Guillermo Rey Manuel Aguilar Ventura
Expediente 397/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 397/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Rey Manuel Aguilar Ventura
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el treinta de septiembre del año en curso (fojas 60 a 63), en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Asimismo, se destaca que en este expediente, no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Asimismo, se destaca que en este expediente, no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo; este expediente se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar provisional y negado la suspensión definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de cinco años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Archivo reciente. Así también, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Cúmplase.
- Incidental
RESUELVE ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por Guillermo Rey Manuel Aguilar Ventura, en contra de los actos reclamados, respecto a las autoridades precisadas en el segundo considerando, por los motivos y fundamentos ahí expuestos. Notifíquese. VI-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que por las razones expuestas en proveídos de veinte y veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 21; así como 41 y 42), se consideró inexistentes a las autoridades señaladas como responsables 3. Director General de la Policía Fiscal del Estado de Oaxaca, con sede en la Ciudad Judicial del Estado, en Reyes Mantecón, Oaxaca; 4. Director General de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca, con domicilio bien conocido en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; 7. Comandante de la Policía Fiscal del Estado, con sede en la Sub-Fiscalía Regional del Istmo, con domicilio bien conocido en Tehuantepec, Oaxaca; y, 8. Comandante de la Policía Fiscal con sede en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Por otra parte, que al rendir sus informes con justificación el Magistrada Presidenta del 1. H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Judicial del Estado, Reyes Mantecón, en su denominación correcta, 2. Fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos; 5. Juez de Control del Distrito Judicial de Salina Cruz, y 6. Comandante del Reclusorio de Santo Domingo Tehuantepec, todos en Oaxaca, en sus denominaciones correctas (fojas 38, 39, 51 y 56), negaron la inexistencia del acto reclamado. En consecuencia, la existencia del acto que por esta vía se reclama debe analizarse de acuerdo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo Guillermo Rey Manuel Aguilar Ventura, porque el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que la demanda que promovió el impetrante Guillermo Rey Manuel Aguilar Ventura el trece de septiembre del año en curso, en la que señala como acto reclamado la orden de aprehensión y su ejecución atribuida a las responsables, resulta inexistente, toda vez que como se dijo, las responsables al rendir su informe con justificación negaron la certeza de dicha orden (fojas 38, 39, 51 y 56); motivo por el cual el juicio en que se actúa debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. En efecto, el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo , establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley , al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley en cita , en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trate de actos que puedan implicar privativos a la libertad, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia de la Unión a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Lo anterior no se contrapone con los criterios relativos a la procedencia del juicio de amparo contra actos inminentes, sin embargo de su propio contenido se advierte que por tales se entienden aquellos que ya se han dictado, pero que por cualquier circunstancia no se han ejecutado, pues en tal supuesto se suprime la característica de incertidumbre en cuanto a la existencia del acto. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 36/98, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, página 5, registro 196072, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Circunstancia que obliga a sobreseer antes de audiencia el presente juicio de amparo respecto del acto que se atribuye a las autoridades responsables por falta de materia sobre el cual pueda versar; asimismo, porque el quejoso no ofreció prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. De esta manera, es evidente que cobró vigencia la causa de sobreseimiento que se abordó, y procede decretar dicho sobreseimiento, pues ningún fin práctico tendría esperar a la celebración de la misma, ya que lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es orientativa, la tesis XIII.1o.P.T.27 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el tres de mayo de dos mil diecinueve, Materia Común, Décima Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Ahora bien, no obstante que no ha llegado la audiencia constitucional, y toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causa de sobreseimiento invocada, aunado a que el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión resultaría igual atento a que el impetrante ni a la presentación de la demanda adjuntó constancia alguna que permita evidenciar la certeza de la orden de aprehensión que combate. Por consiguiente, cuando la causa de sobreseimiento es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable por identidad de contenido en la causa de sobreseimiento, respecto a la actualización de una causal de improcedencia lo contenido en la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página setenta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro: 220372, que de rubro y texto establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero aquellas a quienes se atribuye haber ordenado el acto lo niega, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede ejecutar una orden inexistente, y por lo mismo, la falta de informe no trae la presunción que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo." Sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia señalada para las once horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil diecinueve. No es obstáculo el hecho de que la audiencia incidental se encuentre señalada en el cuaderno respectivo para las once horas con veinte minutos del uno de octubre del año en curso; los anterior, atento al principio aludido de expedites de justicia y en términos de lo previsto en el numeral 130 de la Ley de Amparo, aunado a que aquél si bien deriva del juicio de amparo al rubro citado, lo cierto es que se lleva por cuerda separada. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, por lista a la parte quejosa, y vía oficio únicamente a las autoridades responsables respecto de las cuales fueron legalmente emplazadas a juicio. VI-B
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