Gustavo Álvarez Vázquez

Expediente 575/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
575/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Gustavo Álvarez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio de cuenta que remite el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual, acusa recibo del diverso 9769/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó el proveído de diecinueve de julio pasado, y se le devolvieron los cuatro tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que no obra constancia de que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, con sede en Guanajuato, capital, haya recibido el oficio 9769/2021, que se le envió para notificarle el proveído de diecinueve de julio pasado, y devolverle los cuatro tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió; por tanto, atendiendo a que tal información es necesaria para integrar debidamente el presente expediente, con fundamento en el artículo 17 constitucional, en obvio de mayores dilaciones procesales, requiérasele a dicha autoridad para que de no tener inconveniente legal alguno, acuse recibo de la citada comunicación, es decir, precise la fecha en que la recibió; bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por el artículo 237 -fracción I- en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, y conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su complemento del día siguiente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Gustavo Álvarez Vázquez, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Por ser innecesaria su retención, devuélvase al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, con sede en Guanajuato, capital, los cuatro tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió. Se solicita acuse de recibo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, en particular las constancias adjuntadas por el quejoso a su escrito inicial de demanda, así como el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, con sede en Guanajuato, capital, y las constancias allegadas por el mismo como sustento, se obtiene que: El quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando: Los acuerdos de aseguramiento de inmueble, de tres de julio y veinte de agosto de dos mil veinte, dictados dentro de la carpeta de investigación 58029/2020 por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, residente en Guanajuato, capital, y respecto del inmueble sin número oficial visible, ubicado en camino vecinal de terracería que hace esquina al norte con la calle ************, de la comunidad de San José de Guanajuato, en el municipio de Celaya, Guanajuato, ubicado con las coordenadas de geo-localización: ************, el cual refiere de su propiedad. Asimismo, se aprecia que ante la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, residente en Guanajuato, capital, se lleva a cabo la integración de la carpeta de investigación 58029/2020, dentro de la cual, mediante entrevista de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se le hizo del conocimiento al quejoso **************, los aseguramientos decretados el tres de julio y veinte de agosto de dos mil veinte, antes citados. En relatadas condiciones, y en virtud de que la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio, debe decirse que en el caso en concreto el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis X.1o.1 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, materia penal, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". Tesis X.1o.1 P (10a.): ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar tales medios ordinarios de impugnación. Ello porque el referido principio de definitividad, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior, no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto, a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a elección de dicho gobernado determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna, lo que está reservado únicamente a los tribunales de control constitucional. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, lo que encuentra su justificación porque esa carencia impediría al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer el fundamento del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede cuando se atribuye infracción a la garantía de audiencia. Fuera de las dos hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que, de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, por una parte, porque no se trata de falta de fundamentación, como tampoco exclusivamente violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad con base en determinados preceptos legales; por otra, tal medio de impugnación permite al interesado expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Asimismo, por su parte la tesis X.1o.1 P (10a.), establece que, para la procedencia del juicio de amparo en los asuntos donde se reclame el aseguramiento de objetos por parte del Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación, debe previamente agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; ello, con la finalidad de poder garantizar los derechos humanos de los indiciados, victimas y ofendidos, tal y como lo establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, encuentra sentido, en razón de que dicho acto es considerado como aquellos que requieren de un control judicial inmediato, es decir, de aquellos que deben ser confrontado ante un Juez de Control, para que en una sola audiencia y con citación de las partes, se determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal. Lo que da lugar a que, a través de ese medio de impugnación se permita, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (una sola audiencia), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En relatadas condiciones, y como se estableció en párrafos que anteceden, el quejoso instó el presente juicio de amparo con la finalidad de que este órgano jurisdiccional analizara la constitucionalidad de los acuerdos de aseguramiento de inmueble de tres de julio y veinte de agosto de dos mil veinte, dictados en la carpeta de investigación 58029/2020, por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, residente en Guanajuato, capital, los cuales, fueron hechos de su conocimiento en entrevista de veintinueve de septiembre de la misma anualidad. Sin embargo, como previamente se señaló el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ofrece un medio ordinario de defensa, al establecer que: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la citada trascripción, así como del contenido de la tesis X.1o.1 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, materia penal, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES."; se puede observar claramente que, respecto de los aseguramientos reclamados, existe un medio de defensa ordinario, que puede revocarlos, modificarlos o nulificarlos; por lo que, el quejoso se encontraba obligado a agotar el medio de impugnación previsto en la legislación en comento, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Luego, si el quejoso pretende impugnar en la vía de amparo los actos de autoridad de que se habla, sin previamente agotar el medio ordinario de defensa que le permite revocar, modificar o nulificar, resulta inconcusa la improcedencia del presente juicio de amparo, al quedar incumplido el principio de definitividad que lo rige. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la actualización de la hipótesis contenida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la tesis X.1o.1 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, materia penal, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

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