Guillermo Zapatero Saldaña

Expediente 547/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
547/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Zapatero Saldaña

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el veintiocho de junio del año en curso, esto es: Aclara que el único acto que reclama en esta instancia constitucional es la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, que declara mal admitido el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, determinación dictada por el Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil M91/2011 de su índice. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: I. Mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil M91/2011 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, se reconoció al ahora quejoso ********** como beneficiario de los derechos litigiosos del citado controvertido; por lo que, el veintiocho del mismo mes y año promovió un incidente de liquidación de intereses. II. Previo al dictado de la resolución del incidente de referencia, el once de octubre de dos mil diecisiete la autoridad responsable reconoció al licenciado ********** como apoderado legal de **********, parte perdedora en el citado juicio. III. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la responsable dictó a favor del quejoso sentencia interlocutoria, condenando a su contraparte al pago de intereses; sin embargo, el dos de febrero de dos mil dieciocho su contraria interpuso incidente de nulidad de actuaciones, alegando no haber sido debidamente notificado de la citada interlocutoria. IV. Seguido su cauce procesal, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones, declarándose la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete y ordenándose realizar nuevamente sus notificaciones. V. En consecuencia de la resolución de marras, la responsable mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ordenó notificar nuevamente la sentencia interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete a la contra parte del quejoso. VI. Inconforme con la emisión del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el once de junio del presente año, en el sentido de declarar mal admitido el mencionado recurso de revocación. (Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo). De lo anterior se advierte que la resolución de once de junio del año en curso que aquí se señala como acto reclamado, fue decretada como consecuencia natural y legal de la diversa resolución interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Se afirma lo anterior porque, aunque la determinación de once de junio de dos mil dieciocho -acto reclamado-, se dictó para resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintitrés de mayo del mismo año, este último fue emitido atendiendo a los fines de la resolución interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. De ahí que sea dable afirmar que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye la resolución interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, pues desde ese momento se pudieron haber trasgredido los derechos del quejoso, y no en el auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ni en la resolución de once de junio siguiente, al tratarse de determinaciones acaecidas como consecuencia de lo resuelto en la interlocutoria de diecisiete de abril del año en curso. Por tanto, si el quejoso no impugnó la interlocutoria de diecisiete de abril del año en curso que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones, ello implica que consintió dicho acto, de ahí que el proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, sea derivados de aquél que fue consentido, en virtud de que fueron emitidos con motivo de lo ya resuelto en la interlocutoria de marras, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación. Además que la resolución que constituye el acto en el presente juicio no se reclamó por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender de la serie de acontecimientos acaecidos a partir de la resolución de diecisiete de abril del año en curso. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO B) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el veintiocho de junio del año en curso, esto es: Aclara que el único acto que reclama en esta instancia constitucional es la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, que declara mal admitido el recurso de revocación que interpuso en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, determinación dictada por el Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil M91/2011 de su índice. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XXIII- de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia sustentada por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Como se desprende de lo anterior, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos derivados de otros consentidos, que son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Sobre el particular, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que para considerar que un acto es derivado de otro consentido, deben concurrir dos elementos: La existencia de un acto anterior consentido; y, La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado que narró el promovente del amparo bajo protesta de decir verdad, siendo los siguientes: I. Mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil M91/2011 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, se reconoció al ahora quejoso ********** como beneficiario de los derechos litigiosos del citado controvertido; por lo que, el veintiocho del mismo mes y año promovió un incidente de liquidación de intereses. II. Previo al dictado de la resolución del incidente de referencia, el once de octubre de dos mil diecisiete la autoridad responsable reconoció al licenciado ********** como apoderado legal de **********, parte perdedora en el citado juicio. III. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, la responsable dictó a favor del quejoso sentencia interlocutoria, condenando a su contraparte al pago de intereses; sin embargo, el dos de febrero de dos mil dieciocho su contraria interpuso incidente de nulidad de actuaciones, alegando no haber sido debidamente notificado de la citada interlocutoria. IV. Seguido su cauce procesal, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia interlocutoria en el incidente de nulidad de actuaciones, declarándose la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete y ordenándose realizar nuevamente sus notificaciones. V. En consecuencia de la resolución de marras, la responsable mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ordenó notificar nuevamente la sentencia interlocutoria de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete a la contra parte del quejoso. VI. Inconforme con la emisión del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el once de junio del presente año, en el sentido de declarar mal admitido el mencionado recurso de revocación. (Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo). De lo anterior se advierte que la resolución de once de junio del año en curso que aquí se señala como acto reclamado, fue decretada como consecuencia natural y legal de la diversa resolución interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Se afirma lo anterior porque, aunque la determinación de once de junio de dos mil dieciocho -acto reclamado-, se dictó para resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintitrés de mayo del mismo año, este último fue emitido atendiendo a los fines de la resolución interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil dieciocho. De ahí que sea dable afirmar que el acto de afectación primigenio y directo lo constituye la resolución interlocutoria de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, pues desde ese momento se pudieron haber trasgredido los derechos del quejoso, y no en el auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ni en la resolución de once de junio siguiente, al tratarse de determinaciones acaecidas como consecuencia de lo resuelto en la interlocutoria de diecisiete de abril del año en curso. Por tanto, si el quejoso no impugnó la interlocutoria de diecisiete de abril del año en curso que resolvió el incidente de nulidad de notificaciones, ello implica que consintió dicho acto, de ahí que el proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y la resolución de once de junio de dos mil dieciocho, sea derivados de aquél que fue consentido, en virtud de que fueron emitidos con motivo de lo ya resuelto en la interlocutoria de marras, razón por la cual en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada con antelación. Además que la resolución que constituye el acto en el presente juicio no se reclamó por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender de la serie de acontecimientos acaecidos a partir de la resolución de diecisiete de abril del año en curso. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA:Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 547/2018-II. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros perjudicados (interesados) no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. De igual forma, es necesario destacar que por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatorio de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En otras palabras, la expresión "acto u omisiones" prevista en el artículo 1 -fracción I-, de la legislación en consulta que reza: ".El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad."; recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición, hecho u omisión autoritario, concreto y particular. Es decir, debe entenderse por acto de autoridad cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión, en una ejecución o en una omisión o en todas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Pues bien, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado, señaló: "Del Juzgado Primero Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Guanajuato, la RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN de fecha 11 de Junio de 2018 del juicio ejecutivo mercantil del expediente No. M91/2011, consistente en la sentencia que resuelve el recurso de revocación que el suscrito interpuse contra el auto de fecha 23 de Mayo del 2018 ya que la autoridad declara que fue mal admitido el recurso interpuesto. Esto es a todas luces contrario a derecho toda vez que ninguna autoridad debe ir en contra de sus propias resoluciones, como lo señala jurisprudencia que hago mención más adelante." Sin embargo, de su antecedente número diez y su concepto de violación tercero, refiere lo siguiente: Antecedentes "10.- (.) Además de lo anterior, es de hacer notar, que existe una CLARA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO en el sentido de no revocar el auto que admite la apelación de mi contraria en el expediente M91/2011 radicado en el Juzgado Primero Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Guanajuato, toda vez que efectivamente EL TIEMPO PARA APELAR LA RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 YA LES HABIA PRECLUIDO, TODA VEZ QUE ELLOS SE HABIAN HECHO CONOCEDORES DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA MENCIONADA DESDE EL MOMENTO EN QUE PRESENTARON UN JUICIO DE NULIDAD ARGUMENTANDO LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA MISMA. Luego entonces me causa agravio y me deja en estado de indefensión que se le haya admitido también la Apelación de la multicitada sentencia interlocutoria de la cual ya se había precluido el término." CONCEPTOS DE VIOLACIÓN "TERCERO: Por ultimo me causa una Violación a mis garantías constitucionales que se admita a trámite una apelación a la sentencia interlocutoria de fecha 29 de Noviembre del 2017 cuando el termino para apelar la misma se venció en fecha 02 de febrero del 2018 al tener conocimiento de dicha resolución e incluso promovió un Incidente de Nulidad de Actuaciones y posteriormente también se admitió la apelación de fecha e, 14 de Junio del 2018 a pesar de las razones expuestas." Circunstancias que tornan obscuro e irregular su libelo constitucional, puesto que, no se tiene la certeza del acto o actos que pretende sean parte en esta instancia constitucional, esto es: La resolución de once de junio de dos mil dieciocho, que declara mal admitido el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. El proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho, que admite el recurso de apelación interpuesto por su contraparte en contra de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Ambas determinaciones dictadas por el Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ************* de su índice. Razón por la cual, el quejoso deberá aclarar si únicamente reclama el acto señalado en el inciso a, o también el acto citado en el inciso b de la presente; pues estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que las autoridades a quienes señaló como responsables no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegará a emitir no tendría ejecución sobre la cuestión efectivamente planteada. Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida por el amparista, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108 -fracción IV-, en relación con el 114 -fracción IV-, ambos de la ley de la materia, es prevenirlo, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con siete copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise y aclare los actos que pretende sean parte en esta instancia constitucional, conforme a los lineamientos precisados en la presente determinación. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si es el quejoso quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 -fracción V- de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase al promovente del amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, en virtud de no obrar sus cedulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 - fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 547/2018-II. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción IV, de la ley de la materia, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros perjudicados (interesados) no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. De igual forma, es necesario destacar que por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatorio de sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En otras palabras, la expresión "acto u omisiones" prevista en el artículo 1 -fracción I-, de la legislación en consulta que reza: ".El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad."; recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición, hecho u omisión autoritario, concreto y particular. Es decir, debe entenderse por acto de autoridad cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión, en una ejecución o en una omisión o en todas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Pues bien, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado, señaló: "Del Juzgado Primero Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Guanajuato, la RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN de fecha 11 de Junio de 2018 del juicio ejecutivo mercantil del expediente No. M91/2011, consistente en la sentencia que resuelve el recurso de revocación que el suscrito interpuse contra el auto de fecha 23 de Mayo del 2018 ya que la autoridad declara que fue mal admitido el recurso interpuesto. Esto es a todas luces contrario a derecho toda vez que ninguna autoridad debe ir en contra de sus propias resoluciones, como lo señala jurisprudencia que hago mención más adelante." Sin embargo, de su antecedente número diez y su concepto de violación tercero, refiere lo siguiente: Antecedentes "10.- (.) Además de lo anterior, es de hacer notar, que existe una CLARA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO en el sentido de no revocar el auto que admite la apelación de mi contraria en el expediente M91/2011 radicado en el Juzgado Primero Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Guanajuato, toda vez que efectivamente EL TIEMPO PARA APELAR LA RESOLUCIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 YA LES HABIA PRECLUIDO, TODA VEZ QUE ELLOS SE HABIAN HECHO CONOCEDORES DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA MENCIONADA DESDE EL MOMENTO EN QUE PRESENTARON UN JUICIO DE NULIDAD ARGUMENTANDO LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DE LA MISMA. Luego entonces me causa agravio y me deja en estado de indefensión que se le haya admitido también la Apelación de la multicitada sentencia interlocutoria de la cual ya se había precluido el término." CONCEPTOS DE VIOLACIÓN "TERCERO: Por ultimo me causa una Violación a mis garantías constitucionales que se admita a trámite una apelación a la sentencia interlocutoria de fecha 29 de Noviembre del 2017 cuando el termino para apelar la misma se venció en fecha 02 de febrero del 2018 al tener conocimiento de dicha resolución e incluso promovió un Incidente de Nulidad de Actuaciones y posteriormente también se admitió la apelación de fecha e, 14 de Junio del 2018 a pesar de las razones expuestas." Circunstancias que tornan obscuro e irregular su libelo constitucional, puesto que, no se tiene la certeza del acto o actos que pretende sean parte en esta instancia constitucional, esto es: La resolución de once de junio de dos mil dieciocho, que declara mal admitido el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. El proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho, que admite el recurso de apelación interpuesto por su contraparte en contra de la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Ambas determinaciones dictadas por el Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ************* de su índice. Razón por la cual, el quejoso deberá aclarar si únicamente reclama el acto señalado en el inciso a, o también el acto citado en el inciso b de la presente; pues estimarlo de otra manera podría generar diversos problemas como el que las autoridades a quienes señaló como responsables no rindan su informe correctamente y que la sentencia que se llegará a emitir no tendría ejecución sobre la cuestión efectivamente planteada. Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida por el amparista, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108 -fracción IV-, en relación con el 114 -fracción IV-, ambos de la ley de la materia, es prevenirlo, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con siete copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise y aclare los actos que pretende sean parte en esta instancia constitucional, conforme a los lineamientos precisados en la presente determinación. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si es el quejoso quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 -fracción V- de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, téngase al promovente del amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, en virtud de no obrar sus cedulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 - fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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