Guillermo Valderrama Ríos
Expediente 117/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 117/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Valderrama Ríos
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo por cuanto hace a Guillermo Valderrama Ríos y Miguel Ángel Colmenares Martínez, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por GUILLERMO VALDERRAMA RÍOS y MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MARTÍNEZ, por su propio derecho contra actos dictados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y electrónico con el número 117/2018. Desechamiento. De manera destacada en su escrito de demanda los quejosos reclaman: ". ACTO RECLAMADO: Reclamamos de la responsable, el acuerdo recaído a nuestras peticiones de fechas 22 de diciembre de 2017 y 12 de enero de 2018, notificado mediante oficios 4C/0251/2018, en el que se nos niega la restitución en el goce de nuestros derechos de los que fuimos privados en la revocada sentencia de 15 de mayo de 2017, dictada por el Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el cual resulta infundado e inmotivado." En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b) ?aplicado a contrario sentido?, ambos de la Ley de Amparo; pues el acto reclamado no es de imposible reparación. Lo anterior toda vez que bajo protesta de decir verdad los quejosos manifiestan que ante la responsable se tramita en su contra el procedimiento de responsabilidad administrativa 357/RA/2014, en su carácter de director y administrador respectivamente del Hospital General "Doctor Aurelio Valdivieso"; que el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete se emitió resolución en ese procedimiento, donde se les impuso como sanción administrativa la inhabilitación por un periodo de diez años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público del Estado o Municipio de Oaxaca y una sanción económica por la cantidad de siete millones, ciento ochenta y dos mil quinientos veintiocho pesos 30/100 M.N., más un peso por retribución que debe hacerse a favor del erario público; que interpusieron en contra de dicha sentencia recurso de revocación, radicándose el expediente 16/RR/2017, resuelto el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, donde se ordenó reponer el procedimiento administrativo a fin de que el Subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, informara sobre la existencia de las facturas relacionadas en la sentencia señalada y las valorara en conjunto con las que existen en el expediente administrativo 357/RA/2014 y emitiera una nueva resolución en la que se determine si son o no responsables de las faltas administrativas por las cuales habían sido sancionados y que a la fecha se encuentra pendiente emitir la nueva resolución. Con motivo de ello, al contar con las constancias de no inhabilitación, solicitaron la restitución de sus derechos y mediante oficio 4C/0251/2018, la autoridad señalada como responsable les negó la reincorporación al trabajo que venían desempeñando para los Servicios de Salud del Estado y se les efectuara el pago de los salarios retenidos, lo que constituye el acto reclamado en este juicio. De ahí que, la resolución que reclaman los quejosos se sigue ante una autoridad administrativa como lo es la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, quien tramita en su contra un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en forma de juicio. Ello implica que dicha Secretaría realiza funciones materialmente jurisdiccionales para dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa que ante ella se tramitan, lo cual se rige bajo las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme lo anterior, la determinación reclamada por los quejosos, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que se les instruye, es un acto que no afecta sus derechos sustantivos, ya que no se trata de aquellos que tengan en las personas o cosas una ejecución irreparable, esto es, que afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados como garantías individuales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos emanados de organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. En este sentido, la procedencia del presente juicio de amparo, se encuentra limitada a la condición de que sea de imposible reparación. El texto del inciso b), de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, claramente establece que dicha figura (actos de imposible reparación) se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013 señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Agregó, que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) En la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) El sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, el acto que reclaman GUILLERMO VALDERRAMA RÍOS y MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MARTÍNEZ, no es diverso de aquellos actos que tienen una ejecución de imposible reparación, pues la determinación que reclaman a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, quien realiza actos materialmente jurisdiccionales, no tiene repercusión en sus derechos fundamentales; toda vez que, a la fecha, no se ha dictado resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa que se les instruye, por lo que la determinación de negarles la reincorporación al trabajo que venían desempeñando para los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y se les efectúe el pago de los salarios retenidos, son temas que serán motivo de estudio precisamente en la nueva resolución que se dicte, la cual puede ser favorable, y de serle adversa, podrá interponer en su contra los recursos que tenga a su alcance. Es aplicable también al caso, la Jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Tomo II, Octubre de 1995, página 333, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE.- Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por GUILLERMO VALDERRAMA RÍOS y MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MARTÍNEZ. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados a las personas que indica esto es únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
PREVIO CITATORIO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por GUILLERMO VALDERRAMA RÍOS y MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MARTÍNEZ, por su propio derecho contra actos dictados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y electrónico con el número 117/2018. Desechamiento. De manera destacada en su escrito de demanda los quejosos reclaman: ". ACTO RECLAMADO: Reclamamos de la responsable, el acuerdo recaído a nuestras peticiones de fechas 22 de diciembre de 2017 y 12 de enero de 2018, notificado mediante oficios 4C/0251/2018, en el que se nos niega la restitución en el goce de nuestros derechos de los que fuimos privados en la revocada sentencia de 15 de mayo de 2017, dictada por el Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el cual resulta infundado e inmotivado." En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b) ?aplicado a contrario sentido?, ambos de la Ley de Amparo; pues el acto reclamado no es de imposible reparación. Lo anterior toda vez que bajo protesta de decir verdad los quejosos manifiestan que ante la responsable se tramita en su contra el procedimiento de responsabilidad administrativa 357/RA/2014, en su carácter de director y administrador respectivamente del Hospital General "Doctor Aurelio Valdivieso"; que el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete se emitió resolución en ese procedimiento, donde se les impuso como sanción administrativa la inhabilitación por un periodo de diez años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público del Estado o Municipio de Oaxaca y una sanción económica por la cantidad de siete millones, ciento ochenta y dos mil quinientos veintiocho pesos 30/100 M.N., más un peso por retribución que debe hacerse a favor del erario público; que interpusieron en contra de dicha sentencia recurso de revocación, radicándose el expediente 16/RR/2017, resuelto el diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, donde se ordenó reponer el procedimiento administrativo a fin de que el Subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, informara sobre la existencia de las facturas relacionadas en la sentencia señalada y las valorara en conjunto con las que existen en el expediente administrativo 357/RA/2014 y emitiera una nueva resolución en la que se determine si son o no responsables de las faltas administrativas por las cuales habían sido sancionados y que a la fecha se encuentra pendiente emitir la nueva resolución. Con motivo de ello, al contar con las constancias de no inhabilitación, solicitaron la restitución de sus derechos y mediante oficio 4C/0251/2018, la autoridad señalada como responsable les negó la reincorporación al trabajo que venían desempeñando para los Servicios de Salud del Estado y se les efectuara el pago de los salarios retenidos, lo que constituye el acto reclamado en este juicio. De ahí que, la resolución que reclaman los quejosos se sigue ante una autoridad administrativa como lo es la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, quien tramita en su contra un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en forma de juicio. Ello implica que dicha Secretaría realiza funciones materialmente jurisdiccionales para dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa que ante ella se tramitan, lo cual se rige bajo las garantías previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme lo anterior, la determinación reclamada por los quejosos, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que se les instruye, es un acto que no afecta sus derechos sustantivos, ya que no se trata de aquellos que tengan en las personas o cosas una ejecución irreparable, esto es, que afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados como garantías individuales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos emanados de organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. En este sentido, la procedencia del presente juicio de amparo, se encuentra limitada a la condición de que sea de imposible reparación. El texto del inciso b), de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, claramente establece que dicha figura (actos de imposible reparación) se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013 señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Agregó, que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) En la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) El sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, el acto que reclaman GUILLERMO VALDERRAMA RÍOS y MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MARTÍNEZ, no es diverso de aquellos actos que tienen una ejecución de imposible reparación, pues la determinación que reclaman a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, quien realiza actos materialmente jurisdiccionales, no tiene repercusión en sus derechos fundamentales; toda vez que, a la fecha, no se ha dictado resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa que se les instruye, por lo que la determinación de negarles la reincorporación al trabajo que venían desempeñando para los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y se les efectúe el pago de los salarios retenidos, son temas que serán motivo de estudio precisamente en la nueva resolución que se dicte, la cual puede ser favorable, y de serle adversa, podrá interponer en su contra los recursos que tenga a su alcance. Es aplicable también al caso, la Jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Tomo II, Octubre de 1995, página 333, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE.- Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se desecha de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por GUILLERMO VALDERRAMA RÍOS y MIGUEL ÁNGEL COLMENARES MARTÍNEZ. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo en consulta, y para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita al actuario judicial adscrito, para que, en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados a las personas que indica esto es únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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