Guillermo Manriquez Garciglia

Expediente 1548/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1548/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Manriquez Garciglia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia dictada veintiséis de noviembre del año en curso (fojas 46 a 50); dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de cinco años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, devuélvanse en tres legajos a la autoridad responsable denominada Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por no ser necesarias en la presente litis constitucional, se solicita a la citada autoridad se sirva acusar el recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de siete de noviembre del año en curso (foja 318); en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la Secretaria de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución dictada en el presente juicio de amparo el veintiuno de julio de dos mil diecisiete (fojas 135 a 161), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".En esas condiciones, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, y siguiendo los lineamientos sostenidos por el órgano superior, al resolver el amparo en revisión 1/2016, relacionado con el juicio de amparo indirecto 782/2012, lo procedente es, conceder a la persona moral "Desarrollo Marina Vallarta", Sociedad Anónima de Capital Variable, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, en virtud de que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las cuales son el factor para calcular la base del tributo en análisis, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Ello, porque la base del impuesto no refleja el valor comercial o de mercado de los inmuebles; por ello, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, le devuelva a la quejosa la cantidad que como anticipo erogó con motivo del pago del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), que efectuó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, respecto del predio que se describe en la escritura pública número veintinueve mil tres, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (fojas 39 a 46). Por ende, los efectos de la protección constitucional abarcan en lo presente y en lo futuro, mientras no sea modificada la mecánica del tributo. (.) Asimismo, dicha concesión comprende a las autoridades denominadas Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, quienes participaron en la elaboración y autorización de las tablas declaradas inconstitucionales dentro del presente juicio de garantías. (.) Luego, y toda vez que, en tratándose de inconstitucionalidad de leyes reclamadas en amparo indirecto, el efecto de la sentencia que otorga la protección federal, consiste, -además- en dejar insubsistentes los actos de aplicación reclamados, e impedir que el dispositivo combatido pueda volverse a aplicar válidamente en perjuicio de la quejosa, es por lo que, se hace extensiva la concesión del amparo antes decretada a los actos reclamados, pues al haberse declarado inconstitucional los preceptos tildados inconstitucionales de la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, por lo que, es incuestionable que también lo serán éstos; por tanto, resulta innecesario abordar los motivos de disenso hechos valer por la gestionante del amparo, respecto a los mismos, ya que a nada práctico conduciría su estudio, cuando a la postre se han dejado sin efecto legal alguno.." Inconforme con lo anterior, las autoridades responsables Tesorero y Director de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con residencia en Valle de Banderas, por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes lo registraron con el número de amparo en revisión 981/2017 y, por ejecutoria de trece de septiembre de dos mil dieciocho, confirmaron la resolución recurrida y concedieron el amparo y protección federal a la parte quejosa. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Devolverle a la parte quejosa la cantidad que erogó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con motivo del anticipo que realizó del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), respecto del predio con cuenta predial R004750, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Así, en diverso auto de uno de octubre de dos mil dieciocho (foja 210), se requirió a las autoridades ejecutoras, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria en análisis. En consecuencia, a través del oficio sin número, recibido por la Oficialía de partes de este Juzgado Federal (fojas 311 a 317), el seis de noviembre de dos mil diecinueve, el Tesorero y Jefe del Departamento de Castro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, por conducto de su delegado, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, refirió haber llegado a un acuerdo conciliatorio con la parte quejosa, a fin de dar cumplimiento a las ejecutorias emitidas en todos los juicios de amparo promovidos por la aquí quejosa contra los mismos actos que se encontraban tramitados ante este órgano jurisdiccional, entre ellos, en el que se actúa (491/2017), así como en diversos tramitados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. En ese contexto, comunicó que emitió tres notas de crédito a favor de la parte quejosa, la primera de ellas, por un monto de $1,043.305.87 (un millón cuarenta y tres mil trescientos cinco pesos 87/100 moneda nacional); la segunda, por la cantidad de $861.038.90 (ochocientos sesenta y un mil treinta y ocho pesos 90/100 moneda nacional) y, la tercera, por la suma de $447,252.23 (cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 23/100 moneda nacional), numerarios que serían aplicados a licencias permisos y autorizaciones en materia de desarrollo urbano; luego, para acreditar su dicho, remitió copia certificada de las tres notas de crédito números uno, dos y tres, todas de veinticuatro de julio de la presente anualidad, suscritas por el Tesorero Municipal responsable, así como del acta de recepción de pago (nota de crédito), de esa misma data, en la que se hace constar la entrega recepción de dichos documentos, al apoderado legal Carlos Núñez Macías de la parte quejosa Desarrollo Marina Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien manifestó que recibe a su entera satisfacción el pago hecho por la responsable. En ese sentido, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo anterior se considera de esa forma, toda vez que si bien es cierto el amparo de mérito, se concedió para el efecto de que la autoridad exactora responsable reintegrara la cantidad que la empresa quejosa había erogado con motivo de la aplicación de la porción normativa, no menos lo es que dicho numerario no se reintegró de manera material, pero dicha circunstancia en nada impide tener por cumplida la citada ejecutoria, pues consta en autos la conformidad de la parte quejosa respecto que dicho importe se conmutara por las notas de crédito precisadas antelativamente, cuya entrega ya aconteció en la especie. Luego, al tratarse de una prestación de carácter pecuniaria, la parte quejosa puede disponer totalmente de dicha prerrogativa y pactar sobre la forma particular en que se satisface dicha devolución, ya que es la titular del derecho involucrado. De ahí que no habría razón para estimar incumplida la ejecutoria de amparo al constar la conformidad de la parte quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª. LI/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos veinte, Libro 7, Junio de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA ANTE EL DESISTIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE TRATE DE INTERESES PATRIMONIALES PREVIA RATIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).- Según el principio de prosecución judicial, el interés de los quejosos por dar vida y continuar con el juicio, así como con los procedimientos emanados dentro de éste, representa un aspecto necesario dentro del trámite del juicio de amparo hasta su resolución final, pues de lo contrario, no habría razón para emitir una sentencia o agotar las instancias procesales respectivas. De ahí que, si bien el orden público requiere del cumplimiento de las sentencias como respuesta a la eficacia de reparación de cualquier derecho humano violado, lo cierto es que cuando la concesión del amparo tenga por efecto que las autoridades responsables devuelvan las cantidades monetarias a que fueron condenadas por la autoridad jurisdiccional a través del juicio constitucional es procedente, previa ratificación de su voluntad ante el órgano jurisdiccional en el cual se encuentra radicado el incidente de inejecución de sentencia, que los beneficiados con la concesión del amparo desistan de su cumplimiento, pues ante tal manifestación y tratándose del pago de pesos, el perjuicio patrimonial sólo corresponde a ellos; de suerte que ya no subsiste la materia del incidente de inejecución y, por tanto, debe declararse sin materia, sin que esto implique que la autoridad haya cumplido, sino que se actualiza un presupuesto procesal que impide la continuación del procedimiento de ejecución, sin que pueda aplicárseles, en su caso, la norma declarada inconstitucional." Asimismo, la Jurisprudencia 2ª./J 113/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintitrés, Tomo XXVIII, Septiembre de dos mil dieciocho, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE DECLARAR SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXPIDIÓ UN CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES, EQUIVALENTE AL MONTO DE LOS TRIBUTOS QUE DEBÍAN REINTEGRARSE Y EL CONTRIBUYENTE LO ACEPTÓ.- El mencionado certificado expedido por las administraciones tributarias a favor de los contribuyentes puede emplearse para pagar las contribuciones locales que deban cubrirse ante la Tesorería del Distrito Federal. En ese sentido, si la sentencia de garantías vincula a la autoridad responsable a devolver al quejoso determinada cantidad de dinero y de autos se advierte que aquélla, en cumplimiento al fallo constitucional, expidió un certificado de devolución de contribuciones equivalente al monto de los tributos que debían reintegrarse y que el contribuyente lo aceptó, es evidente que el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia, pues tal circunstancia es idónea para considerar cumplida la ejecutoria de amparo." Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió por una parte y, por otra se negó, respecto de los actos reclamados (fojas 76 a 79, 90 a 93 y 102 a 106 respectivamente) del original del cuaderno incidental; razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este juzgado federal el once de septiembre del año en curso, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa (fojas 96 a 98). En relación con lo anterior, por acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 32 a 48), se determinó por un lado sobreseer en el presente sumario y por otro, conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] a) Los artículos 24, fracción XII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la quejosa con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, con número de referencia 00097006283A18903229, cuyo pago fue realizado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente. [.]." Inconforme con dicha resolución, el Director Jurídico de lo Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de las autoridades responsables denominadas Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, dependientes de dicha Secretaría, interpuso recurso de revisión contra la misma (fojas 55 a 62). Sin embargo, mediante ejecutoria terminada de engrosar el veinte de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio al Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, dentro del amparo en revisión administrativo 242/2019, determinó desechar el recurso de revisión interpuesto por las autoridades responsables (fojas 73 a 84), por lo que quedó firme la sentencia recurrida. Ante ello, se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 24, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen al peticionario de garantías en el presente ni en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolver la cantidad de $5,591.74 pesos, que con motivo de las contribuciones erogadas pagó el quejoso; asimismo, el referido monto debía ser actualizado en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado ante este Juzgado el once de septiembre de dos mil diecinueve, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque número 0001430, a nombre de la quejosa Sofía Panuco Rivera y del que se advierte que devolvió la cantidad de $5,627.94 pesos, que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata (fojas 96 a 98). Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $5,591.74 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diecisiete de enero de dos mil diecinueve y el nueve de septiembre del año en curso, se efectúo la devolución a la parte quejosa mediante cheque expedido a su favor. Por lo que el período de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil dieciocho al mes de julio de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.020; y para el mes de julio del año actual de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.006474. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $5,591.74 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $5,627.94 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $5,591.74 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $36.2 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $5,627.94 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un lado se sobreseyó y por otro se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por ****, en su carácter de autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en proveído de veintiuno de octubre del año en curso (fojas 34 y 35), donde se proveyó respecto a lo planteado en el libelo de cuenta. Sin que pase inadvertido que el comunicado de cuenta se encuentre dirigido a un diverso juicio de amparo, dado que de su contenido se aprecia que se dirige al presente sumario constitucional. Notifíquese.

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