECUTORA, reclamo el cobro excesivo del pago de servicio de luz, ya que sin fundamentación alguna pretenden cobrarme arbitrariamente una cantidad sumamente elevada, que inclusive, es de hasta el 900% arriba del monto a pagar habitual, asi como el corte de luz como consecuencia de la imposibilidad de pago." Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro de gobierno que corresponda con el número de juicio de amparo 272/2019 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En atención al contenido de la demanda de amparo que nos ocupa, resulta importante resaltar que el artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sobre tal aspecto, es menester precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial del tenor literal siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." 2 Bajo ese tenor, en el presente caso, el impetrante del amparo hace consistir el acto materia de este asunto, esencialmente, en el cobro excesivo del pago de servicio de luz, así como el corte de luz como consecuencia de la imposibilidad de pago. Así las cosas, este juzgador estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo,3 porque la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Se pondera de tal forma, tomando en consideración que del análisis sistemático de los preceptos antes citados, se desprende que la procedencia del juicio de amparo exige que se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares; es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Asimismo, que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Tema sobre el cual tiene aplicación al caso, la jurisprudencia del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." 4 Asimismo, el criterio orientador siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a 4 Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1089, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Novena Época, Septiembre de 2011, Registro 161133. la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." 5 En tanto que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenta el criterio relativo a que si bien había establecido que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa; empero, de una nueva reflexión sobre el tema condujo a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. Lo anterior, se encuentra inserto en la Jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, visible en la página 1550 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Tomo III, Décima Época, junio de dos mil quince, registro 2011842, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Bajo ese contexto, este juzgador con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia citada, relativo a que, cuando se esté ante una controversia que involucre cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, por ende, es evidente que los actos reclamados, no son materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser actos de autoridad, sino derivados de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio. Para mayor abundamiento, es menester traer a colación que, en la ejecutoria que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 198/2017, se determinó que no se debe descartar la eventualidad de que Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Sin embargo, en el caso, se estima que los actos reclamados en esta instancia no se ubican en esos supuestos de excepción, pues del contexto de la demanda no se advierte que se aleguen cuestiones inherentes a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, como violación al derecho humano de vivienda consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, tampoco se advierte que con la ejecución del acto reclamado se comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, ni que con alguna suspensión o corte de energía se ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de la parte quejosa ni que ésta se encuentre en una situación vulnerable, en razón de que de los antecedentes narrados por el solicitante de amparo en su demanda, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en el cobro excesivo del pago del servicio de luz y, como consecuencia de ello, el corte de suministro, en el número de servicio 695130412783, RMU 70839 13-04-19 CUHG-450113 002 CFE, numero de medidor 9L497B; alegando que existe un incremento de hasta el 900% arriba del pago tarifario; de donde se colige, que el acto reclamado deriva del incumplimiento de la relación contractual de una de las partes, respecto de la prestación del servicio de energía eléctrica, celebrado entre el solicitante del amparo y Comisión Federal de Electricidad, pues no pasa inadvertido para este juzgador de amparo, que la parte quejosa en su escrito de demanda anexó, entre otros documentos, el comprobante de pago del citado servicio de electricidad; por tanto, la circunstancia planteada por el promovente, es de carácter comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes del contrato de servicios, se deben dilucidar en una vía diversa al amparo. En ese contexto, resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que derivo de la citada contradicción 198/2017 y que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el registro 2016656, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Así como los diversos criterios jurisprudenciales PC.XV.J/1A (10a.), Registro 164144 y 2a./J.113/2010, Registro 2005314, sustentadas, en su orden, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Novena Época, y por el Pleno del Decimosexto Circuito, consultable en la página 2125, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, Décima Época, de rubros y textos siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De una nueva reflexión, esta Segunda Sala concluye que el corte o suspensión del fluido de energía eléctrica contratado, por falta de pago oportuno, no puede ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato." Lo anterior, en tanto que nuestro Máximo Tribunal, en el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica, habla de derechos y obligaciones entre las partes, en el caso, entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular; y no de una relación de supra a subordinación, pues sitúa al organismo de que se trata, en la celebración de un contrato como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones y no con el carácter de autoridad. Ahora bien, de la demanda de amparo como ya se dijo se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados el cobro excesivo del pago de servicio de luz, así como el corte de luz como consecuencia de la imposibilidad de pago. En efecto, del capítulo de antecedentes y conceptos de violación se observa que la parte quejosa acude a la presente instancia en su carácter de consumidor del Servicio de Energía Eléctrica, servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, porque es evidente que la autoridad señalada como responsable no tiene el carácter de autoridad responsable para el presente juicio de amparo, dado que el acto que se les reclama, deriva del contrato de suministro de energía eléctrica que la citada comisión proporciona a los particulares en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridad. Cabe señalar que con la determinación alcanzada, el quejoso no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En efecto, el acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, pues las controversias derivadas de los derechos y obligaciones que tengan relación con el contrato de prestación del servicio de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil. Por tanto, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es, la vía ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de la relación de coordinación por el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gumersindo Cruz Hernández, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Bahías de Huatulco, Oaxaca, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el promovente no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, lugar de residencia de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; y con apoyo en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, conforme al precepto 2; y, en el numeral 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho vía fax al Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, comisione a quien corresponda, notifique personalmente este proveído al quejoso Gumersindo Cruz Hernández, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle prolongación de Vicente guerrero sin número (frente a pescadería La Escondida), Colonia Lázaro Cárdenas, en esa población; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibiéndolo; que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la Secretaria del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. MESA II-A

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