Guillermo Torres Cobos
Expediente 697/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Guillermo Torres Cobos
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de diecinueve de julio del año en curso, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a) del acuerdo en cita, el presente expediente será susceptible de destrucción en un plazo de tres años; contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Administradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3", en representación de la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, dese vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que anexa, las que se admiten y se tienen por desahogados, dada su propia y especial naturaleza. De igual manera, se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Ahora bien de la lectura íntegra a las constancias que remitió la responsable como justificación a su informe, así como a las que se anexan al oficio de cuenta, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: a) De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la: Omisión por parte de la responsable de dar contestación a su ocurso de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. b) De acuerdo a las constancias remitidas por la Administradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Guanajuato "3", en representación de la Administración Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Guanajuato 3, con sede en esta ciudad, se desprende que mediante oficio 400 27 00 00 00 2022-3937 de siete de julio de dos mil veintidós, atendió la solicitud formulada por el impetrante mediante ocurso presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós y se le notificó el doce de julio de esta anualidad. Por tanto, es evidente que el acto tachado de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, que se tradujo en la omisión en dar respuesta a la solicitud presentada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *****************, por propio derecho, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guanajuato "3" de Celaya, Guanajuato; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 697/2022-I. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informe de inmediato y remita las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Se señalan las DIEZ HORAS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª/J.176/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la décima época, del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otra parte, no se soslaya que el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, señala que el desahogo de diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general; sin embargo, la fracción II del diverso numeral 5 del invocado acuerdo general, prevé que las audiencias constitucionales e incidentales puedan llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. De igual forma, de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo se advierte que en la audiencia constitucional sólo será necesaria la presencia de las partes para el desahogo de pruebas pendientes por desahogar (cuando lo requieran), ya que las pruebas pueden ofrecerse con anterioridad o hasta el día de la audiencia, salvo las que ameritan preparación, y los alegatos, que en su caso formulen las partes, deben ser por escrito. Luego, como en el presente asunto, hasta el momento, no se advierte prueba alguna que amerite desahogo posterior en la audiencia constitucional, se estima que no es necesario llevarla a cabo mediante videoconferencia, ya que el derecho fundamental de las partes de debido proceso de ofrecer pruebas y alegar, se colma con las pruebas que exhiban y los alegatos que presenten, tanto física como electrónicamente, salvo que exista solicitud expresa de alguna de las partes para que se celebre por videoconferencia. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Dese a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ******************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Respecto a la prueba documenta que oferta la parte quejosa, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados únicamente para tal efecto, así como para imponerse de los autos a las personas que refiere, por así haberlo solicitado. Ahora bien, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Hágase del conocimiento de las partes, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descargue del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. Se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado.
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