Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Expediente 2371/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2371/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 09/07/2019
Partes del expediente
- Guillermo Huicot Rivas Álvarez
- GUILLERMO HUICOT RIVAS ÁLVAREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios y anexos signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 110 a 111 y 126 a 127), comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************. Asimismo, mediante proveído de veintiuno de junio de este año (foja 128), se dio vista a la parte quejosa, con los referidos oficios y anexos, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el veinticuatro de junio de este año (foja 129), el que surtió efectos al día hábil posterior; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió como se asentó en la certificación de cuenta, sin que en tal período la parte quejosa hiciera manifestaciones al respecto. Por consiguiente, este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora, por sentencia dictada el cuatro de enero de este año (fojas 42 a 52) y confirmada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 87 a 101), por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, en la cual se determinó conceder el amparo al quejoso ********************, en los términos siguientes: "a) Las autoridades responsables Gobernador, Congreso, ambos del Estado de Nayarit y Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los artículos 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. b) La autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberá dejar insubsistente el oficio reclamado ********************, y a su vez, emita uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señala el citado artículo 19, fracción I, inciso b) de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. Hecho lo anterior, se notifique en breve término al quejoso, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto de la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada por el amparista, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado.". De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los artículos 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstuvieran de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado; además, el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, debería dejar insubsistente el oficio reclamado ********************, y a su vez, emitir uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señala el citado artículo 19, fracción I, inciso b) de la citada ley, para el caso de las mujeres; por último, notificarle al quejoso dicha determinación. Luego, el quince de mayo de este año (fojas 102 y 103), al recibirse la ejecutoria por parte del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, se requirió por el cumplimiento a las responsables. Posteriormente, a través de diversos oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el veintiuno de mayo y veinte de junio de este año (fojas 110 a 111 y 126 a 127), el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, informó que se había desincorporado de la esfera jurídica del gobernado los artículos 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y exhibió la notificación correspondiente; posteriormente, la citada responsable hizo del conocimiento de este juzgado el nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio del quejoso, en el que se dio un trato igual que a la mujer y del que se advierte que fue notificado el diecinueve de junio de este año. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios y anexos signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 110 a 111 y 126 a 127), comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************. Asimismo, mediante proveído de veintiuno de junio de este año (foja 128), se dio vista a la parte quejosa, con los referidos oficios y anexos, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el veinticuatro de junio de este año (foja 129), el que surtió efectos al día hábil posterior; por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió como se asentó en la certificación de cuenta, sin que en tal período la parte quejosa hiciera manifestaciones al respecto. Por consiguiente, este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora, por sentencia dictada el cuatro de enero de este año (fojas 42 a 52) y confirmada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 87 a 101), por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, en la cual se determinó conceder el amparo al quejoso ********************, en los términos siguientes: "a) Las autoridades responsables Gobernador, Congreso, ambos del Estado de Nayarit y Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, todos con residencia en esta ciudad, desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los artículos 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. b) La autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberá dejar insubsistente el oficio reclamado ********************, y a su vez, emita uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señala el citado artículo 19, fracción I, inciso b) de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. Hecho lo anterior, se notifique en breve término al quejoso, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto de la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada por el amparista, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado.". De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los artículos 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstuvieran de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado; además, el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, debería dejar insubsistente el oficio reclamado ********************, y a su vez, emitir uno nuevo en el cual dé un trato igual al gobernado a aquel que señala el citado artículo 19, fracción I, inciso b) de la citada ley, para el caso de las mujeres; por último, notificarle al quejoso dicha determinación. Luego, el quince de mayo de este año (fojas 102 y 103), al recibirse la ejecutoria por parte del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, se requirió por el cumplimiento a las responsables. Posteriormente, a través de diversos oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal, el veintiuno de mayo y veinte de junio de este año (fojas 110 a 111 y 126 a 127), el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, informó que se había desincorporado de la esfera jurídica del gobernado los artículos 19, fracción I, inciso b), 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y exhibió la notificación correspondiente; posteriormente, la citada responsable hizo del conocimiento de este juzgado el nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio del quejoso, en el que se dio un trato igual que a la mujer y del que se advierte que fue notificado el diecinueve de junio de este año. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa, respecto del dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual el el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la sentencia de amparo, informa que se le ha notificado al quejoso el pre dictamen de pensión por retiro, edad y tiempo de servicios con efectos a partir del uno de julio de este año. En consecuencia, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a dicho ente, a fin de hacer del conocimiento que deberá estar informando a este Juzgado Federal, continuamente de las gestiones que se encuentra realizando, a fin dar cumplimiento al fallo protector y salvaguardar el derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, se hace del conocimiento de la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
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