Guillermo Serna Hernández
Expediente 639/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Serna Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, toda vez que el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta, este juzgado determina que este expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado ordenamiento. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte el quejoso Guillermo Serna Hernández, no cumplió con la prevención formulada en auto de siete de junio del año en curso, dentro del plazo que se le concedió para tal efecto; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Serna Hernández, contra actos del Delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número con el número 639/2022. En forma previa a proveer respecto a la demanda de amparo, es importante hacer las siguientes precisiones: 1) Constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el seis de junio del año en curso, fueron turnadas a este juzgado federal tres demandas de amparo, a las que se les asignaron los números 637/2022, 638/2022 y 639/2022. 2) En dichas demandas de amparo los quejosos son: Rogelio Luengas Pineda, Baldomero Escobar Reyes y Guillermo Serna Hernández, respectivamente; siendo su autorizado Esteban Martínez Campos. 3) También se aprecia que en las tres demandas de amparo, los hechos narrados, bajo protesta de decir verdad, son idénticos, en cuánto al día en que fueron presentados los escritos de petición que se afirma no han sido contestados "doce de mayo de dos mil veintidós", cuyo acuse de recibo no se anexó en ninguno de los ocursos constitucionales. La siguiente reproducción constituye la narración de los antecedentes del acto reclamado, formulados exactamente en cuanto al contenido y la redacción, en las tres demandas de amparo: IV.- ACTO RECLAMADO. De ambas autoridades responsables les estamos reclamando (sic) la falta de contestación a nuestro escrito presentado en la referida Delegación con fecha doce de mayo del presente año, solicitando la información requerida en el mismo. Lo anterior es de suma importancia, porque a pesar de la identidad en hechos, autoridad y acto reclamado, los quejosos de las tres demandas no refieren en modo alguno si los mismos hechos les constan en razón de que acudieron de manera conjunta ante la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca y otra autoridad, o bien, por alguna otra circunstancia que evidencie la misma ilación de cuestiones fácticas en esos ocursos constitucionales. Ello se justifica, pues la protesta de decir verdad no es un mero formalismo procesal, sino que forma parte de uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas al juicio, y es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requiérase el directo quejoso Guillermo Serna Hernández, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación: a) Abunde sobre los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, debiendo precisar la razón del porqué existen otras dos personas que expresaron idénticos hechos a los suyos; en la inteligencia que los hechos que asevere en desahogo del presente requerimiento, los deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Siendo importante destacar que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de delito, señala: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y". b) De igual forma, con fundamento en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere al impetrante para que dentro del plazo de cinco días siguientes a su legal notificación, exhiba una copia más de su escrito de demanda de amparo, pues sólo exhibió una, siendo que se necesitan dos, que se distribuyen de la siguiente forma: una para la autoridad responsable y una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Se tiene a la parte quejosa, indicando como medio para oír y recibir notificaciones, la lista que publica la Administración Regional y que debido a la contingencia sanitaria se encuentra en el acceso del edificio del Poder Judicial de la Federación, así como en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Esteban Martínez Campos, sin gozar de las demás facultades a que se refiere el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona número de cédula profesional o de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Con apoyo en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes citado, se le tiene proporcionando el número telefónico 9516063526, así como el correo electrónico despemc52@gmail.com, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales). Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL QUEJOSO.
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