Guillermo Labrada Cocolán
Expediente 902/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guillermo Labrada Cocolán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA. Culiacán, Sinaloa, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Guillermo Labrada Cocolan, para los efectos siguientes: La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria esta sentencia debe dejar sin efecto las diez horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; para lo cual, debe fijar fecha para la celebración de la audiencia de ley si bien no dentro del plazo fatal de quince días, al menos debe ser en plazo razonable antes de la indicada. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente de la Junta responsable remitió el oficio 1093-A, al que anexó copia certificada de la audiencia especial de once de diciembre de dos mil veinte, en la que el aquí quejoso se desistió de la demanda, acciones y prestaciones, contenidas en el escrito inicial de demanda presentado en ese tribunal el diecisiete de agosto del mismo año; virtud que se le pagó todas las prestaciones a que tenia derecho durante la vigencia de la relación laboral; por lo que se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al haberse desistido el quejoso de la demanda de origen, toda vez que le fueron cubiertas las prestaciones a que tenía derecho durante la relación laboral; la Junta responsable ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido; motivo por el cual, dejó de existir materia para el cumplimiento de la presente sentencia; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Expediente que no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Para efectos de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que soliciten la devolución de los documentos originales que, en su caso, hayan exhibido, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo señalado por los puntos décimo primero y vigésimo segundo del acuerdo general conjunto de referencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, al que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo anexa copia certificada de diversas constancias. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a las partes para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora. Notifíquese personalmente.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computados; para lo cual, deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Apercibida que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su respectiva consignación. En la inteligencia que el amparo y protección se concedió para el efecto de que: En consideración de la etapa procedimental del juicio laboral 8-1459/2020, la concesión de amparo se otorga para efectos que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria esta sentencia debe dejar sin efecto las diez horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; para lo cual, debe fijar fecha para la celebración de la audiencia de ley si bien no dentro del plazo fatal de quince días, al menos debe ser en plazo razonable antes de la indicada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio, notificación a las partes y pruebas documentales. El Juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por la autoridad responsable y la parte quejosa. El Juez acuerda: Se admite dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que la parte quejosa no formuló alegatos y la Agente del Ministerio Público adscrita presentó alegato ministerial. El Juez acuerda: Téngase por presentado el alegato ministerial, sin más que relacionar, se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 902/2020. TRÁMITE PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en tres de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Guillermo Labrada Cocolan solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión. En proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte se admitió la demanda de amparo, se ordenó solicitar informe justificado a la autoridad responsable, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclama acto con ejecución en esta ciudad, donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Autoridad responsable y acto reclamado. La parte quejosa reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: - Señalar fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fuera de término de ley. - Las dilaciones subsecuentes que se den en el trámite del juicio laboral 8-1459/2020. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Junta responsable, lo que se desprende del análisis de su informe justificado (fojas 28 a 32); y de las constancias que remitió la Junta en apoyo a éste. CUARTO. Causa de improcedencia. En relación con las dilaciones subsecuentes que se den en el trámite del juicio laboral, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. De la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario de ambos preceptos se puede advertir que cuando la sentencia concesoria de amparo no pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, a fin de restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, entonces debe considerarse que el juicio de garantías es improcedente, pues el juicio de amparo debe tener siempre finalidad práctica y no ser medio para realizar actividad meramente especulativa. Es ilustrativa la Jurisprudencia P./J. 90/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, página nueve, registro 197245 cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. El motivo de improcedencia antes destacado se actualiza en el caso concreto en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función de la acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Esa tesis está publicada en la página 732, libro 1, diciembre de dos mil trece, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2005150, de rubro y texto siguientes: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la responsable a que, por un lado, realice las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, toda vez que, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, y no a las etapas subsecuentes del mismo; por lo cual no sería posible obligar a la responsable, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. En ese contexto, las consideraciones antes apuntadas evidencian la actualización de imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo, toda vez que a las responsables no se le puede vincular de manera genérica a que prosiga con la substanciación de juicio laboral, según lo expuesto en línea precedentes; por tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia antes apuntada En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIlI y 77, fracción ll, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede a sobreseer en el presente juicio de amparo por cuanto hace al referido acto reclamado y autoridad. QUINTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación por cuanto hace al señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fuera del término de ley, dentro del expediente 8-1459/2020. De conformidad con el artículo 17 Constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; el numeral en cita consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuya finalidad es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia las controversias que se les presenten. Así, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dispone obligación a las Juntas de Conciliación en señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda; acuerdo que debe notificarse de manera personal a las partes con diez días de anticipación a la audiencia, cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. En el caso concreto, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral de origen realizó las siguientes actuaciones: El diecisiete de agosto de dos mil veinte se presentó demanda laboral (de acuerdo con lo manifestado por el quejoso), la que se radicó el diecinueve siguiente bajo expediente 8-1459/2020; se fijó el dos de junio de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 33 a 37 del tomo de prueba). Bajo ese panorama, la fecha para la celebración de la audiencia conciliación, demanda y excepciones, excede del plazo previsto por la Ley Federal del Trabajo, pues se señaló para dentro de ocho meses después. De lo señalado se aprecia que la Junta responsable han trasgredido lo dispuesto en el artículo 17 constitucional y en diverso numeral de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que se advierte haber fijado las diez horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia bifásica, lo que se encuentra fuera de lo previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. No se desatienden las excesivas cargas de trabajo de los Tribunales Laborales; empero, también es excesivo que se fije una fecha para el desahogo de la audiencia de ley con exceso de ocho meses a lo previsto por la norma laboral. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Guillermo Labrada Cocolan. SEXTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración de la etapa procedimental del juicio laboral 8-1459/2020, la concesión de amparo se otorga para efectos que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, una vez que cause ejecutoria esta sentencia debe dejar sin efecto las diez horas con treinta minutos del dos de junio de dos mil veintiuno para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; para lo cual, debe fijar fecha para la celebración de la audiencia de ley si bien no dentro del plazo fatal de quince días, al menos debe ser en plazo razonable antes de la indicada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio contra el acto y autoridad precisada en el punto cuarto del apartado de resolución de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Guillermo Labrada Cocolan, contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, por los motivos y para los efectos señalados en los puntos quinto y sexto del apartado resolución de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
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