Guillermo Carranza Torrontegui

Expediente 86/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
86/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Carranza Torrontegui

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Actuario Judicial Adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, mediante el cual devuelve el expediente principal del juicio de amparo 86/2017, promovido por Jorge Alberto Ramos Gaspar, representante de Productos Chata, Sociedad Anónima de Capital Variable; María Concepción Peña González, representante de Cristales Crinamex, Sociedad Anónima de Capital Variable; Roger Molina Moya, representante de Productos Tampico, Sociedad Anónima de Capital Variable; Manuel Díaz Echavarria, representante de Díaz Salazar y Asociados, Sociedad Civil y Guillermo Carranza Torrontegui, este por propio derecho, así como la resolución emitida en el amparo en revisión 484/2017. Así entonces, de la resolución dictada por el órgano revisor se advierte lo siguiente: PRIMERO. FIRME parte no impugnada. SEGUNDO. En la materia de revisión, se REVOCA la sentencia recurrida. TERCERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Productos Chata; Cristales Crinamex; Productos Tampico, todas Sociedad Anónima de Capital Variable, al igual que Díaz Salazar y Asociados, Sociedad Civil, por lo que hace al acto reclamado consistente en el Decreto 12, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el trece de diciembre de dos mil dieciséis, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 del Pacto Federal. CUARTO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a las personas morales Productos Chata; Cristales Crinamex; Productos Tampico, todas Sociedad Anónima de Capital Variable, al igual que Díaz Salazar y Asociados, Sociedad Civil, respecto a los actos reclamados al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Sinaloa, consistente en el Decreto 14, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año 2017, particularmente su artículo 1º, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el trece de diciembre de dos mil dieciséis; y, el Decreto 62, mediante el cual se reforma el artículo 18 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, publicado en el citado órgano de difusión, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, en virtud que el fallo anterior fue emitido por la superioridad y contra el mismo no procede recurso alguno, éste causa ejecutoria por ministerio de ley. Por tanto, remítase el acuse de recibo correspondiente vía electrónica y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes relativo y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente si es de valor jurídico pero no de relevancia documental. En atención a que obra en este expediente documento original que la parte agraviada allegó con su demanda de amparo; por tanto, se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de noventa días legalmente computado para que acuda a recogerlo, apercibida que de no hacerlo dicho documento correrá la suerte del presente sumario constitucional, en términos de lo señalado en el punto décimo primero del referido acuerdo general conjunto. Por último, remítase al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, las constancias allegadas, las cuales ya no son de utilidad en este asunto.

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