Guilmar Francisco Martínez García
Expediente 384/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guilmar Francisco Martínez García
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de ocho de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta y anexos, suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que devuelve la demanda de amparo y copias que s le remitieron mediante auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Acúsese recibo. Ahora bien, advirtiéndose del oficio de cuenta que el titular del juzgado oficiante, no aceptó la competencia legal que este Juzgado declinó en su favor, en consecuencia se provee: este órgano jurisdiccional no insiste en la declinación de competencia y se avoca al conocimiento del asunto. Vista la demanda de garantías que promueve Guilmar Francisco Martínez García, por su propio derecho, la cual se encuentra firmada por Hilda Hernán del Pablo, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, y otras autoridades. Ahora, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el suscrito estima en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 6° y 15, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que en su orden establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlos por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier otra persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 17.- Cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, apoderado, o por su defensor si el acto deriva de un procedimiento penal, o por cualquier otra persona en los casos a que se refiere el artículo 22 constitucional. Ahora bien, el artículo 15 de la Ley de Amparo establece que, cualquier persona puede promover amparo a nombre de otra, cuando se trate de alguno de los actos previstos en dicho numeral, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, siempre que el agraviado esté imposibilitado para hacerlo. En el caso, de la lectura integral de la demanda de garantías se advierte Guilmar Francisco Martínez García, persona mayor de edad según se advierte de la propia demanda, reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Secretario de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, así como del Director del Reclusorio de Tehuantepec, Oaxaca, la negativa de ingresar alimentos en el lugar de su reclusión. Conforme a lo expuesto, se concluye que en la especie no estamos en presencia de algún acto de los señalados por el artículo 15, de la Ley de Amparo, por ende, no existe imposibilidad para que el directo agraviado Guilmar Francisco Martínez García, signe la demanda de amparo, por consiguiente, Hilda Hernán del Pablo (quien firma la demanda de amparo) carece de legitimación para hacerlo en nombre de la citada persona, precisamente porque no se actualiza alguno de los supuestos de procedencia a que se refiere el precepto legal en cita, además, que no acredita tener la representación legal de esa persona, o bien, que lo haya hecho a ruego, pues no se contiene la leyenda correspondiente. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos preceptos 61, fracción XXIII, 6° y 15, de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha de plano la demanda de garantías. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO CITATORIO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por GUILMAR FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 384/2018. Del análisis de la demanda de garantías, se desprende que el promovente del amparo reclama, del Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, y Director del Reclusorio de Tehuantepec, Oaxaca, la negativa de permitirle ingresar al referido reclusorio alimentos de primera necesidad. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone expresamente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito donde se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél donde se presente la demanda. Es así que, si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en donde se haya presentado la demanda, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde ésta tenga lugar. Atento a lo anterior, y tomando en cuenta que el acto reclamado se hace consistir en la negativa a permitirle al quejoso ingresar alimentos de primera necesidad en el reclusorio en el cual se encuentra privado de su liberta, el cual se encuentra ubicado en Tehuantepec, Oaxaca, en tal virtud, resulta claro que tal acto tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, pues en dicho lugar (Tehuantepec, Oaxaca) ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. No impide considerar lo anterior, que entre otras autoridades, se hubiere señalado al Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social, pues conforme a la demanda de amparo, se desprende el quejoso se encuentra privado de su libertad en el reclusorio de Tehuantepec, Oaxaca, además de señalar como responsable al Director del mismo; por ende, las consecuencias del acto reclamado, se realizarán en dicho lugar, por lo que sería incorrecto considerar que la residencia de las citadas responsables, determinen la competencia para el conocimiento del presente asunto. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 37 de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Remítase la demanda de cuenta y copias al Juez de Distrito en Turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados en esa ciudad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente; fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo, y para los mismos efectos, a las personas que se mencionan. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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