Guillermo Guardado Saldaña
Expediente 1327/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 25 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 01/06/2018
Partes del expediente
- Guillermo Guardado Saldaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el por el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante el cual remite la transferencia electrónica realizada a la parte quejosa el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete en cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, agréguese a sus autos del oficio de cuenta y anexo para los efectos legales correspondientes, en la inteligencia que dicha transferencia ya obra dentro de los presentes autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el quince de febrero y el dieciocho de mayo, ambos de la presente anualidad (fojas 159 a 167 y 193 a 194), la autoridad responsable denominada Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de mayo del presente año (foja 195), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte promovente el veinticinco del referido mes y año (foja 198); por lo tanto, el término de tres días otorgado transcurrió para dicha parte del veintinueve al treinta y uno de mayo del año en curso, y en dicho lapso no se realizaron manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, por resolución dictada en el presente sumario de amparo el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 51 a 71), la cual fue confirmada por ejecutoria de diecinueve de abril del presente año, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (172 a 181), misma que se emitió en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder a Guillermo Guardado Saldaña, el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales numerales, en tanto no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva al peticionario de amparo la cantidad que resulte por descuento efectuado en los recibos de nómina a partir del quince de octubre de dos mil doce al treinta de junio de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables en el ámbito de su competencia, en restitución de la garantía violada, era desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete. Además, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo la cantidad que resultara por descuento efectuado en los recibos de nómina que allegó al presente juicio a partir del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Luego, mediante escrito presentado el quince de febrero del año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado federal (159 a 167), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, adjuntó un convenio celebrado de su parte con la parte quejosa, donde convivieron terminar el juicio de amparo 1327/2017, en lo referente a las retenciones realizadas de manera quincenal por concepto de fondo de pensiones "concepto 53", que realiza de manera quincenal la Dirección General del Fondo de Pensiones. Asimismo, en dicho convenio es establecieron las siguientes clausulas: "PRIMERA.- a la firma del presente instrumento, la parte "DEMANDADA", se obliga a realizar el depósito a la cuenta del QUEJOSO, número 5626483, clave 002560931756264834 a través de la institución bancaria Banamex la cantidad de $112,918.14 (ciento doce mil novecientos dieciocho pesos 14/100 m.n.) por concepto de devolución de las aportaciones al fondo de pensiones de manera quincenal se (sic) le venía haciendo, misma que comprende a partir de la primera quincena de agosto de 2014 a la primera quincena de agosto de 2017. SEGUNDO.- Por su parte "EL QUEJOSO", manifiesta estar de acuerdo a lo estipulado en el presente convenio, en los términos indicados en las cláusulas que anteceden. TERCERA.- Por lo anterior, "EL QUEJOSO", comparecerá ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a desistirse de todas y cada una de las acciones intentadas dentro del juicio de amparo indirecto número 1327/2017, interpuesta en contra del "DEMANDADO", no dejando pendiente ninguna acción o presentación pendiente por reclamar. Por lo que a la firma de este convenio, encontrándose en pleno uso de sus facultades mentales, así como, conociendo el contenido del mismo, de encuentra firmado sin coacción alguna." De la misma manera, por diverso oficio presentado el dieciocho de mayo del año en curso (foja 193) remitió copia certificada de la transferencia electrónica realizada a la parte quejosa el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, por la cantidad de $112,918.14 M.N. (ciento doce mil novecientos dieciocho pesos con catorce centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, conforme al transitorio tercero de la ley citada; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de unos actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el por el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante el cual remite la transferencia electrónica realizada a la parte quejosa el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete en cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, agréguese a sus autos del oficio de cuenta y anexo para los efectos legales correspondientes, en la inteligencia que dicha transferencia ya obra dentro de los presentes autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el quince de febrero y el dieciocho de mayo, ambos de la presente anualidad (fojas 159 a 167 y 193 a 194), la autoridad responsable denominada Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, residente en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de mayo del presente año (foja 195), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte promovente el veinticinco del referido mes y año (foja 198); por lo tanto, el término de tres días otorgado transcurrió para dicha parte del veintinueve al treinta y uno de mayo del año en curso, y en dicho lapso no se realizaron manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, por resolución dictada en el presente sumario de amparo el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 51 a 71), la cual fue confirmada por ejecutoria de diecinueve de abril del presente año, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito (172 a 181), misma que se emitió en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder a Guillermo Guardado Saldaña, el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales numerales, en tanto no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva al peticionario de amparo la cantidad que resulte por descuento efectuado en los recibos de nómina a partir del quince de octubre de dos mil doce al treinta de junio de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables en el ámbito de su competencia, en restitución de la garantía violada, era desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete. Además, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo la cantidad que resultara por descuento efectuado en los recibos de nómina que allegó al presente juicio a partir del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Luego, mediante escrito presentado el quince de febrero del año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado federal (159 a 167), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, adjuntó un convenio celebrado de su parte con la parte quejosa, donde convivieron terminar el juicio de amparo 1327/2017, en lo referente a las retenciones realizadas de manera quincenal por concepto de fondo de pensiones "concepto 53", que realiza de manera quincenal la Dirección General del Fondo de Pensiones. Asimismo, en dicho convenio es establecieron las siguientes clausulas: "PRIMERA.- a la firma del presente instrumento, la parte "DEMANDADA", se obliga a realizar el depósito a la cuenta del QUEJOSO, número 5626483, clave 002560931756264834 a través de la institución bancaria Banamex la cantidad de $112,918.14 (ciento doce mil novecientos dieciocho pesos 14/100 m.n.) por concepto de devolución de las aportaciones al fondo de pensiones de manera quincenal se (sic) le venía haciendo, misma que comprende a partir de la primera quincena de agosto de 2014 a la primera quincena de agosto de 2017. SEGUNDO.- Por su parte "EL QUEJOSO", manifiesta estar de acuerdo a lo estipulado en el presente convenio, en los términos indicados en las cláusulas que anteceden. TERCERA.- Por lo anterior, "EL QUEJOSO", comparecerá ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a desistirse de todas y cada una de las acciones intentadas dentro del juicio de amparo indirecto número 1327/2017, interpuesta en contra del "DEMANDADO", no dejando pendiente ninguna acción o presentación pendiente por reclamar. Por lo que a la firma de este convenio, encontrándose en pleno uso de sus facultades mentales, así como, conociendo el contenido del mismo, de encuentra firmado sin coacción alguna." De la misma manera, por diverso oficio presentado el dieciocho de mayo del año en curso (foja 193) remitió copia certificada de la transferencia electrónica realizada a la parte quejosa el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, por la cantidad de $112,918.14 M.N. (ciento doce mil novecientos dieciocho pesos con catorce centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, conforme al transitorio tercero de la ley citada; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de unos actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo, a través del cual informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo, a través del cual informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.
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