Gumaro López Lara
Expediente 201/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gumaro López Lara
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, catorce de marzo de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Gumaro López Lera. II. Formación del expediente. Fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. Acto reclamado. La orden de traslado del Centro Penitenciario Aguaruto, con sede en esta localidad y su ejecución. III. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el presente caso, resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] De esta disposición se obtiene, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Por su parte, contra las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), Registro digital: 2023736, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513, señaló lo siguiente: ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo. Bajo tal premisa, se obtiene que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro de procedimiento; por tanto, antes de promover juicio de amparo en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al no haberlo hecho así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. Sin que sea obstáculo la jurisprudencia citada por la parte quejosa en su demanda de amparo de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO RECLAMADA A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, POR LO QUE EL JUEZ DEBE ADMITIRLA, pues la misma fue superada por la jurisprudencia 1a./J. 27/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trascrita párrafos supra. IV. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); lo cual les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones vía electrónica. De conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el acceso otorgado a las partes, sus representantes o autorizados para consultar los expedientes electrónicos no implica permiso para notificarles electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o hayan solicitado el acceso al expediente electrónico, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es indispensable que soliciten expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. V. Presencia en el órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que la parte interesada deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ, donde aparecen las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, este Juzgado de Distrito generará la cita correspondiente cuando requiera la presencia física de alguna de las partes o de personas persona diversa, para el desahogo de algún requerimiento o para participar en alguna diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo- VI. Copias. Se autoriza la expedición de copias a costa de parte interesada, así como el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que requieran del presente expediente, siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o sobre los cuales deba guardarse sigilo. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que está en este edificio sede, virtud que en términos de lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020 el horario y personal que puede acceder a este órgano jurisdiccional es limitado. VII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. VIII. Instrucción a los actuarios. Se instruye a la actuaria o actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este juicio deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que está en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitarlo vía telefónica a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, para lo cual debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, la actuaria o el actuario deberá entregar los oficios de manera física cuando las autoridades estén dentro de la residencia de este juzgado; así como enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. Dadas las medidas de protección establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye los actuarios que en caso de llevar a cabo la notificación de oficios de manera física, así como al realizar notificaciones personales a las demás partes, deberá observar de manera estricta el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF. VIII. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario que autoriza y da fe.
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