Guzmán Orozco Pérez

Expediente 60/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
60/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/03/2017

Partes del expediente

  • Guzmán Orozco Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 12 a 17), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Guzmán Orozco López; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese, por lista a la parte quejosa, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de fecha diecisiete de febrero del año en curso. IIIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por GUZMÁN OROZCO LÓPEZ, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, residente en Matías Romero, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADOS. El acto reclamado lo constituye el auto de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, dentro del expediente familiar número 277/2015 mediante el cual se desechó el recurso de revocación hecho valer por el suscrito en contra del auto de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis dictada por el Juez Primero Familiar del distrito Judicial de Matías romero, Oaxaca mediante la cual contrario a derecho y a las reglas que deben observarse en todo proceso de índole civil, tiene en tiempo y forma rindiendo en tres fojas el dictamen correspondiente a la prueba pericial ofrecida por la parte actora dentro del juicio natural" (sic). Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; regístrese con el número 60/2017, que le correspondió. Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que al actualizarse alguna causal de improcedencia se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ." En efecto, resulta improcedente el juicio de amparo, toda vez que al tratarse de un acto emitido dentro de juicio civil, en la especie, no se trata de un acto de imposible reparación, en términos del artículo 105, fracción V, de la Ley de Amparo. Como se puede observar, de la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se advierte como requisito para la procedencia del amparo indirecto en contra de aquellos actos emitidos dentro de un juicio, conforme al artículo, fracción e inciso plasmado, que tales actos deben ser de imposible reparación. Pues bien, sobre dicho tema (actos de imposible reparación) nuestro Más Alto Tribunal ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia, en muchas veces contradictorias, mismas que ha plasmado en criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior ocurría así, en virtud de que el legislador no se ocupaba de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto, que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Sobre dicho tópico, el Pleno del Máximo Tribunal del País fijó un parámetro en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 39, con número de registro 2006589, con el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En dicha ejecutoria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó que para ser calificados como actos de imposible reparación o irreparables, éstos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior implica que una violación procesal o adjetiva, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos que no puedan ser reparables. Ahora, la parte quejosa reclama substancialmente, el acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, dictado en el expediente familiar número 277/2015, en el que se desechó el recurso de revocación hecho contra el auto de veintiséis de febrero del actual, en el que tuvo en tiempo y forma rindiendo el dictamen correspondiente a la prueba pericial ofrecida por la parte actora; esto es, un acto meramente intraprocesal, cuyas consecuencias, en su caso, se encuentran sub-judice al dictado de la sentencia del expediente familiar de la que derivan, la cual no es actual ni eminente. En efecto, el acto reclamado no es de imposible reparación pues será hasta el dictado de la sentencia que se advierta si lo determinado por el Juez natural en el acuerdo que dictó el veintiséis de febrero del año en curso, fue o no desfavorable al quejoso. En tanto, si la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de origen fuera desfavorable al aquí quejoso, puede reclamarla en el juicio de amparo directo (previo agotamiento del recurso ordinario) donde podrá hacer valer las violaciones procesales que sostiene. Es aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página cuatrocientos veintitrés del tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 214500, cuyo rubro y texto son: "RESOLUCION QUE DESECHA RECURSO DE REVOCACION. DEBE SER IMPUGNADA A TRAVES DE AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que desecha el recurso de revocación por improcedente, constituye una resolución que produce efectos dentro del procedimiento, por lo que debe combatirse hasta que se pronuncie sentencia definitiva, si es desfavorable, y por tanto, es correcto el desechamiento de la demanda de garantías, si se impugna a través de amparo indirecto". Bajo dicho contexto, es inconcuso que se actualiza la invocada causal de improcedencia, y por tanto es procedente desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo solicita el quejoso, sus notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por lista y téngase como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Alvarado Gil, Hugo Alberto Montero Mendoza, Luz Raquel Arreola Zárate y Julio Bante Alvarado, el primero, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, sin perjuicio de que una vez que acredite lo anterior con prueba idónea, se les tenga autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, a los demás, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Por otra parte, téngase como autorizado en término del artículo 12 de la Ley de amparo a Daniel Cruces Álvarez, por así solicitarlo el quejoso. Notifíquese por lista a la parte quejosa. IIIA

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